“Esto es inconstitucional en el sentido de que la voluntad popular eligió por cuatro años y por ley se le pone cinco, no tiene ninguna lógica, no puede uno cambiar por ley lo que eligió la gente” aseguró Stephan Rasmussen. Foto: Archivo.
Rasmussen calificó de poco seria la aprobación de ley que amplía mandato de intendentes
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La Cámara de Senadores dio el visto bueno al proyecto de ley “Que amplía por un año el período de mandato de las autoridades municipales electas en los comicios del año 2021″ ahora el documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La iniciativa fue aprobada con 24 votos a favor, 8 en contra, 8 ausentes y 1 abstención; al finalizar la sesión, el senador Stephan Rasmussen ratificó a los periodistas que su voto lo había dado en contra y calificó la aprobación como “una locura”.
“Es muy poco serio aprobar una ley donde diga una cosa y un año después cambiar totalmente el sentido de la ley sin ningún argumento válido, además la gente eligió a los intendentes y concejales municipales por cuatro años” sostuvo el parlamentario.
Rasmussen comentó que para él lo más razonable sería el rechazo por parte del Ejecutivo de esta iniciativa, más teniendo en cuenta que es una situación sumamente coyuntural y por sobre todo anticonstitucional y que va en contra de la elección del pueblo
“Esto es inconstitucional en el sentido de que la voluntad popular eligió por cuatro años y por ley se le pone cinco, no tiene ninguna lógica, no puede uno cambiar por ley lo que eligió la gente. En estos meses de acá a diciembre primero y después, de marzo a abril, se vuelve bastante complejo todo lo que se trate en el congreso porque prima todo lo electoral y no lo que realmente tiene que primar, que es, la lógica, el marco normativo y el marco constitucional” remarcó el parlamentario.
Al ser consultado sobre si esto se trataría de una maniobra partidaria, el Rasmussen fue tajante “Beneficia a los partidos tradicionales mayormente, pero acá no hay color, lo preocupante es que la política partidaria, esté por sobre las leyes y por sobre lo definido en el marco normativo”.
MEF transfirió G. 1,67 billones a municipios y gobernaciones en el primer semestre
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que transfirió un total de G. 1,67 billones, alrededor de USD 274,6 millones al cambio actual, a municipios y gobernaciones de todo del país, en diferentes conceptos, al cierre del primer semestre del ejercicio 2026.
Los datos precisos se encuentran consignados en el informe de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera (VAF). El documento está disponible en la web institucional de la cartera de Estado.
Las gobernaciones recibieron un total de G. 1,168 billones, mientras que las municipalidades percibieron G. 504.884 millones en los primeros seis meses del año. Los recursos desembolsados provienen de Royalties, Impuesto al Valor Agregado (Fuente 10 Recursos del Tesoro), Canon por Juegos de Azar y otras compensaciones.
Los interesados en realizar el seguimiento de las transferencias que recibe su municipalidad o gobernación pueden ver los datos en este enlace. Ingresando el RUC (Registro Único de Contribuyente) se despliega el monto desembolsado a cada entidad y lo pendiente por recibir. Se trata de una herramienta del MEF que permite transparentar los recursos que reciben los gobiernos locales.
En informe publicado por la cartera de Estado agrega que las entidades deben presentar rendición de cuentas e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias correspondientes, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año y su respectivo decreto reglamentario.
Proyecto de pago de deudas a vialeras sería tratado recién en dos semanas en Diputados
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El proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría ser tratado recién la próxima semana en la Cámara de Diputados.
El diputado Miguel del Puerto indicó que la mesa directiva, en su reunión habitual de este miércoles, decidió no incluir el proyecto en la sesión del próximo martes a fin de realizar un análisis más profundo y responsable sobre la propuesta.
“El proyecto de ley a las vialeras no está incluido, hay todavía algunos artículos que las bancadas quieren analizar y seguramente se va a incluir en la siguiente semana. Eso es lo que se está analizando (el mecanismo) por eso finalmente la mesa directiva decidió postergar una semana más, y para analizar el análisis de varias instituciones”, indicó a los medios luego de la reunión de la mesa directiva de esta jornada.
El diputado mencionó que uno de los puntos que debe ser analizado es el pago de los intereses, como así también definir cuáles son las deudas que se deben incluir concretamente en este proyecto. Recordó que son dos proyectos, y la idea es unificar ambas propuestas.
“Creo que amerita analizar con responsabilidad y en forma transparente este proyecto de ley. Se pretende incluir algunas deudas del gobierno anterior y también del actual, y se habla de un monto aproximadamente de entre USD 40 a 50 millones. Hay dos proyectos de ley, uno habla de montos y el otro no, y es por eso que queremos unificar eso y esperar una semana para definir”, sentenció.
El proyecto busca autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al pago de intereses moratorios derivados de obligaciones no canceladas dentro de los plazos contractualmente establecidos, correspondientes a certificados de obras de infraestructura ejecutadas para entidades de la administración central. Igualmente, contempla el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, aplicable a obligaciones mantenidas con proveedores, consultores y contratistas.
Impulsan creación de una circunscripción judicial electoral para Paraguarí
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Un proyecto de ley que “crea la circunscripción judicial electoral del departamento de Paraguarí” se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. El documento está siendo analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado José Rodríguez.
Se busca descentralizar la Justicia Electoral, atendiendo que actualmente el departamento depende de los tribunales electorales con sede en Asunción. Esto, según el proyectista, dificulta el acceso de los ciudadanos a este servicio y genera mayores costos de traslado.
Es por ello que la propuesta sostiene que la creación de una circunscripción judicial electoral en Paraguarí responde a los principios de descentralización e igualdad de acceso a la Justicia establecidos en la Constitución Nacional, además de considerar el crecimiento poblacional de la zona.
Para ese fin se plantea la creación de un Tribunal Electoral en el departamento, cuya implementación quedará sujeta a la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación, conforme prevé el documento.
Asimismo, autoriza al Tribunal Superior de Justicia Electoral a realizar los ajustes necesarios para su organización y funcionamiento. El texto cuenta con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia Electoral y actualmente está para ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.
Tuma califica de retroceso el proyecto de divorcio exprés: “Tocamos algo que funciona bien”
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El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.
En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.
Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.
“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.
El Dr. Oscar Tuma aclaró que el verdadero gasto no está en el divorcio; sino en la disolución, donde se hacen la liquidación de bienes, hijos y sociedad conyugal. Foto: Archivo
Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.
“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.
Apunta a la disolución de bienes
Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.
Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.
Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.
“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.