Por falta de votos necesarios para rechazar la objeción total del Ejecutivo al proyecto de ley que pretende otorgar el 100% de deducción sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Cámara de Diputados terminó aceptando el veto del presidente de la República, pasando ahora al Senado para su consecuente trámite constitucional.
Diversos estamentos del país anunciaron estar en contra de la propuesta legislativa, argumentando que la misma generaría más complicaciones financieras para el país. Desde el Colegio de Contadores del Paraguay destacaron que la deducción del 100% del IVA para los productos de la canasta básica afectará los recaudos fiscales en US$ 100 millones anuales.
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Desde la nucleación también refirieron que los impactos incluso alcanzarían al Presupuesto General de la Nación (PGN), afectando el área presupuestaria. Consecuentemente, las distribuciones de los diferentes entes públicos también se vería afectada en cierta medida, por lo que en lugar de apelar al 100% de la deducibilidad del IVA se debería tener en cuenta otros recaudos y alternativas.
Por su parte, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, señaló que el proyecto de ley viola el principio de igualdad porque solo un sector podrá deducir la totalidad de estas compras y otros sectores contribuyentes no podrán hacerlo. Por ello, remarcaron que la propuesta legislativa solo terminaría siendo beneficiosa exclusivamente para un grupo poblacional, dejando de lado a otros sectores sociales.
La propuesta tenía por objeto ampliar el alcance en lo referente al IVA en los servicios personales y profesionales, mediante la modificación y ampliación de la ley. Además, se permitiría la introducción de las facturas de supermercados, tiendas, restaurantes, rubros como alimentación, aseo personal, mantenimiento del hogar, medicamentos del contribuyente para su uso y el de su familia, entre otros, dentro de la liquidación del mencionado impuesto.
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Diputados presentan propuesta para marco legal sobre ciberseguridad en Paraguay
Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.
La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.
De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.
Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.
Instituciones de Ciberseguridad
De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).
Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.
El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.
El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.
La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.
El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.
Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.
Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.
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CGR entregó informe de gestión al Congreso: más de USD 160 millones de indicios de hechos punibles
En cumplimiento al mandato constitucional, el contralor general de la República, Camilo Benítez, entrego este lunes al presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez, el informe de gestión anual de la Contraloría General.
En conferencia de prensa, el contralor Benítez explicó que este documento contiene todas las actividades de control que han llevado adelante el año pasado. Todas las auditorías financieras, tanto de cumplimientos, fiscalizaciones especiales, los exámenes de correspondencias, como reportes de indicios de hechos punibles con millonarios montos afectados.
“Los reportes de indicios de hechos punibles arrojan una cifra que no es menor, más de 160 millones de dólares, que ya fueron remitidos al Ministerio Público”, precisó.
Agregó que el informe entregado explica además la nueva capacidad que tiene la CGR después de haberse promulgado la Ley de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.
“La Contraloría siempre ha tenido y sigue teniendo un aspecto represivo contra la corrupción. Pero, hoy cuenta también con otros aspectos, que tienen que ver con la prevención de la corrupción, promoviendo la cultura de integridad, transparencia y de rendición de cuentas”, acotó.
Control del Hambre Cero
Mencionó que el principal control que llevan adelante tiene que ver con el programa “Hambre Cero en las Escuelas”. “Creemos que es el desafío más grande que tiene el Poder Ejecutivo, y nuestra responsabilidad es ser custodio del control del servicio de alimentación”, precisó.
Al respecto, indicó que la CGR ha llevado adelante más de 400 verificaciones in situ. “Nosotros creemos que sin el control concurrente de la Contraloría, el servicio de alimentación escolar se podría ver perjudicado. Creemos que este rol de vigilantes que tenemos hace que las empresas lo tomen más en serio y puedan proveer el servicio todos los días”, acotó.
Explicó que por ley constitucional, la CGR debe realizar la presentación anual de la gestión que lleva adelante y esperar que el Senado lo pueda analizar. Mencionó que el informe que entregó en la fecha es un complemento al que presentarán más adelante, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria 2024 del Gobierno.
Importantes avances
A su turno, el senador Basilio Núñez, titular del Congreso, resaltó que desde el Senado considera que se está avanzando y mejorando el sistema de control, cumpliendo de ese modo el rol constitucional que le compete al Poder Legislativo.
“Creo que estamos yendo por buen camino, que se fortalece con la asistencia del contralor y su equipo. Estamos fortaleciendo departamentos como la Auditoría Interna, estamos implementando el MECIP (Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay), que no se implementaba como debía ser en periodo anteriores, pero ahora hay una voluntad política de hacerlo”, acotó.
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Plantear dictar emergencia educativa y social ante violencia en las relaciones adolescentes
Diputados de diferentes signos políticos plantean que, más allá de acciones punitivas, se deben buscar alternativas que sean preventivas, educativas y restaurativas ante episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes.
Por ello se presentó el proyecto de ley “que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.
La iniciativa que fue enviada a consideración de las comisiones asesoras, que, de acuerdo a la exposición de motivos, la idea es declarar una emergencia educativa y social, en todo el territorio nacional, ante el incremento de casos de violencia en las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes, sería por el término de doce meses.
La iniciativa pretende que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.
Menciona que tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.
La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas.
Entorno familiar
“La violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual", explica parte del documento.
Asimismo, señala que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.
Argumenta que, en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, lamentablemente.
Sostiene que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.
Abordaje preventivo
Los legisladores lamentan que si bien existen marcos normativos como la Ley “De Protección Integral a las Mujeres”; el “Código de la Niñez y la Adolescencia”; y la propia Carta Magna, que en su artículo 48 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, “no haya sido suficiente”.
Finalmente, manifiestan que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.
“La intervención debe ser temprana, constante y coordinada entre las instituciones responsables: MEC; Salud Pública; Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de la Mujer, para garantizar que la educación, la igualdad, el respeto mutuo, el reconocimiento de las señales de alerta y el autocuidado afectivo, se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, refiere el texto.
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Exponen avances sobre el VIH en un congreso
Reconocen trayectoria de profesional paraguayo y el compromiso del país con la salud sexual y reproductiva en la región.
El Dr. Carlos Ríos y la Dra. Gloria Aguilar, categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), participaron del XV Congreso de la Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, el XI Congreso Brasileiro de AIDS y el VI Congreso Latinoamericano de IST/VIH/SIDA, realizado del 3 al 6 de junio de 2025 en Río de Janeiro, Brasil.
Este evento científico de referencia regional reunió a expertos de América Latina y otras regiones del mundo para intercambiar conocimientos, avances y desafíos en torno a las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH/SIDA. La investigación, denominada “Tolerancia, efectos adversos e interacción medicamentosa en antirretrovirales de primera línea en Paraguay”, está enfocada en analizar la experiencia de pacientes en tratamiento contra el VIH en el país.
AVANCES
El trabajo fue expuesto ante la comunidad científica internacional, destacando los avances en materia de farmacovigilancia, calidad del tratamiento y atención a personas que viven con VIH. El análisis se centró en los efectos adversos y las posibles interacciones medicamentosas reportadas en el uso de terapias antirretrovirales de primera línea, proporcionando evidencia local para optimizar la atención clínica y fortalecer los programas de salud pública.
La presentación del estudio contribuyó a visibilizar la realidad paraguaya en el manejo del VIH y puso de relieve la importancia de generar datos propios para mejorar la tolerabilidad, seguridad y adherencia al tratamiento.
Por su parte, la Dra. Gloria Aguilar, participó activamente en las sesiones académicas del congreso, fortaleciendo redes de cooperación científica y visibilizando la producción nacional en el abordaje integral de enfermedades de alto impacto en salud pública.
En el marco de la actividad, el Dr. Carlos Ríos fue electo miembro del Consejo Directivo para América Latina y el Caribe de la International Union Against Sexually Transmitted Infections (IUSTI), un reconocimiento a su trayectoria profesional y al compromiso del Paraguay con la salud sexual y reproductiva en la región.