Miles de trabajadores marcharon este miércoles en el centro de la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que evalúa decretar un estado de excepción para contener las protestas que empezaron hace cinco semanas.

“¿Qué queremos? ¡Renuncia!”, gritaban los campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas que avanzaron por las calles de La Paz, sede del gobierno, entre el ruido de petardos.

Los manifestantes rechazan las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

“Algunos quieren vender, destrozar al país. Y como bolivianos verdaderos no los vamos a dejar”, dijo a la AFP Omar Hancco, minero de 44 años de Oruro (sur), que viajó más de 380 kilómetros para protestar.

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Vestidos con ponchos, algunos usando cascos, los huelguistas intentaron llegar a la plaza de armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, pero fueron fácilmente dispersados por policías antimotines con gases lacrimógenos.

Paz, con siete meses en el poder, denunció el lunes que las protestas que piden su dimisión son impulsadas por “narcoterroristas” y promulgó una ley que le permite ahora declarar un estado de excepción.

Con esa medida se restringirían las libertades de reunión y movimiento, claves para protestar, y las fuerzas armadas podrían apoyar a los policías en la desactivación de decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país.

En La Paz y la vecina El Alto se agudiza la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. Los precios de carnes y vegetales se duplicaron en los mercados y algunos conductores duermen en sus vehículos en las filas de las gasolineras.

Según el gobierno, el daño económico causado por los bloqueos es de más de 1.200 millones de dólares. Los principales sindicatos en protesta han rechazado los llamados al diálogo del gobierno.

• Fuente: AFP

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El Presidente de la República, Santiago Peña, encabezó la entrega de nuevos equipos médicos de alta complejidad para el Instituto Nacional de Cardiología “Prof. Dr. Juan A. Cattoni” – Hospital San Jorge, una inversión impulsada a través de la Itaipú Binacional que permitirá fortalecer la atención cardiovascular especializada dentro del sistema público de salud.

Acompañaron la actividad la Primera Dama de la Nación, Leticia Ocampos; la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán; el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún; autoridades sanitarias, profesionales de la salud e invitados especiales.

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La incorporación de esta tecnología marca un avance significativo para uno de los principales centros de referencia cardiovascular del país, que durante más de una década no había recibido una renovación de equipamientos de esta magnitud.

Entre los nuevos equipamientos se encuentra un angiógrafo monoplanar de última generación, que permitirá realizar procedimientos altamente especializados como cateterismos cardíacos, implantes de marcapasos, estudios electrofisiológicos y tratamientos de arritmias con mayor precisión.

Asimismo, se incorporó una nueva máquina de circulación extracorpórea destinada a cirugías cardíacas de alta complejidad, fortaleciendo la capacidad quirúrgica del hospital y contribuyendo a mejorar los resultados clínicos de los pacientes.

La inversión incluye además un equipo de rayos X, Arco en C, que proporcionará imágenes de alta definición en tiempo real durante procedimientos cardiovasculares y vasculares, facilitando intervenciones más precisas y menos invasivas.

Las autoridades estiman que estos equipos permitirán beneficiar diariamente a pacientes ambulatorios e internados, ampliando la capacidad de atención a unas 12 personas por día, alrededor de 60 por semana y cerca de 240 por mes.

La necesidad de seguir fortaleciendo la atención cardiovascular se refleja en la alta demanda que registra el Instituto Nacional de Cardiología. Solo durante abril fueron atendidas 4.443 personas, de las cuales 2.907 correspondieron a consultas ambulatorias y 1.536 a servicios de urgencia.

Durante el mismo período se realizaron 2.130 estudios diagnósticos especializados y 118 intervenciones quirúrgicas, consolidando al centro asistencial como una de las principales referencias para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares en el país.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó que cada inversión en equipamiento representa una apuesta concreta por la vida y por el fortalecimiento de los servicios especializados para la población.

“Estos nuevos equipos ya se encuentran operativos y permitirán ampliar la realización de procedimientos cardiológicos, aumentando la capacidad de respuesta del hospital ante la creciente demanda de atención especializada", comentó.

Asimismo, resaltó que la implementación de la nueva tecnología contó con el acompañamiento de expertos internacionales, garantizando su puesta en funcionamiento y la capacitación correspondiente.

“La entrega de estos equipos forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno del Paraguay para fortalecer los servicios de alta complejidad, ampliar el acceso a diagnósticos oportunos y mejorar la calidad de atención en el sistema público de salud", acotó la ministra.

Con esta inversión, el Instituto Nacional de Cardiología incorpora herramientas fundamentales para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de morbimortalidad en el país, reafirmando el compromiso del Gobierno con una salud pública más moderna, eficiente y cercana a las necesidades de los paraguayos.

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De enero a mayo de este año, Itaipú Binacional transfirió USD 205 millones al Estado paraguayo, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado. Los desembolsos corresponden a royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

De acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera de la Entidad, en los primeros cinco meses de 2026, el Tesoro paraguayo recibió USD 109 millones por royalties, mientras que USD 55 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la Ande percibió USD 41 millones en carácter de resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital.

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Destacan que en lo que corresponde solo a las transferencias realizadas en mayo, los royalties totalizaron USD 22 millones y la compensación por cesión de energía alcanzó unos USD 10 millones. Por su parte, la compañía eléctrica registró un ingreso de USD 8 millones por resarcimiento y utilidades. De esta manera, durante el quinto mes del presente ejercicio, Itaipú destinó poco más de USD 40 millones a las arcas nacionales.

Mencionan que una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.

En tanto, que en el caso específico de la compensación por cesión de energía, detallan que los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones.

Asimismo, precisan que los pagos a la Ande le permiten a la compañía eléctrica tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

El infome oficial detalla que además de mantener un óptimo desempeño en la generación de energía, Itaipú sigue honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros, lo que significa una inyección económica fundamental para el Estado. Estos recursos son fundamentales para que gobernaciones, municipios y la empresa estatal puedan llevar adelante sus correspondientes obras en beneficio de los pobladores.

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“Esto ha sido una herencia más, una falta de criterio y compromiso absoluto, buscando quién sabe qué tipo de privilegios en su momento para firmar estos contratos”, dijo la titular del MOPC.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, explicó que los carteles en Ciudad del Este, que la semana pasada mostraron imágenes ofensi­vas, provienen de una irregu­lar concesión del usufructo de la franja de dominio que se realizó en junio del 2021 bajo la gestión del exminis­tro abdista Arnoldo Wiens, sin licitación y con canon cero en perjuicio del Estado, mediante un contrato pri­vado firmado en una escriba­nía con la empresa Fast Print.

“Esto ha sido una herencia más, una falta de criterio y compromiso absoluto, bus­cando quién sabe qué tipo de privilegios en su momento para firmar estos contratos y ceder el usufructo de algo que es imposible ceder, porque la ley le respalda y le obliga la MOPC al cuidado de la franja de dominio”, indicó la minis­tra, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM.

La ministra también negó que, en el caso de los carteles en Ciudad el Este, el MOPC haya autorizado la instala­ción de las estructuras, afir­mando que se encontraban en la vía pública con autori­zación de la municipalidad esteña. El 29 de mayo, las pantallas digitales exhibie­ron una imagen creada con la figura del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el futbolista albirrojo Gustavo Gómez, mezclando política y fútbol para denigrar al país.

Tras la revelación del con­venio suscrito en el 2021, en el periodo de Arnoldo Wiens en el MOPC, se dio a conocer ahora el acta nota­rial en la que se distribuyen los porcentajes de ganancia entre los socios de la empresa Fast Print, en que aparecería Francisco Arístides Clerch Almada, un cercano al exmi­nistro y actual precandidato a concejal municipal de Ciudad del Este por el movimiento Colorado Añetete, que lidera Mario Abdo Benítez. La firma que explotaba la cartelería es Fast Print, representada por Ceferino Antonio Díaz, fue habilitada en 2021 para la instalación, mantenimiento y administración de panta­llas LED y carteles publicita­rios en el corredor de acceso a Ciudad del Este, además de la gestión de equipos, software y limpieza del área intervenida.

De acuerdo con un acta nota­rial conocida recién ahora, la distribución de benefi­cios establecía que el 40 % de las ganancias correspon­día a José Armando Fuentes, mientras que el 20 % era asig­nado a Clerch Almada, quien no figura como propietario de la empresa, pero sí como beneficiario de los ingresos.

“No hay absolutamente nin­guna autorización del MOPC a estos carteles que están colocados, todos, absoluta­mente todos son irregulares. Lo que sucede en el municipio es otra circunstancia. Escu­ché las declaraciones de la presidenta de la Junta Muni­cipal de Ciudad del Este res­ponsabilizando al MOPC de la cartelería, cuando tengo todas las facturas y los tri­butos que los dueños de los carteles le pagaban al muni­cipio”, indicó Centurión.

“Nosotros rechazamos con­tundentemente y no autorizamos absolutamente nin­guna colocación y aquellos que tienen luminaria, son porque tienen las patentes municipales y tienen los per­misos municipales”, ratificó la ministra de Obras.

El contrato de concesión con esta empresa en particular se rescindió tras el cambio de gobierno, sin embargo, el MOCP enfrentó varias accio­nes judiciales de las empre­sas, con amparos judiciales en algunos casos, para no retirar los carteles. Igualmente, la mayoría de las cartelerías en la vía pública se encuentran en la misma situación.

corresponden y violando la ley de tránsito, la Ley del MOPC y la actuación que tenemos sobre la franja de dominio de todas las rutas nacionales y las departamentales. Se revoca­ron cada una de las concesio­nes y una vez quedando firme esta decisión se procedió al retiro de los carteles en varios puntos”, detalló la ministra.

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