El efrainista Diego Alonso es denunciado por suspender el pago a tres miembros de la Junta Municipal en represalia por no acompañar sus proyectos. Foto: Facebook.
Tres ediles de J. Augusto Saldívar no cobran dieta y denuncian “castigo político”
Compartir en redes
Tres ediles del distrito de Julián Augusto Saldívar denunciaron que no perciben sus dietas como víctimas de un castigo político por parte del intendente liberal Diego Alonso. Se trata de los concejales Christian Domínguez (independiente), Mirtha Ferrari (ANR) y Alfredo Rojas (PLRA, disidente), todos ellos opositores al jefe comunal que responde a las filas del efrainismo.
Domínguez contó que hace cinco meses no cobra sus haberes, en tanto sus colegas ya llevan entre siete meses y un año sin cobrar. Dijo que algunos funcionarios estarían pasando por la misma situación. Supuestamente, Alonso alega baja recaudación, pero el informe del 31 de agosto último ya reveló que la comuna estaba logrando ingresar el 96% de lo que debería recaudar a fin de año, conforme expresó el denunciante.
“A mí me deben casi cinco meses, en realidad me deben desde julio y noviembre que ya estamos en miras a terminar, entonces casi cinco meses me deben a mí. Pero hay otros dos concejales que tampoco están cobrando y coincidentemente somos todos opositores, los que no estamos cobrando”, dijo el concejal Domínguez a la 1020 AM.
“Cuando nosotros hacemos la consulta al ejecutivo municipal por qué no nos pagan, siempre nos dan una respuesta política. No se está recaudando lo suficiente. En principio les creí, pero cuando presentaron su segundo informe cuatrimestral el 31 de agosto ya se había recaudado el 96% de lo que se proyectaba recaudar en todo el año en los ingresos genuinos”, relató Domínguez.
El concejal considera que tendría que estar asegurado el salario de los funcionarios, la dieta de los concejales y del propio intendente por lo menos hasta noviembre. “Llama la atención que justamente los opositores no estamos cobrando y también hay funcionarios que no están cobrando hace tres meses en su mayoría. Entonces, nosotros creemos que es en realidad un castigo político por simplemente querer hacer nuestro trabajo”, finalizó.
Denuncian trabas de Yd y falta de transparencia en la transición
Compartir en redes
El jefe comunal electo sostiene que las condiciones impuestas por la administración saliente impiden conocer el estado real de la Municipalidad de Encarnación.
El intendente electo de Encarnación, Sebastián Remesowski, presentó el 14 de octubre una nota formal ante la Municipalidad en la que comunica que desiste de participar del proceso de transición establecido por la Resolución n.º 9140/2026.
El punto central del conflicto es que la comuna saliente no habilitó el acceso a tres abogados del equipo de transición: el coordinador Salim Fernando Abud, Miguel Óscar Leiva y Rogelio Ríos Leguizamón. Según la resolución del Ejecutivo municipal, los tres se encuentran en situación de “conflicto de intereses” por actuar como representantes en litigios judiciales pendientes contra la Municipalidad de Encarnación, lo que vulneraría la Ley N.º 7089/2023, que establece el régimen de prevención de conflictos de intereses en la función pública.
En el caso de Abud, la administración de Yd señala que es representante legal de la empresa de telefonía Tigo, con la cual el municipio mantiene un litigio por el cobro de unos G. 6.000 millones en concepto de canon por uso de espacio público de dominio municipal.
Ante esta situación, la comuna le comunicó al equipo que debían cambiar la lista o renunciar a la representación en esos juicios, pero la respuesta fue que no habría modificación alguna, por lo que se emitió la resolución que les prohíbe el ingreso como integrantes del equipo de transición.
Remesowski cuestiona además el artículo 4.º de la resolución, que limita el acceso solo a decisiones firmes y excluye los expedientes en trámite sin decisión definitiva, que son justamente los que deberá atender la nueva gestión.
Denuncian que en bloqueos de ruta se cobra “peaje”
Compartir en redes
Pobladores afirman que indígenas realizan cortes de ruta por supuestos reclamos, pero cobran peaje.
Pobladores de Canindeyú están cansados de los cortes de ruta con fines extorsivos que llevan adelante indígenas de la zona. Líderes nativos argumentan que recurren a bloqueo porque supuestamente, sin presión, no obtienen respuesta de parte de las autoridades.
“Es una práctica que hace años se vive en el departamento y en ocasiones ha generado crispación en la ciudadanía, camioneros, automovilistas, motociclistas y transeúntes”, informó Juan Alcaraz, corresponsal de canal GEN y Radio Universo 970AM.
Explicó que varias comunidades indígenas utilizan puntos estratégicos de conexión e interconexión interdepartamental para instalar retenes en la ruta y sacar un beneficio económico. “Cobran entre 5 mil y 20 mil guaraníes de peaje para dejar pasar”, precisó en el programa “Arriba hoy”.
Recurren a esta medida, supuestamente dentro del marco de reclamos y reivindicaciones que “en casos son valederas y otras veces son meras excusas para cobrar dichos peajes en rutas”, indicó el comunicador.
El hecho ya fue denunciado; sin embargo, los pueblos originarios siguen apelando a esta práctica, afectando el libre tránsito de la población en general.
Juez habría titulado propiedad de forma irregular, denuncian
Compartir en redes
El juez Édgar Rivas habría dado visto bueno a la titulación de una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de justificar la compra.
Una nueva irregularidad se habría cometido en el juicio civil caratulado Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores. En este caso, el cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción Édgar Rivas habría titulado de forma irregular una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de justificar la compra del valioso inmueble, ubicado en la zona de Pedro Juan Caballero.
La abogada de la firma, Patricia Rebollo, señaló: “Conforme a informaciones preliminares que recibimos y que estamos tratando de confirmar existirían indicios de que uno de los inmuebles propiedad de la firma Ypyta ya habría sido objeto de eventuales tratativas de venta o de actos orientados a una posible transferencia de dominio a terceros, mediante un supuesto título firmado por el juez Rivas”.
Asimismo, la abogada sostuvo que existen dos fallos judiciales que fueron atacados de inconstitucional ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual deberá actuar conforme a derecho y anular dichas resoluciones por ser irregulares y perjudiciales para la firma Ypyta. Del mismo modo, la representante legal de la agroganadera enfatizó: “Las cuestiones sometidas a consideración de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia permanecen pendientes de resolución, por lo que la validez, alcance y efectos de la operación de titulación u otros actos continúan sujetos al control jurisdiccional correspondiente”.
El criticado juez Édgar Rivas integra actualmente una terna para ser designado miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital. Igualmente conforman la terna el camarista Carlos Escobar y Amy Lezcano.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019.
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación –principalmente cables e insumos eléctricos– fueron resguardados en el Hospital Central.