Bruno Balmelli señaló que de comprobarse que hubo varias urnas cargadas con votos en este proceso electoral se tiene que ver quiénes eran los miembros responsables de esas mesas de votación y deben ser sancionados. Foto: Eduardo Velázquez.
“Cargar urnas es lo mismo que robar un banco, el infractor debe ser sancionado”, sostiene Bruno Balmelli
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El doctor y exprecandidato a vicepresidente de la República Bruno Balmelli sostuvo a través de sus redes sociales que es indignante pretender normalizar o aceptar la carga de las urnas electorales con votos fraudulentos en Paraguay. Al respecto, enfatizó que cargar las urnas con votos irregulares es lo mismo que robar un banco, por lo que sostuvo que el que cometió o permitió que se cometan los fraudes electorales debe ser sancionado.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el doctor Balmelli señaló que de llegar a comprobarse que hubo varias urnas cargadas con votos en este proceso electoral que se dio el 18 de diciembre, lo importante será que se vea quiénes eran los miembros responsables de esas mesas de votación y de confirmarse un fraude electoral en esa mesa deben ser sancionadas esas personas, en primer lugar.
“El hecho de cargar las urnas con votos de personas que no fueron a votar es un delito tan grave como el de robar un banco. Entonces, cuando la gente te dice que en Paraguay en un proceso eleccionario, ya sea en unas internas partidarias o unas elecciones generales, el aprovecharse de que no esté presente un veedor o un miembro de la mesa del otro partido y proceden a cargar las urnas con votos de personas que no vinieron a sufragar, y te insisten que eso es normal, realmente eso es indignante”, sostuvo.
El exprecandidato sostuvo además que son estos pensamientos las primeras cosas que se deben cambiar, el querer normalizar el fraude en el país. Insistió que la honestidad comienza con unas elecciones transparentes. No obstante, Balmelli aclaró que no responsabiliza a ningún candidato sobre el fraude electoral, pero sí exige que se apliquen sanciones a los miembros de mesa que permitieron o realizaron un fraude electoral, si es que realmente se comprueba.
“Si nosotros dejamos impune un delito electoral, como esta situación, entonces va a darle mayor razón a que la gente crea que esto es normal. De una vez por todas debemos cambiar nuestro país, ya sea de adentro del Gobierno o de afuera”, enfatizó.
Asimismo, remarcó que si bien se pueden dar los fraudes electorales, considera que no está bien pensar que eso es normal y peor aún que quede impune sin que los responsables sean sancionados. “La responsabilidad ahora está sobre el Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico y de la Concertación Nacional, porque son ellos los que deberán evidenciar si hubo o no fraude y además castigar a los responsables, eso dará mayor transparencia y legitimidad al proceso”, acotó.
El paraguayo Óscar Romero del Botafogo fue separado del plantel por cuestiones disciplinarias, a horas de un partido clave por Copa Libertadores ante Universitario mañana.
En las últimas horas, el prestigioso medio Globo Esporte reveló el supuesto motivo por el que el paraguayo fue separado, lo mismo que su compañero, el uruguayo Diego Hernández.
“Diego Hernández y Óscar Romero, quienes comparten habitación en la concentración, rompieron el acuerdo. La dupla extranjera llevó mujeres al hotel”, explica el portal digital.
En entrevista con la 1080 AM, el paraguayo rompió el silencio y aseguró que se mostró sorprendido por la determinación que tomó la directiva junto al cuerpo técnico, informó Versus/ Nación Media.
“El club tomó la decisión que regrese a Río, la verdad que hubo un problema de convi-vencia en la concentración, se sacan las cosas de contexto y ahora mi familia está afec-tada. Aclaro que el club tomó la decisión, pasaron cosas en una concentración que no deberían suceder. Hay que acatarlo y estar listo para estar a disposición”, explicó el jugador, desmintiendo la ver-sión de los medios brasileños. Por último, señaló que espera resolver lo más pronto posi-ble este tema. “Se especula mucho con el término indis-ciplina, creo que se podía manejar de otra manera el tema, pero hay que acatarlo. A mí me informaron la deci-sión de volver a Río y quedé sorprendido, quizás cuando regresen los dirigentes y cuerpo técnico hablaremos y vamos a resolver”, concluyó el futbolista.
LA VERSIÓN DEL CLUB
“Botafogo informa que por motivos disciplinarios los atletas Romero y Diego Hernández no continuarán con la delegación de Fortaleza a Lima, donde Botafogo enfrentará a Universitario, el jueves (16), en la Conmebol Libertadores. Ambos regresan a Río y realizarán actividades separadas en los próximos días”, informó el club brasileño. Mientras que el diario Globo.com publicó que los dos jugadores metieron mujeres en la concentración, lo que desembocó en la separación de los futbolistas.
El senador colorado Basilio Núñez indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa. Foto: Archivo
Sanción de ley contra nepotismo debería darse en mayo, dice Núñez
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El senador Basilio Núñez informó que ha iniciado conversaciones con sus colegas de otras bancadas para dar tratamiento al proyecto de ley contra nepotismo que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados. El legislador indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa.
“El tratamiento no debería pasar mayo, ya estamos llegando este mes, entonces las comisiones se deben mover”, manifestó el líder de la bancada de Honor Colorado en conversación con varios medios de prensa. Al respecto, mencionó que planteó propuestas a sus pares a modo de avanzar en una legislación que es necesaria para sancionar el nepotismo y sobre el cual existen tres proyectos.
“Estaba comentando con el senador Eduardo Nakayama de aprovechar que ya hay una media sanción de Diputados, entonces podemos ver con los colegas y hacer la modificación respectiva si es necesaria y si estamos de acuerdo, damos media sanción con modificaciones, eso vuelve a Diputados, ahí ellos vuelven a aprobar y así la ley ya es enviada al presidente de la República”, explicó.
Expulsión a Vallejo
Asimismo, Núñez afirmó que no corresponde el planteamiento de pérdida de investidura para la diputada Rocío Vallejo, cuya hija se encuentra como comisionada en la misión paraguaya ante la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
“No corresponde la pérdida de investidura en este caso de la diputada Rocío Vallejo teniendo en cuenta nuestra legislación. No es tráfico de influencias, no corresponde la de Rocío ni la de otros de acuerdo a nuestra legislación actual, amenazar a cualquier parlamentario con el ‘cháke’ con una ley que no establece eso sería totalmente fuera de lugar. No va a pasar”, aseveró.
No obstante, el senador mencionó que el tráfico de influencia y los casos de nepotismo son hechos que trascienden al Partido Colorado dado que hubo denuncias de dichos hechos en diferentes organizaciones políticas, por lo cual el Congreso tiene la obligación de establecer una legislación que sancione y tipifique estos actos.
En la propia Seprelad funcionaba la oficina paralela montada para fraguar y filtrar información con el fin de perseguir enemigos políticos del abdismo.FOTO: ARCHIVO
Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
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La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
Esta fecha es clave, 1 de abril de 2022, tres meses antes de las designaciones, la Seprelad remite a FinCEN (oficina del Tesoro de EE. UU.) copia del “informe espontáneo” generado por la institución con informaciones parciales y fraguadas
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores han presentado, hasta el momento, dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial.
La Sala Penal está integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia debe expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
Luis María Benítez Riera ha emitido su voto y faltaría la decisión de los demás magistrados para finalmente destrabar la causa. Ahora, el expediente se encuentra en el gabinete del ministro Diesel y por último deberá pronunciarse Ramírez Candia.
No se descarta la posibilidad de que ambos magistrados ya se expidan sobre el caso en el transcurso de este lunes. Si esto se concreta en la fecha, ya se destrabaría parcialmente la causa contra el exmandatario y su gavilla por la filtración de información de inteligencia.
El abogado Felino Amarilla, representante del extitular de Seprelad Carlos Arregui, uno de los imputados en la causa que pesa contra Abdo, fue quien presentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, lo cual está pendiente de resolución.
El Ministerio Público había imputado al expresidente, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.