El Instituto de Previsión Social (IPS) ya comenzó a pagar sus deudas existentes con proveedores farmacéuticos, desembolsando inicialmente alrededor de G. 200 mil millones, de acuerdo a José Urizar, gerente financiero de la previsional. El monto de la deuda que posee la institución ronda actualmente los G. 1,8 billones.
“Estamos trabajando para llegar a un nivel de desembolso que supere los G. 300 mil millones. También nos encontramos en tratativas para pagar por servicios tercerizados como las comidas, la limpieza, estudio de diagnóstico y otros”, informó en comunicación con la 650 AM el gerente financiero del IPS.
El inicio del pago de la deuda se realiza a través de unos créditos aprobados para la previsional, que no son más que el propio dinero del IPS desembolsado en entidades bancarias. Los préstamos fueron aprobados por un contrato a sola firma, con una tasa de interés que alcanza los 12,5%, cuando la previsional había colocado ese dinero a una tasa del 6%.
“Con el pago que estaremos desembolsando lo que hacemos es contar con una brecha de tiempo para analizar las soluciones sobre lo relacionado al sistema de beneficios del fondo de enfermedades y maternidad del IPS, cumpliendo también en cierta medida con las obligaciones acumuladas con los proveedores para evitar que el servicio se resienta”, dijo Urizar, admitiendo también que esto no significa que el problema queda solucionado de manera total.
Impacto de nuevos préstamos
El exgerente de Prestaciones Económicas del IPS Pedro Halley había manifestado que los préstamos aprobados, aparte de resultar contradictorios porque son el propio dinero colocado por el IPS, impactarán negativamente en la capacidad de atención de seguro de salud, quedando así sumamente deteriorada.
“El bicicleteo en el cual se entra es terrible, mientras que el garante siempre es el fondo de pensiones, recortando de manera consecuente la vida útil de estos fondos; en este punto, no se debe olvidar que la sostenibilidad de la base de jubilaciones no está tan lejos de su punto de quiebre porque solo va hasta 2038”, aseveró para La Nación/Nación Media.
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IPS exoneró millonarias multas a firma ligada a familiares de Abdo
Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.
Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccionamiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.
Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Administración perdonó estas obligaciones a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a percibir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilidades de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que aprovechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional verificó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posteriormente la suma de G. 1.891 millones, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.
Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, privando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestaciones médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.
ACUERDOS
Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el compromiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exoneración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que versaban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con ningún punto del acuerdo homologado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno anterior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millones a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo anterior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recursos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los derechos de los asegurados con regalías que constituyen un saqueo a la previsional.
HONORARIOS
Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial utilizada como revancha mediática del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurídico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el propio Consorcio realizó propuestas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fueron rechazadas por no ser convenientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asumir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma propuesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abonado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y considerando todo el regateo a la previsional para esquivar deudas históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?
Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecutados conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca campaña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Benítez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.
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MEF impulsa jornadas abiertas sobre ahorro, crédito y protección al consumidor
En el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) organizará este martes 10 de marzo una jornada de charlas virtuales orientadas a fortalecer el conocimiento financiero de funcionarios públicos y de la ciudadanía en general.
La actividad busca promover mejores decisiones económicas personales, en un contexto donde la inclusión financiera y el acceso responsable al crédito ganan cada vez más relevancia para el desarrollo económico.
La iniciativa es impulsada por el MEF y se enmarca en lo establecido por el Decreto N.° 6765/17, que institucionaliza esta semana de actividades orientadas a promover la educación financiera en el país. Según la cartera económica, las charlas se desarrollarán en tres horarios: 11:00, 15:00 y 17:00, con acceso abierto para el público interesado.
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La primera exposición, prevista para las 11:00, se titula “Decisiones financieras a lo largo de la vida: hábitos que construyen bienestar”. En este espacio se abordarán temas vinculados a la formalización financiera temprana, el acceso inicial al sistema financiero y la importancia del ahorro. También se analizarán las diferencias entre ahorro formal e informal, los riesgos asociados a cada modalidad y el uso de herramientas digitales como medios de pago, seguridad financiera y construcción del historial crediticio.
Posteriormente, a las 15:00, se desarrollará la charla “Seguros, ahorro y protección al consumidor”, enfocada en el rol de los seguros y del ahorro como pilares de la estabilidad financiera. Asimismo, se tratarán aspectos relacionados con la protección del consumidor financiero y las buenas prácticas para la gestión responsable de productos financieros.
La jornada cerrará a las 17:00 con la exposición “Financiamiento de proyectos: crédito y metas”, en la que se analizará el acceso al crédito como herramienta para alcanzar objetivos personales o familiares. En este segmento se abordarán temas como los distintos tipos de crédito disponibles, la evaluación de la capacidad de pago, los riesgos del sobreendeudamiento y las prácticas recomendadas para el uso responsable del financiamiento.
Desde el MEF señalaron que esta edición de la Semana Nacional de Educación Financiera contará con el apoyo técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Banco Nacional de Fomento (BNF), en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay (INAPP), con el objetivo de ampliar el alcance de la formación financiera en el sector público y en la ciudadanía.
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Financiamiento y capacitación fortalecen el liderazgo económico de las mujeres paraguayas
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) busca consolidar en los próximos años una estrategia integral que combine financiamiento, asistencia técnica y acceso a mercados para potenciar el desarrollo económico de las mujeres rurales, consideradas hoy uno de los motores más dinámicos de la economía territorial.
En conversación con La Nación/Nación Media, Amanda León, presidenta del CAH, explicó que el objetivo de la institución es que el crédito no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta que permita a las emprendedoras rurales generar ventas sostenibles y consolidar negocios duraderos.
Integrar a las productoras a cadenas de valor
Uno de los ejes centrales de la estrategia es facilitar la inserción de las productoras en cadenas de valor, evitando la dependencia de intermediarios y permitiendo que capturen mayor rentabilidad.
En ese sentido, León destacó el producto Jepytaso, que busca integrar a las mujeres rurales al programa estatal de alimentación escolar, permitiendo que provean directamente alimentos dentro de sus propias comunidades.
La iniciativa se complementa con programas como Jajapo Porã, que ofrece espacios equipados para que las productoras puedan procesar su materia prima y agregar valor a sus productos.
Educación financiera y bancarización
El CAH también impulsa programas de educación financiera orientados a fortalecer las capacidades de gestión de las emprendedoras rurales.
Actualmente, más de 24.300 mujeres fueron capacitadas en administración financiera, ahorro y planificación de sus negocios.
Desde la institución destacan que muchas beneficiarias ya no ven el crédito únicamente como una ayuda, sino como una inversión para mejorar el bienestar de sus familias y ampliar sus actividades productivas.
Este proceso también permitió avanzar en la inclusión financiera, ya que el 98 % de las clientas del CAH ya operan de forma bancarizada.
Créditos diseñados para mujeres rurales
La institución desarrolló una serie de productos financieros adaptados a las distintas etapas del crecimiento de los emprendimientos liderados por mujeres.
Entre ellos se encuentra Mujer Emprendedora, orientado a jefas de hogar que acceden por primera vez a un crédito formal, y Kuña Ñamombarete, diseñado para negocios que buscan expandirse.
Este último cuenta con el respaldo del FOGAMU, un fondo de garantía que permite acceder a financiamiento incluso sin contar con un título de propiedad como garantía.
Crédito basado en confianza
León resaltó que la falta de formalización nunca fue una barrera para acceder a financiamiento dentro de la institución.
Según explicó, el 99 % de los créditos del CAH se otorgan a sola firma, basándose en la confianza y en la capacidad de gestión de las beneficiarias.
No obstante, el objetivo institucional es incentivar gradualmente la formalización, ofreciendo mejores condiciones de financiamiento , como tasas más competitivas y plazos más amplios a quienes formalizan sus actividades.
Mujeres ganan protagonismo en la economía rural
Actualmente, el 37 % de las fincas con manejo individual en Paraguay son gestionadas por mujeres, mientras que el 66 % de las mipymes del país cuentan con liderazgo femenino.
Para responder a esta realidad, el CAH mantiene presencia territorial a través de 82 sucursales distribuidas en todo el país, lo que permite llegar a zonas donde el sistema financiero tradicional tiene menor cobertura.
Financiamiento y articulación institucional
De cara al futuro, la institución busca fortalecer el financiamiento destinado a mujeres rurales y profundizar el trabajo articulado con otras entidades públicas.
León señaló que en 2025 el 41 % de los desembolsos del CAH fueron destinados a mujeres, quienes además presentan niveles de morosidad muy bajos.
“El impacto real se logra cuando todas las instituciones trabajan como un solo bloque para que la emprendedora tenga acceso simultáneo al financiamiento, a la capacitación y a los canales de comercialización”, concluyó.
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Caso Braulio Vázquez: IPS apunta a negligencia médica
El consejero de Instituto de Previsión Social (IPS), Víctor Insfrán, opinó que en el caso Braulio Vázquez puede hablarse incluso de negligencia médica y operativa. Anunció que el martes que viene analizarán en el Consejo la auditoría de la Superintendencia de Salud que será comparada con una auditoría interna de la previsional.
“Estoy enterado que llegó el informe a la institución y se va a alzar ahora a Gobernanza, que para nosotros significa recibir todos los consejeros para su tratamiento el día martes que tenemos sesión”, expresó en declaraciones a la 1080 AM.
Dijo, asimismo, que de confirmarse irregularidades, se ordenará un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
Si el Consejo tiene responsabilidad, los consejeros deberían renunciar, afirmó. “Me enteré de algunos puntos por la prensa, y nuestra posición es revisar puntualmente todos los informes y una vez que tengamos, tanto la auditoría interna y de la Superintendencia de Salud, nosotros vamos a tomar la decisión de disponer un sumario administrativo a fin de deslindar todas las responsabilidades”, acotó.
Añadió que luego, el caso será derivado a la instancia correspondiente de acuerdo a los alcances de la medida. “Si el Consejo tiene responsabilidad, no tiene otro camino que renunciar. En caso de que un paciente tenga código verde significa que no hay ningún apuro, que puede esperar. Pero una persona infartada, definitivamente, no puede”, subrayó el directivo.
En esos casos, debe entrar inmediatamente a un código rojo de atención prioritaria, manifestó. “El personal médico o de enfermería de urgencia que le recibió a este paciente, determinado con código verde, teniendo un infarto, definitivamente hay un error profesional garrafal”, apuntó.
La Superintendencia de Salud investigó durante un mes las causas que rodearon a la muerte de Braulio Vázquez el pasado 28 de enero en el Hospital Central del IPS. Los familiares denunciaron que gastaron casi G. 11 millones y que hubo retrasos en la cirugía para el cateterismo.
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