El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó totalmente el proyecto de ley que establece la deducibilidad del 100% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de gastos como compra de alimentos, bienes y servicios. De esta manera, la iniciativa retorna a la Cámara de Diputados para su aceptación o ratificación.
Al respecto, desde la Presidencia se expuso el argumento que sostiene que el documento sancionado por los parlamentarios el pasado 27 de octubre es ilegal debido a que rompe tanto los principios de igualdad como la esencia del IVA, que es un impuesto al consumo. “Todos los consumidores abonan el mismo porcentaje de este impuesto, independientemente de que el nivel de su capacidad de pago sea bajo o alto, por lo que el proyecto de ley en cuestión es contrario, a su vez, a la idea de igualdad tributaria”, refiere el veto.
Desde el Ministerio de Hacienda señalan que de ratificarse la iniciativa, en el Legislativo se va a generar una distorsión del impuesto. Por otra parte, agregan también que con la propuesta, un total de 273.000 personas podrán deducir el IVA al 100%, mientras 3.300.000 terminarán pagándolo.
Lea también: “Este gobierno es el más inseguro e ineficiente”, critica María José Argaña
La resolución presidencial manifiesta que “este tratamiento diferenciado e injustificado a favor de un grupo de contribuyentes, en desmedro del resto de aportantes al fisco, va de contramano con los lineamientos constitucionales del establecimiento de tributos que respondan a fines económicos y sociales justos, y a la política fiscal actual relativa al reforzamiento de la recuperación económica pospandemia”.
Días atrás, desde el Gobierno habían adelantado que la decisión de rechazar el proyecto obedece al contexto económico del país y la realidad tributaria de nuestro sistema, debido a que se produciría una pérdida de al menos 100 millones de dólares en las recaudaciones. “Esto implicaría menos dinero para invertir en bienes públicos como salud, infraestructura, educación, lucha contra la pobreza, entre otras necesidades públicas”, argumentan.