Para la recepción de estas denuncias o alertas, la unidad habilitó varios medios donde la ciudadanía en general puede acceder de manera anónima y confidencial, que son de manera presencial y a través de un correo electrónico. Foto: Archivo.
Ciudadanos pueden realizar denuncias anónimas sobre incumplimiento del FP
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La Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informó que cualquier ciudadano podrá alertar a esta dependencia sobre posibles violaciones a la ley del financiamiento político por parte de candidatos o de agrupaciones políticas. La unidad garantiza que estas denuncias serán de manera totalmente confidencial, y las denuncias o alertas serán recepcionadas por la misma para que posteriormente puedan ser investigadas.
Para la recepción de estas denuncias o alertas, la unidad habilitó varios medios donde la ciudadanía en general puede acceder, de manera anónima y confidencial, que son de manera presencial, en la central de la Justicia Electoral, en la oficina de la Unidad de Fiscalización de Financiamiento Político.
Igualmente, se está habilitado el medio informático a través del correo electrónico unidadfiscalizacion@tsje.gov.py, con esto cualquier persona que tenga informaciones podrá enviar por escrito o con materiales visuales, cualquier tipo de denuncias. La dependencia insistió en que las alertas informadas, a través de este medio, también serán estrictamente confidenciales.
Desde la Justicia Electoral informaron que el marco de las funciones establecidas por la Ley Nº 6501/20, como también las reglamentarias dispuestas por la Seprelad y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, estas comunicaciones (que no revisten el carácter de una denuncia), se constituyen en indicios que coadyuvan en el control del financiamiento político en las jornadas eleccionarias. Esto en el marco de las elecciones internas partidarias simultáneas de este domingo 18 de diciembre.
Por otra parte, el director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, recordó que ante aquellos que cometan alguna infracción al control que se establece sobre la Ley de Financiamiento Político, serán los miembros del Tribunal Electoral Independiente (TEI) de cada partido político, quienes deberán sancionar a los infractores de esta ley.
“Se exige en primer lugar una declaración de ingresos y egresos de las campañas y después de los 40 días posteriores a las elecciones todos deben presentar informe detallado de todo lo ingresado y todo lo gastado. Luego el TEI debe presentar un informe detallado de las sanciones que impartieron a los candidatos que incumplieron de forma parcial o total, estos informes se obtienen 40 días después de las internas y 60 días después de las generales”, aclaró el funcionario electoral.
Cambian a jefes de Investigaciones tras denuncias por secuestro y extorsión
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Ciudad del Este. Agencia Regional
Las dos denuncias últimas sobre el actuar del personal del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná, derivaron en el cambio de los jefes de la citada unidad. El comisario principal José Delgado y el comisario Hugo Sosa, asumieron hoy como jefe y subjefe, respectivamente de la repartición policial, siendo apartados del cargo los comisarios Javier Maldonado y Francisco Talavera.
El comisario general inspector Marcelino Espinoza, director del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, fue el que realizo el traspaso de los cargos y reconoció que los cambios obedecen a los hechos punibles denunciados.
“Para que no se pueda truncar una investigación, el jefe y el subjefe fueron apartados quedando en reemplazo dos profesionales capaces de llevar adelante en forma conjunta la investigación con la Fiscalía”, refirió.
Asimismo, sostuvo que “el comando institucional ha creído conveniente apartarlos al jefe y al subjefe, a raíz de las denuncias ya divulgadas, de las cuales una de ellas ya tomó cuerpo, ya que en estos momentos hay cinco agentes declarando en el Ministerio para deslindar responsabilidades”.
Se refería a los cinco policías con detención preventiva e imputados por la fiscal Zunilda Ocampos, por privación de libertad y extorsión agravada. Fueron denunciados por haber retenido por cuatro horas a dos adultos y una menor para ser extorsionados con el pago de dinero a cambio de la libertad. Se habría pagado 30 mil dólares para que dejen libre a los raptados.
El comisario Espinoza informó que Asuntos Internos de la Policía Nacional envió personal a Alto Paraná para trabajar en forma coordinada con el Ministerio Público para que, de comprobarse los hechos investigados, sean apartados de la fila policial.
La otra causa está a cargo del fiscal Alcides Giménez y tiene que ver también con secuestro y extorsión. En este caso, el agente fiscal refirió que aún no tiene identificado a los supuestos responsables y una vez avanzadas las diligencias podrá llegar a los supuestos responsables.
El nuevo jefe de Investigación, estuvo en Canindeyú y ya pasó por otras dependencias como Homicidios y Crimen Organizado.
Comando de Honor Colorado evaluó la propuesta de reforma electoral que tiene media sanción en el Congreso y que próximamente será estudiado por el Senado. Foto: Gentileza
Comando de Honor Colorado analizó propuesta de reforma electoral y destaca campaña de afiliación
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El comando de Honor Colorado mantuvo su reunión mensual en la que analizaron varios temas, entre los que se encontraban la reforma electoral en relación con el proyecto de Ley de Financiamiento político, que próximamente será estudiado en la Cámara de Senadores. Además, resaltaron el éxito de la afiliación digital al Partido Colorado, que está recibiendo una importante cantidad de solicitudes.
Del encuentro encabezado por el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, también participaron los miembros del Ejecutivo incluyendo al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana,ministros y legisladores de ambas cámaras. La mesa de trabajo no estuvo plenamente integrada teniendo en cuenta que varios de sus miembros se encuentran de viaje.
Al respecto, el director de Gabinete de la ANR, Eduardo González, comentó a La Nación/Nación Media, que esta reunión es de rutina y se desarrolla de manera mensual.
Indicó que uno de los temas principales tratados tiene que ver con la reforma electoral, con la propuesta de modificación de la Ley de Financiamiento Político, la cual busca mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.
El mencionado proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de Diputados, está ahora en instancia de la Cámara de Senadores. Es una respuesta a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.
Exitosa campaña de afiliación
Por otra parte, el doctor González resaltó el trabajo que realiza la dirigencia partidaria en todo el país, que está llevando adelante una exitosa campaña de afiliación tanto por la vía convencional como también con el uso del sistema de afiliación digital, que están recibiendo una importante cantidad de solicitudes.
El director de Gabinete de la AN reconoció que los encargados del sistema no esperaban tanta repercusión al poco tiempo de que el sistema quedara operativo. “Todos los que entran por ese sistema y los tradicionales, podrán participar de las elecciones internas municipales del próximo año. Están a tiempo”, remarcó.
Hospital distrital de Santa Rita. Familiares reclamaron por excesiva tardanza en atención a mujer gestante con muerte fetal. El MSP investiga al hospital por otro reciente caso. Foto: Gentileza
Siguen los reclamos por atención en el Hospital de Santa Rita
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Hospital Distrital de Santa Rita está en la mira. El Ministerio de Salud Pública lleva adelante un sumario a cuatro funcionarios del citado hospital, ante denuncia de supuestamente haberse negado atención a una mujer gestante, Yésica Aguilera, cuyo hijo nació en otro hospital y falleció en cuidados intensivos.
En ese contexto, surgió otro reclamo: mucha tardanza para que una mujer de 40 años, de 37 semanas de gestación, con muerte fetal, sea sometida a cesárea. La misma ya estaba con 24 horas de muerte de su hijo y su familia no entendía por qué tardaba tanto la cirugía para sacar al feto, poniendo en riesgo a la madre.
El esposo de la mujer declaró su preocupación al sitio Santa Rita News. La mujer se presentó ayer al hospital después de haberse dado cuenta de que no sentía movimiento en su vientre.
A las 19:00 se procedió a la intervención quirúrgica de la mujer y el feto le fue entregado a la familia. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media, por el doctor Federico Schrodel, director de la región sanitaria.
Manifestó que se debieron hacer estudios a la mujer para confirmar la muerte fetal y una vez constatada, “se procedió a preparar a la paciente para el procedimiento a seguir, no se trata de llegar y ya se le practica la cesárea, está en riesgo la madre”.
Mencionó que acudió ayer hasta el hospital y el personal de salud a cargo explicó a los familiares lo sucedido y sobre los pasos seguidos, quedando conformes los mismos.
La mujer reside en el barrio Santa Inés de Santa Rita y se realizó siete controles prenatales, antes de llegar al día de ayer en que le confirmaron que el niño había fallecido, cuando estaba a punto de nacer.
El Hospital de Santa Rita está siendo investigado por el Ministerio de Salud Pública que inició sumario a cuatro funcionarios, entre médicos y enfermería. La causa es la no atención a una mujer gestante, también de 37 semanas, porque la misma es asegurada del IPS. Ocurrió el jueves 29 de mayo. Fue al hospital de María Auxiliadora, Itapúa, el niño nació y pasó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde falleció.
Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
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Juan Marcelo Pereira
juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto,en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este. Foto: Gentileza
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
Las transferencias económicas para la realización de ollas populares sirvieron como esquemas para el supuesto desvío del dinero de los contribuyentes esteños. Foto: Gentileza
Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Las obras viales sobrefacturadas también figuran en el listado de supuestos hechos de corrupción atribuidos a Miguel Prieto. Foto: Gentileza
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Elvio Mareco Barrientos, conocido operador político del intendente Miguel Prieto, quien resultó favorecido con millonarias licitaciones por la municipalidad de Ciudad del Este. Foto: Gentileza
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
En las facturas presentadas por SCDE aparece el mismo número que el local nocturno Golden Rouge Night Club utilizaba para recibir reservas. En las facturas la firma sigue declarando que se dedica también a la venta de bebidas alcohólicas. Foto: Gentileza
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66.De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.
Miguel Prieto y seis concejales que fungen como sus aliados políticos fueron denunciados por nepotismo. Foto: Gentileza