La empresaria Dalia López mostraba cercanía con el expresidente Mario Abdo Benítez en actividades y actos públicos. También con otras autoridades de su gobierno.

En un video divulgado en setiembre del 2019, que posteriormente fue eliminado de una plataforma de streaming de video y transmisión en directo, se puede observar a Abdo llegando a una de las actividades promovidas por López.

Se trató de la inauguración de un centro de asistencia médica a través de una de sus fundaciones. En el material audiovisual puede observarse a Abdo llegando acompañado de algunos miembros de su gabinete, como el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

La empresaria los recibía con algarabías y abrazos, y agradecía la gestión del presidente para con la fundación.

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Dalia no solo mostraba cercanía con el gobierno de Abdo Benítez, sino que también aparecía como proveedora del Estado en esa época a través de su firma Permanent Oriental Holding S.A., firma que figuraba en el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con la categoría de empresa de pasajes y transportes, muebles y enseres, equipos, accesorios y programas computacionales.

Sin embargo, no consta ningún producto, servicios ni adjudicaciones de la misma en la DNCP.

Las apariciones de la empresaria no solo se dieron durante actos oficiales del gobierno de Abdo, sino también durante actos políticos en el marco de la campaña electoral del sector abdista.

En el 2020 Dalia López tomó notoriedad por la llegada del exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira, “Ronaldinho Gaúcho”, a Paraguay de la mano de la fundación “Fraternidad Angelical” para impulsar el lanzamiento de un emprendimiento social denominado “Móvil de la salud de las niñas y niños” y de un libro biográfico del exfutbolista, “Genio en la vida”.

A partir de allí se convirtió en una de las personas más buscadas del país tras destaparse el escándalo por las cédulas de identidad paraguaya otorgadas al exjugador y su hermano para ingresar al país. Ronanldinho y su hermano fueron a prisión, mientras que Dalia desapareció por seis años.

Tras desaparecer, también existió la sospecha de una protección de ese gobierno para ocultar a la empresaria.

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

El candidato a intendente de Asunción por la lista 2 del movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, continúa con una intensa agenda con visitas a seccionales, barrios y encuentros con dirigentes de la capital. Este sábado 14 de marzo, a las 9:00, tiene prevista una caminata en el barrio Jara, zona de la Seccional n.° 32 (Santiago y Enrique Solano López), acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y otros referentes partidarios.

En cada recorrido, el candidato expone sus propuestas para transformar la ciudad, al tiempo de escuchar a las bases coloradas, reencontrarse con amigos y conocer de primera mano las necesidades de los distintos sectores de Asunción.

Pérez reiteró que su candidatura responde al deseo de impulsar cambios estructurales en la ciudad: “No dejé mi zona de confort para venir a improvisar o a macanear. Estoy convencido de que Asunción necesita un cambio profundo”.

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Entre sus propuestas mencionó la adquisición de plantas asfálticas para triplicar la capacidad de bacheo, la reorganización del sistema de limpieza urbana y la creación de una Policía Municipal, denominada de “Cercanía”, inspirada en modelos de ciudades como Medellín, Bogotá y Londres.

También aseguró que su administración estará basada en la transparencia y la comunicación permanente con la ciudadanía. “La gente quiere saber dónde va su dinero. En nuestro gobierno vamos a comunicar todo, desde la mañana hasta que termine el día”, sostuvo.

El candidato convocó a la dirigencia colorada a acompañar su proyecto político para la capital. “Asunción necesita volver a ser una ciudad ordenada, limpia y segura. Con trabajo y compromiso lo vamos a lograr. No voy a defraudar la confianza que hoy me están dando”, concluyó.

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• Por Benjamín Livieres
• Analista político de NM

Los ataques sistemáticos del grupo Abc al gobierno de Santiago Peña y al cartismo, sobre el tema que fuere, tienen como único objetivo instalar la idea de que “estamos peor”, lo que implicaría que “con Mario Abdo estábamos mejor”, algo que ni los mejores sofistas –ausentes en sus filas– podrían sostener algunos segundos.

Ese es un camino con inconvenientes para sus fines, pues no lograrían más que hacer el ridículo. Los registros dan cuenta del retroceso económico y social durante la gestión anterior, así como de los cerca de 20.000 muertos por falta de vacunas en pandemia, además de los casos penales por enriquecimiento ilícito y lavado que se le siguen al expresidente, y por haber utilizado las instituciones del Estado para borrar del mapa a Horacio Cartes, a los que se suma un rosario de ilícitos en diversas reparticiones.

Tampoco es capaz de rebatir los indicadores económicos –claramente positivos en esta gestión–, que la inversión en programas sociales es la mayor de todos los tiempos o que el país ha ganado posiciones en la consideración internacional; aparte de mantener la estabilidad política en los últimos 30 meses, un don muy preciado en la convulsionada Sudamérica.

¿Entonces, qué hace Abc Color? Se monta sobre algunos hechos puntuales, verdaderos o inventados, para atacar “el todo”, para descalificar la gestión de gobierno en su conjunto y socavar las bases de sus programas más relevantes, en el afán de producirle el mayor desgaste político que le sea posible.

Este es el caso de la campaña que despliegan los medios del Grupo Zuccolillo sobre la politización del programa Hambre Cero, que no apunta a enmendar errores y desarrollarlo, sino a destruirlo. Así, las denuncias sobre malos manejos en ciertas gobernaciones, que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta prácticas de chantajes laborales para respaldar tal o cual candidatura, no tienen como centro la investigación de los hechos denunciados y que se apliquen las medidas pertinentes, sino la invalidación absoluta del proyecto.

Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero sería redundante. Estamos ante el “relato” de un poderoso grupo mediático que defiende sus intereses corporativos sin la menor ética ni escrúpulos, con el fin de acabar con aquellos a quienes considera enemigos, los “cartistas malvados”.

Dicho esto, la respuesta a estos ataques de los que está siendo objeto Hambre Cero no puede ser, simplemente, que “todo es falso”, que “las gobernaciones ni inciden en los contratos laborales” y sus titulares, sin excepción, ya tienen reservado un lugar en el paraíso. No es minimizando los problemas, ni menos desconociéndolos, como se fortalecerán los programas y proyectos en curso, sino al revés, actuando sobre ellos y rectificando lo que deba rectificarse, en esas y otras áreas en donde los problemas de gestión resultan notorios. Y comunicar bien. Claro, para eso el Gobierno debería contar con su propio “relato” y responder las cuestiones de estratégicas, no la montaña de acusaciones que recibe a diario.

Como criterio general, es siempre importante separar la paja del trigo. Hay críticas que se ajustan a la realidad, pero no por eso invalidan, ni mucho menos, programas de tanta trascendencia. No porque exista paja en el trigal, se considera una plantación de pura paja, como transmite Abc en todas sus páginas, al no diferenciar –intencionalmente– lo uno de lo otro.