Los fiscales generales de Paraguay y Colombia, Emiliano Rolón Fernández y Luz Adriana Camargo Garzón, celebraron una reunión bilateral en Madrid (España) sobre el caso de Marcelo Pecci y dialogaron mecanismos de cooperación penal. El fiscal paraguayo fue asesinado en la playa colombiana de Barú (Cartagenas), el 10 de mayo de 2022.

Las autoridades intercambiaron información sobre las respectivas carpetas fiscales abiertas en Paraguay y Colombia, evaluaron el funcionamiento del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que fue conformado para este caso, y reafirmaron la voluntad institucional de continuar fortaleciendo los canales de colaboración penal internacional, según un comunicado oficial.

El encuentro se dio en el marco de la 32.ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que reúne a representantes de veintiún países miembros en la capital de España, del 28 al 30 de mayo.

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Por otra parte, a propuesta del procurador general de la Nación Argentina, Dr. Eduardo Ezequiel Casal, en su carácter de presidente, la Asamblea General otorgó el reconocimiento honorífico póstumo “Medalla del Ministerio Público” al exagente fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, por los servicios relevantes prestados a la causa de la justicia.

Además, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández participó como panelista en el panel “Canal de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI). El PAcCTO 2.0 y sinergias con AIAMP/REDCOOP”.

El conversatorio abordó el Canal de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), herramientas de cooperación internacional que se han convertido en estrategias clave para: la persecución efectiva de la criminalidad compleja y organizada en todas sus modalidades, y de importancia superlativa para la recuperación transnacional de activos que sirven de fuente de financiamiento de las estructuras del crimen.

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La policía de Brasil detuvo este miércoles a cinco personas en una operación contra una banda de civiles y militares señalada de espiar y planear asesinatos a sueldo de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades.

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La operación forma parte de la investigación por el homicidio a balazos de un abogado en 2023, en la ciudad de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste).

La Policía Federal dijo en una nota que “descubrió la existencia de una organización criminal responsable por la práctica de delitos como espionaje y homicidios bajo encargo”.

La policía detuvo a cinco personas y cumplió seis órdenes de allanamiento en los estados de Mato Grosso, Sao Paulo y Minas Gerais (sureste).

Según el jefe de la agencia para la defensa legal del Estado (AGU), Jorge Messias, la pandilla estaba integrada por civiles y militares que cobraban hasta 250.000 reales (unos 44.000 dólares) para vigilar y planificar asesinatos de jueces de la corte suprema y otras autoridades.

“Choca por su audacia y por su insensatez. Se trata de un absurdo sin precedentes en el país, alimentado por discursos de odio de quienes no tienen compromiso con la democracia”, apuntó en un mensaje en X.

Consultado por la AFP, el presidente de la Corte Suprema, Luís Roberto Barroso, dijo que la investigación “es confidencial y está en su fase inicial”. “Todavía no es momento de formular conclusiones”, afirmó.

Senadores y diputados brasileños también estaban en la mira del grupo criminal, autodenominado “Comando C4” o “Comando de cazacomunistas, corruptos y criminales”, indicó el portal de noticias g1.

Según ese sitio, los sospechosos habrían evaluado el uso de pelucas y también la contratación de trabajadores sexuales para atraer a las potenciales víctimas.

El abogado Roberto Zampieri fue asesinado con varios impactos de bala en diciembre de 2023, debido a una disputa por un terreno agrícola valorado en 100 millones de reales (17,5 millones de dólares), de acuerdo con la policía de Cuiabá.

Los más altos jueces de Brasil han sido objeto de amenazas y ataques recientes.

En noviembre, un individuo murió al hacerse estallar frente al edificio de la Corte Suprema en Brasilia, en un ataque que según las autoridades tenía posibles vínculos con la asonada de enero de 2023, cuando millares de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro depredaron las sedes de los poderes públicos.

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Bolsonaro es juzgado ante la Corte Suprema señalado de liderar un supuesto plan golpista que, según la fiscalía, incluía la vigilancia y el asesinato del juez de ese tribunal Alexandre de Moraes.

El fiscal de Emboscada Christian Benítez Cáceres imputó a un profesor de artes marciales (Taekwondo) por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, en el que resultó víctima una alumna suya de 13 años. El imputado, de 35 años, se encuentra privado de libertad de forma preventiva en la Comisaría 2da. de la ciudad de Altos.

Ahora, el juzgado penal de garantías deberá citar al imputado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si se ordena la prisión del investigado o se le concede medidas alternativas a la prisión.

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En caso de que se decrete la prisión del imputado la defensa del mismo tiene la posibilidad de poder apelar el fallo judicial y si eso sucede será un tribunal de apelación el que definirá si el profesor de artes marciales estará libre o preso.

Teniendo en cuenta los elementos de sospecha con los que se cuenta, el agente fiscal decidió imputar al sospechoso y requerir al juzgado penal de garantías su prisión preventiva. Esta medida cautelar fue solicitada en atención a la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena privativa de libertad que pesaría para el imputado, la cual oscilaría entre un mínimo de 15 años y un máximo de 30, en caso de ser hallado culpable por el hecho punible de abuso sexual en niños en su modalidad agravada.

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El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.

En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.

El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.

Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

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Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

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Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.

En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.

Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.