La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación presentó este miércoles sus conclusiones y recomendaciones tras evaluar el sistema que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) prevé adquirir para futuros comicios. El presidente de la comisión, el senador Arnaldo Samaniego, informó que el análisis incluyó aspectos técnicos, operativos y de seguridad, así como las implicancias financieras de la operación.

“En cumplimiento de nuestras funciones, evaluamos integralmente las dimensiones técnicas y operativas del sistema de votación electrónica, con el objetivo de verificar su idoneidad para su implementación en los futuros procesos electorales”, declaró Samaniego.

El TSJE estima una inversión de USD 92 millones para la compra de los equipos, monto que incluiría el control total del hardware y software, disponibilidad permanente para auditorías y mayor soberanía tecnológica. En tanto, si se recurriera al arrendamiento, como en años anteriores, se tendría un menor costo inicial y actualización garantizada, aunque conlleva dependencia del proveedor y restricciones de acceso fuera del periodo contractual.

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En cuanto a la idoneidad técnica, la comisión concluyó que el sistema de votación electrónica con boleta única es “una opción tecnológicamente avanzada para modernizar el proceso electoral nacional”, según Samaniego, gracias a su diseño robusto, auditoría física y digital, y funcionamiento sin conexión externa.

Sin embargo, advirtió sobre riesgos como la manipulación mediante dispositivos externos, por lo que instó a adoptar medidas de seguridad alineadas con estándares internacionales, auditorías multipartitas y control permanente.

Entre las recomendaciones, manifestaron la necesidad de la realización de pruebas de penetración y hacking ético antes de la adquisición y previo a cada elección; la inclusión de técnicos de partidos, organizaciones ciudadanas y los parlamentarios en el desarrollo y evolución del software; y la incorporación de restricciones que impidan activar el programa oficial antes de la fecha y hora establecidas por ley.

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Asimismo, propuso que todos los documentos generados por las máquinas, boletines, actas y certificados, incluyan fecha, hora exacta e identificador único impreso, y que se implemente una cadena de custodia para hardware, software y documentos electorales, reforzando así la seguridad y legitimidad de los procesos.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) comunicó que el miércoles 17 de setiembre se cierra el periodo para la presentación de solicitudes de reconocimiento de partidos y movimientos políticos, que tengan las pretensiones de pujar en las elecciones municipales del 2026.

Aquellas organizaciones políticas que propicien candidaturas para las intendencias y concejalías deberán presentar sus pedidos ante el Tribunal Electoral de la circunscripción competente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley n.º 834/96, “que establece el Código Electoral Paraguayo”.

Mientras que la fecha límite para reconocimiento de estos es el 2 de diciembre del 2025. En cuanto a las alianzas y concertaciones, estas podrán solicitar su reconocimiento al TSJE hasta el próximo 15 diciembre.

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El 31 de julio, el TSJE realizó el corte técnico administrativo al Registro Cívico Permanente (RCP), que incluye a los ciudadanos paraguayos, tanto residentes en el país como en el extranjero, que cumplen con los requisitos para votar en las futuras elecciones.

Mientras que, el pasado 15 de julio, la institución electoral confirmó oficialmente el calendario electoral rumbo a las elecciones municipales de 2026. Según lo resuelto, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de 2026, mientras que las elecciones municipales se realizarán el domingo 4 de octubre del mismo año.

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El Ministerio de Agri­cultura, Silvicultura y Pesca del Japón (MAFF, por sus siglas en inglés) dio inicio a la audito­ría in situ del mercado japo­nés con miras a la apertura de dicho destino para la carne bovina paraguaya. Las ins­pecciones se extenderán hasta el 8 de agosto, gene­rando grandes expectativas en el sector cárnico.

El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, parti­cipó de la reunión inicial para dar comienzo a las activida­des. La delegación de audi­tores está conformada por el jefe veterinario y director de la oficina internacional de asuntos de Sanidad Animal, y el oficial de Cuarenta Ani­mal del MAFF. Asimismo, se tuvo la presencia del vicemi­nistro de Ganadería, Marcelo González; el embajador del Japón en Paraguay, S.E. Kat­sumi Itagaki; el encargado de la cooperación económica del Japón, Dr. Kohei Suga, y representantes del Ministe­rio de Relaciones Exteriores, así como el especialista sénior de Plataformas Sectoriales de Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, José Laneri, directores genera­les, directores y técnicos del Senacsa.

La agenda de inspec­ción incluye visitas al labora­torio central de la institución, unidades zonales y oficinas de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa) en la región del Chaco, así como el punto de ingreso del Aero­puerto Internacional Silvio Pettirossi. En total se prevén tres visitas a nuestro país.

El director de Calidad e Ino­cuidad de Productos y Sub­productos de Origen Animal de Senacsa, Julio Barrios, había indicado a LN/NM que el país asiático exige 12 pasos para la habilitación, de los cuales Paraguay ya alcanzó 6 de ellos.

Este sexto implica un inspec­ción in situ de la cadena pro­ductiva, que incluye al sec­tor primario y a la industria con el propósito de corrobo­rar todas las documentacio­nes enviadas a Japón. A par­tir de ello el resto del proceso será más ágil; este destino se encuentra entre los tres mercados más importantes de Asia y para ellos la carne bovina se trata de un pro­ducto “premium”.

Al cierre del séptimo mes del año las exportaciones de carne bovina tuvieron a Chile, Taiwán, y EE. UU como principales merca­dos. En materia de ingresos, las salidas repuntaron 14 %, mientras que los volúme­nes enviados a los diferentes destinos cayeron 12 %, entre carne, menudencias, y otros productos de origen ani­mal que alcanzaron los USD 1.538.496.095 por 411.065 toneladas.

Sirvió la visita del presidente de la República el mes pasado para agilizar los trámites, dijo Randy Ross.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Randy Ross, destacó la impor­tancia de la auditoría in situ que Japón inició ayer en nues­tro país, en el marco de la posi­bilidad de habilitar ese mer­cado para la carne paraguaya, pues se trata de un trabajo de hace unos 5 años.

“Este es un exigente mercado, uno de los más exigentes del mundo tal vez para habilitar. Sirvió la visita del presidente de la República el mes pasado para agilizar los trámites porque se comprometieron a hacer una visita al país y ahora final­mente están llegando”, sos­tuvo a la 920 AM. Indicó que el proceso conllevó el envío de documentos y contó con bas­tante burocracia, pero gracias al Servicio Nacional de Cali­dad y Salud Animal (Senacsa) se logró mantener contacto permanente con el mercado.

“Es un paso importante, pero falta todavía. Esta primera visita será para el sector ofi­cial dedicado a la inspección del programa de Salud Animal, no visitarán todavía plantas frigoríficas que será en una segunda auditoría”, aseguró.

Mencionó que se encuentran confiados en que el proceso sea aún más ágil. Señaló que se visi­tarán laboratorios, puntos de control de entrada de produc­tos al país, así como los tramos de sanitación, entre otros. Por otro lado, se refirió acerca de la situación de aumento de aran­celes por parte de EE. UU. a la carne brasileña, lo cual ya fue confirmado. Esto podría afec­tar a nuestro mercado, pues si entra en vigencia el 7 de agosto sería una oportunidad para que Paraguay exporte más a ese destino, pero Brasil dejará de enviar a tal comprador.

“Podríamos tener mejores pre­cios, pero tememos que la otra cara es que todo ese volumen que iban a colocar lo van a pasar a otros mercados y bien podría ser que nos inunden el los que tenemos en común, sobretodo Chile”, explicó. Aseveró que es muy probable de que ocurra, pero habrá que ver como afec­tará en los otros mercados en común. Asimismo, dijo que el mercado chileno está dispuesto a pagar un diferencial de USD 300 por tonelada, pero a medida que se de la situación esto podría ir bajando, impactado por la oferta del país vecino.

La directora de Control Gubernamental de la Contra­loría General de la República (CGR), Gladys Fernández, explicó que a partir de ayer se puso en vigencia el nuevo plan financiero de auditoría, que prevé una auditoría finan­ciera al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos resultados se conocerán en 2026. Este plan se aplica luego de la pre­sentación del dictamen sobre el ejercicio fiscal del 2024 por parte del contralor general Camilo Benítez ante el Con­greso Nacional.

“Está previsto, no solamente esa auditoría financiera, sino también combinada a una audi­toría que van a participar otras áreas de apoyo, como la de con­trataciones, de bienes patrimo­niales, una auditoría integral. Se va a incluir también el fondo de jubilaciones, que a partir de este mes también está pre­visto que podamos controlar”, indicó para “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“La modalidad va ser una auditoría financiera y de cum­plimiento, cuando hablamos de auditoría financiera, es una auditoría más compleja, abarca muchos aspectos, por­que en la misma definición de la auditoría financiera tiene que tener errores, sesgos y fraude, quiere decir que el auditor tiene que identificar riesgos de fraude”, agregó la directora del ente contralor.

Señaló que una auditoría financiera, es más com­pleja y llevará más tiempo, teniendo en cuenta que abarca más rubros, más áreas, se aplican más proce­dimientos, no se trata de una fiscalización puntual, inme­diata y rápida, que “tiene un procedimiento, pero que también se sustancia en evidencias mucho más fuer­tes, mucho más convincen­tes, mucho más confiable”. Mientras que la auditoría convencional es una veri­ficación del grado de cum­plimiento de las normativas legales y en vigencia.

El tiempo estimado para con­cluir esta auditoría, depende de la institución, si es que coo­pera, y, en este caso, el presi­dente, Jorge Brítez, solicitó la auditoría, “lo que es un primer gran paso”, de acuerdo a la directora de la Contralo­ría. “El presidente presentó un pedido de auditoría finan­ciera justamente a los fon­dos de IPS y, como nosotros, recién ahora, todos los audito­res estaban abocados a la cul­minación del informe princi­pal que presenta el contralor al Congreso, se estaban culmi­nando las auditorías, y quedó esta auditoría (del IPS) que comience este mes, que en una semana ya estaríamos comu­nicando”, detalló Fernández.