El Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana cerró este viernes el plazo para corregir nombres y fotografías de candidaturas y presentación de apoderados en el marco de la auditoría de las máquinas de votación. La tarea tuvo como objetivo corregir datos de nombres, seudónimos o fotos de los candidatos.
Este viernes también concluyó el plazo para la recepción de propuestas de candidatos de los movimientos para apoderados departamentales, distritales y de locales de votación para las elecciones internas del próximo 18 de diciembre.
Wildo Almirón, apoderado del movimiento Fuerza Republicana, explicó la jornada de trabajo y que el paso siguiente consiste en verificar las documentaciones y posteriormente acreditarlas.
“Este trabajo se inició el lunes con todos los movimientos del Tribunal Electoral Partidario, hicimos la auditoría de pantalla que consiste en el derecho que tienen los movimientos de revisar cada una de las máquinas a los efectos de contrastar con su lista de candidatos y ver en las pantallas los nombres, fotografías y seudónimos de los candidatos a fin de que estos sean corregidos en el caso que haya errores”, refirió.
Almirón también explicó que en pocos días también vence el plazo para presentar delegados y cada uno de los movimientos se encuentra abocado a lo que serían veedores y miembros de mesa de cara a las internas simultáneas.
“Faltan poco más de 40 días para las elecciones y ese es uno de los principales trabajos para culminar el proceso electoral”, finalizó.
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TSJE destaca aumento de 3,1 % en candidaturas femeninas a la Intendencia
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), resalta el aumento de la participación femenina en candidaturas para las elecciones municipales del 4 de octubre. Según el informe comparativo, en las candidaturas a la Intendencia, la participación femenina aumentó un 3,1 %, pasando del 12,9 % al 16 %.
El reporte fue elaborado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en el que se recabaron datos que revelan que la participación de mujeres en las candidaturas para las Elecciones Municipales 2026 alcanza el 16 % en las postulaciones a la Intendencia y el 32 % en las candidaturas a la Junta Municipal, registrándose un incremento con relación a los comicios de 2021.
Se menciona que los datos reflejan la evolución de la presencia femenina en las postulaciones correspondientes a los comicios del domingo 4 de octubre. La información actualizada permite complementar los registros históricos y realizar un análisis comparativo sobre la participación de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos municipales.
Actualmente, las candidaturas a la Intendencia están conformadas por un 16 % de mujeres y un 84 % de hombres. Por su parte, en las postulaciones para integrar las Juntas Municipales, tanto en calidad de titulares como de suplentes, la participación corresponde a un 32 % de mujeres y a un 68 % de hombres.
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Sigue movilización de taxistas y cierran varias rutas en Canindeyú
Este lunes, varios taxistas se volvieron a reunir en el departamento de Canindeyú para continuar con las movilizaciones contra el proyecto de ley que busca limitar los viajes de larga distancia de los taxis y que se mantengan solo en sus municipios. Durante la jornada cerraron seis puntos estratégicos generando caos en el tránsito.
Durante la jornada de hoy, el gremio de taxistas sigue con paro total y cierres intermitentes en el citado departamento. En esta oportunidad, se mantienen sobre la ruta PY03 y sumaron los cortes sobre la ruta PY07, como medida de protesta al proyecto de ley propuesto por la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran).
“Los conductores denuncian que la normativa busca prohibirles hacer viajes fuera de sus distritos o departamentos. Afirman que gran parte de sus entradas económicas dependen de los traslados interurbanos de larga distancia”, expresó Juan Alcaraz, periodista de SdG Noticias.
Las principales medidas de protesta se concentran sobre la ruta PY02. El primer punto es sobre el cruce Carolina, luego en el kilómetro 5 a la altura de Saltos del Guairá, también en la rotonda de Curuguaty y sobre la misma ruta en la Colonia Agua’e, ya a la altura del kilómetro 278.
Otro punto central de la medida de protesta se concentra sobre la ruta PY07 (ex Supercarretera), el primer punto en el cruce ex-Marina Cué y el segundo a la altura de la localidad de Nueva Esperanza. En todos estos puntos se dan cortes intermitentes de ambas rutas.
El proyecto de ley busca restringir los traslados interurbanos, de esta forma se evitará llevar pasajeros fuera de sus ciudades o departamentos, situación que es totalmente rechazada por los taxistas. Estos indican que se verán perjudicados en su trabajo y las pérdidas serán millonarias.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
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Turquía finalizó auditoría a frigoríficos paraguayos
Senacsa informó que culminó con resultados satisfactorios, en el marco del proceso de habilitación.
La auditoría oficial de Turquía a los establecimientos paraguayos exportadores de carne bovina culminó con resultados satisfactorios, en el marco del proceso de habilitación sanitaria para el acceso de la proteína nacional a ese mercado.
Así lo informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) tras la misión que se desarrolló del 3 al 7 de agosto. Durante la auditoría, la delegación oficial evaluó el sistema de control sanitario, la trazabilidad y las condiciones de inocuidad de los establecimientos frigoríficos habilitados para la exportación de carne bovina.
Durante la misión, la delegación oficial evaluó el sistema de control sanitario, la trazabilidad y las condiciones de inocuidad en los establecimientos frigoríficos habilitados para la exportación. “La auditoría demostró solidez y confiabilidad del Senacsa respaldado por el trabajo conjunto entre el sector público y privado”, mencionaron desde el organismo veterinario.
La comitiva oficial también realizó una visita a la Embajada de Turquía. La delegación estuvo compuesta por representantes del Ministerio de Agricultura y Silvicultura, quienes completaron con éxito la semana de reuniones y exámenes junto con el Senacsa como parte del proceso de evaluación para el acceso de la carne bovina paraguaya.
APROBACIÓN RECIENTE
En junio pasado nuestro país fue aprobado como mercado elegible para la exportación de carne bovina y bovinos en pie a este destino, lo que representó un avance importante en el proceso de apertura de un nuevo comprador de los productos pecuarios nacionales.
Ambas partes habían coincidido en la importancia de culminar el proceso durante el segundo semestre de este año, de manera a iniciar los envíos de carne bovina al mercado turco y reforzar los vínculos comerciales y de cooperación sanitaria entre ambos países.
Senacsa destacó que este avance fue posible mediante el trabajo coordinado entre la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Paraguay en Turquía, cuya gestión fue considerada decisiva dentro del proceso de habilitación sanitaria.