En la tarde de este domingo la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) desactivó el protocolo de seguridad iniciado tras recibir la notificación de que un pasajero de un vuelo que estaba a punto de despegar del aeropuerto Silvio Pettirossi manifestó tener una bomba en su equipaje de mano. El vuelo tenía como destino la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y la aeronave pertenece a la aerolínea Jet Smart.

“La primera medida que tomamos con la torre de control fue activar la alerta, evacuamos la aeronave en un lugar que se llama zona negra, que está alejado del edificio. Se tomó contacto con el comandante, ya que por cuestiones de protocolo no se podía seguir con el vuelo hasta que no se asegure o descarte que existía una bomba. Ya con el acompañamiento de los miembros de la Fope nos encargamos de la evacuación de los pasajeros y posterior a eso una revisión minuciosa”, indicó en conferencia de prensa el director de aeropuertos, Rubén Aguilar.

Destacó que revisaron no solo las maletas de mano y los equipajes que iban en la zona de carga, sino que también fueron inspeccionados todos los pasajeros de manera a descartar cualquier mínima amenaza, confirmando así que no existía ningún artefacto explosivo que pudiera poner en riesgo la vida de los ocupantes del avión.

Podés leer: Amambay: destruyen 14 toneladas de marihuana valuada en 420.000 dólares

El titular de la Dinac, Nelson Mendoza, identificó al pasajero que dio la alerta fue identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina. “El mismo señaló que es el ejecutivo de una empresa y que habría sido invitado a nuestro país para una celebración y que ahora se disponía a regresar a la Argentina”, contó.

Por orden del Ministerio Público el pasajero quedó detenido para una investigación que tiene que ver con las repercusiones penales de esta actitud. Así también desde la Dinac abrirán una investigación para determinar la intención de este pasajero y podría estar sujeto, además de sanciones pecuniarias, a restricciones de volar nuevamente desde Paraguay a cualquier destino y viceversa.

Hay que destacar que el itinerario de otros vuelos no se vieron afectados por esta alerta y que en cuanto se corroboró la no existencia de una bomba en la aeronave, los pasajeros partieron con destino a Buenos Aires.

Lea también: José Gervasio Artigas, un líder independentista que influyó en toda la región

El Senado mexicano fue escenario ayer miércoles del sacrificio de una gallina para ofrendar su sangre a Tlaloc, el dios prehispánico de la lluvia, en una ceremonia promovida por un senador oficialista, blanco de una ola de críticas. La inédita escena era transmitida en redes sociales oficiales del Legislativo pero fue interrumpida momentos después de que uno de los participantes, con el tronar de tambores de fondo, degollara a la gallina para recuperar la sangre en una vasija.

La ceremonia fue promovida por el senador Adolfo Gómez, del partido oficialista Morena, y convocada en las redes institucionales del Senado. Pero por la tarde, la mesa directiva de la cámara, controlada por el oficialismo, se deslindó de los hechos y dijo que eran responsabilidad individual de Gómez.

Lea más: ¿Por qué Uruguay es caro?

El Legislativo “no respalda de ninguna manera los hechos acontecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes con el senador responsable”, señaló un comunicado. Gómez se escudó en las tradiciones indígenas para justificar la ceremonia. La constitución consagra que “se tienen que respetar las prácticas de los pueblos originarios”, dijo a periodistas.

Sin embargo, grupos defensores de animales recordaron que en Ciudad de México está prohibido el maltrato y sacrificio de animales. La organización Anima Naturalis México informó en la red social X que denunciará al legislador oficialista ante la fiscalía de la capital y convocó a una protesta para el jueves en Senado a fin de exigir su renuncia.

Lea también: Irán califica como “ilegal” pedido de arresto de Argentina de ministro del Interior

Fuente: AFP.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionali­dad presentada por la exse­nadora Kattya González, que fue destituida tras ser acu­sada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resol­vió rechazar la medida caute­lar de González, que preten­día volver al Senado.

El pasado 27 de febrero, a tra­vés de sus abogados, González recurrió a la máxima ins­tancia judicial para presentar una acción de inconstitucio­nalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.

En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acom­pañaron la expulsión de Gon­zález, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.

Luego de la incidentada sesión, González anun­ció que iba a recurrir a instancias internaciona­les para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstituciona­lidad ante la Corte.

Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expul­sión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía invia­ble su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de espe­rarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instan­cia donde recurrir y definiti­vamente se queda sin banca en el Senado.

En el libelo acusatorio se mencionó el caso de pla­nillerismo de los asesores de la parlamentaria, Sole­dad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR).

Torales percibía doble sala­rio por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias; y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.

El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.

En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañó la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.

Lea también: Patricia Samudio fue condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza

En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).

Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.

Te puede interesar: Peña triplica Linces y forma 4.000 nuevos policías para luchar contra la inseguridad