Willian Aquino, precandidato a diputado por el departamento de Misiones y el movimiento Honor Colorado, anunció que enfocará su tarea legislativa a favor de los trabajadores del sector educativo y sanitario.
Por un lado, Aquino apuesta a que el maestro se jubile automáticamente al cumplir la edad requerida y que al llegar a esa instancia no se interrumpa durante 2 a 3 meses el pago de su salario, como actualmente sucede.
Igualmente, planteará que los haberes jubilatorios de los docentes suban en paralelo al aumento del costo de vida. “Muchos docentes jubilados ganan salarios paupérrimos”, explicó Aquino.
El precandidato se manifestó también sobre los trabajadores de salud, que sostiene desde el 2011 no tienen un aumento salarial, por lo que precisó que buscará dignificar su sacrificada labor.
“En 10 años ellos no tuvieron aumento salarial, pese a que el salario mínimo aumentó 4 veces, y hasta tuvimos que pasar una pandemia y ni siquiera eso sensibilizó al Gobierno para que los trabajadores de blanco tengan un aumento salarial”, subrayó.
Perfil
Aquino es egresado de la carrera de Derecho y docente, fue reelecto como concejal municipal de Ayolas, departamento de Misiones, y fue presidente durante dos periodos del cuerpo legislativo comunal de su ciudad.
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Diputado plantea horario escalonado como alternativa al cambio de hora
El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la solución al problema de los horarios durante el invierno no es cambiar y volver al horario pasado; sino que deben plantearse propuestas que ayuden a mejorar en verdad la calidad de vida de los ciudadanos.
En ese sentido, el legislador propone abrir un debate sincero respecto a un horario escalonado inteligente. Lamentó la propuesta de su colega de volver a establecer el horario diferenciado entre verano e invierno.
Señaló que esas ideas provienen de gente “anticuada” y que muestran a las claras que no se busca mejorar las condiciones de vida.
“No tenemos que mantenernos en un status quo, por comodidad. Al final de cuentas, con el horario antiguo y el actual, si no están dadas las condiciones, la gente sigue teniendo mala calidad de vida”, explicó a La Nación.
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El legislador explicó que para lograr que tanto los alumnos como sus padres puedan tener una mejor calidad de vida es necesario establecer un horario escalonado.
“Ingresarán al aula con la luz del día, dormirán una hora más. Al final de la tarde, tendrán vida social, tanto padres como hijos. Eso se logra con horario escalonado, como lo hicieron en otros países”, mencionó.
Jornal mínimo diurno y nocturno
El legislador señaló que el Ministerio de Educación ya aclaró que las instituciones educativas tienen la potestad de establecer sus horarios como mejor les convenga. El problema es que los padres tienen marcados sus horarios de entrada a las 7 o las 7:30 de la mañana.
“La solución saldrá cuando se estudie y se establezca el horario jornal mínimo, estableciendo que corra a partir de las 8:00 en adelante. Si esto no se establece por ley, las empresas no podrán modificar sus horarios. Al hacer correr los horarios también hay que tener en cuenta el horario nocturno”, explicó.
Insistió que debe apuntarse al debate antes que a volver “a las cavernas, cuando surge un problema” y reiteró que el problema pasa por el horario de los padres, que debe ser posterior al ingreso en las escuelas y los colegios.
“Las empresas privadas, ni públicas, no podrán hacer el cambio si no se adopta el jornal mínimo diurno, distinto al jornal mínimo nocturno, que es el doble. Si cambiamos el inicio del pago del jornal mínimo diurno podremos mejorar. Ahí comenzará a descomprimirse el resto”, explicó.
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Proponen crear una cuenta única para canalizar fondos de salidas alternativas al proceso penal
El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.
Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades. El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.
El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Las compras previstas con los recursos recaudados se realizarían bajo la modalidad de excepción, buscando agilizar los procesos de adquisición.
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Rodríguez indicó que la cuenta sería administrada por el Banco Nacional de Fomento, con controles del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos recaudados serían distribuidos en cuatro ejes.
Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas. La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.
Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. “Normalmente el combustible es insuficiente”, señaló el diputado. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibiría el 25 % para destinar a la reparación de escuelas y centros educativos públicos.
Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25% de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.
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ANR apunta a una “concordia” en Alto Paraná
El diputado Luis González Vaesken, de la disidencia colorada y Roberto González Vaesken, exgobernador de Alto Paraná, participaron de la reunión del Comando Nacional de Honor Colorado, en donde también asistieron el presidente y vicepresidente de la República, Santiago Peña y Pedro Alliana respectivamente, además del titular de la ANR y líder del movimiento, Horacio Cartes.
La presencia de dos de las figuras de la disidencia del partido sería la antesala de una concordia o unidad colorada en Alto Paraná, con miras a la intendencia de Ciudad del Este. Según indicaron desde el Comando, este sería el municipio donde más avanzadas están las conversaciones para concretar la unidad partidaria, con el objetivo de recuperar la intendencia de uno de los municipios más importantes del país.
“Estamos tratando de ir construyendo, de hablar con los amigos, también había otras personas que estaban con la intención, que es legítimo, de todas formas, estuvimos reunidos con el Comando de Honor y también fue invitado mi hermano ”Tiki", que es diputado y el líder departamental de Fuerza Republicana y con la anuencia de Mario Abdo y Arnoldo Wiens y ver la posibilidad de que en los distritos que se pueda, crear concordia colorada“, sostuvo Roberto González Vaesken ante la 1020 AM, quien se perfila para la intendencia.
Defiende solidez de la afiliación digital
Por otro lado, el director de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, salió al paso de las críticas hacia el sistema de afiliación digital implementado por el Partido Colorado, asegurando que se trata de una herramienta segura, desarrollada por el propio equipo informático del partido, y que cumple con todos los procesos de verificación necesarios.
Según explicó al programa “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el proceso digital exige una serie de pasos básicos que incluye la provisión de datos de contacto como número de celular, algo que “es utilizado en cualquier tipo de sistema informático responsable”.
También desmintió que exista una afiliación automática al cargar los datos en la plataforma. “El hecho de proveer los datos no implica una afiliación inmediata. Lo mismo ocurre con las afiliaciones físicas. Para que el pedido sea aprobado se debe cumplir requisitos, como ser mayor de edad y estar inscripto en el Registro Cívico Permanente”, puntualizó.
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Respecto a los casos de supuestas afiliaciones de menores de edad, González afirmó que podría tratarse de intentos deliberados por desprestigiar el sistema. “Puede darse el caso de personas inescrupulosas que intenten realizar esto, pero aunque se proporcionen los datos, no es una afiliación automática. Nosotros hacemos una verificación posterior con el registro electoral”, aseguró.
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Elevar penas a jóvenes infractores: “Esto tiene que ser el punto de partida”, afirman
El diputado y presidente de la Comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño, se mostró a favor de aumentar las penas para adolescentes que cometan delitos graves. No obstante, aclaró que la problemática requiere un análisis integral debido a su complejidad.
“El problema es mucho más complejo que un simple aumento de las penas, pero en principio estoy de acuerdo. Aclaro que no solucionará la problemática, se necesita de un análisis integral desde el punto de vista de la educación, prevención“, dijo a la 1140 AM.
Las afirmaciones de Ávalos Mariño surgieron tras la media sanción de la Cámara de Senadores a la iniciativa que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves. El proyecto de ley deberá ser tratado próximamente en Diputados.
“Por algo se debe empezar, esto tiene que ser el punto de partida, pero insisto que es un tema complejo, tiene muchas aristas y debe ser encarado en todos sus aspectos para tener un resultado deseado. El proyecto que se llegue a sancionar en el Congreso Nacional, debe ser abarcativo, en donde se incluya todos los hechos punibles que son considerados graves. En Diputados vamos a analizar con detenimiento, profundidad y responsabilidad", comentó.
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El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez,en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.
Actualmente, el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
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