El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) ofrece una capacitación robótica educativa, dirigida a jóvenes desde los 15 años, que permitirá aprender programación y robótica con el curso EV3 con App Inventor, con una carga horaria de 40 horas y en modalidad presencial, con cupos limitados e inscripción por el sistema Identidad (http://snpp.edu.py) o en la sede de la institución.

En el curso Robótica EV3, los participantes desarrollan competencias en programación de robots mediante el uso del kit EV3, realizando diseños básicos y avanzados, además de la programación de servomotores y sensores. Fortalece habilidades en tecnología, programación y resolución de problemas, preparándolos para los desafíos de la transformación digital.

El curso de Robótica Educativa - EV3 con App Inventor se inicia el lunes 6 de julio y finaliza el lunes 27 de julio de 2026. Las clases se desarrollan los días lunes, martes y jueves, en el horario de 13:00 a 17:00, en la sede de SNPP en Asunción, ubicada en avenida Molas López número 480. Informes al 0981 200 015.

Dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el SNPP cuenta con Laboratorio de Robótica en el Centro Tecnológico de Avanzada (CTA) Paraguay–Corea, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, que fue inaugurado en febrero de 2026, gracias a una alianza con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), con una inversión de 22.000 dólares.

El espacio cuenta con ocho brazos robóticos colaborativos, Pizarra interactiva de última generación, Infraestructura adecuada para prácticas avanzadas en automatización y programación. Estas herramientas permitirán a los participantes de los cursos de mecatrónica desarrollar competencias alineadas a los estándares de la Industria 4.0, fortaleciendo sus capacidades en programación, automatización y diseño de prototipos.

La política social de este gobierno de atender a los sectores más vul­nerables de la población, sin duda es una acertada contra los proble­mas más inmediatos que nos aquejan como país. En este contexto, además de los pro­yectos como Hambre Cero, los programas habitacionales y varios otros que incenti­van a grandes sectores de la economía, se encuentra la pensión universal para los adultos mayores, una ayuda que significa una importante ayuda para miles de abueli­tos y abuelitas, principalmente para los más relegados.

La pensión de la tercera edad es más que una ayuda, para los abuelitos y abuelitas significa una atención por parte del Estado y este gobierno se ocupó de un plan que rei­vindique su bienestar de alguna manera. Es un programa de alto impacto, hoy llega a 370 mil personas y es un reconocimiento al sacrificio, a los años de esfuerzo, a la vida que entregaron a este país, puede resultar sim­bólico, pero como nunca antes se ha llevado adelante sin distinción, ni discriminación alguna.

Utilizar el dinero de los contribuyentes en una mejor calidad de vida de los sectores más vulnerables, más aún por los que lle­van toda una vida en este territorio, no es un gasto, es una retribución muy bien encarada.

Este y los diferentes gobiernos deben enfo­carse a los grandes desafíos, pero sin olvidar los problemas sociales específicos, esos que afectan directamente al día a día. Por eso, muchas veces duele la indiferencia y los ata­ques a estas iniciativas por simples rencillas políticas.

Peor aún, que detrás de iniciativas loables como el sueldo para los adultos existan inte­reses mezquinos que valiéndose del engaño ilusionen y generen expectativas imposi­bles de cumplir en la práctica. Es sabido que existen políticos que buscan sacar ventajas prometiendo incrementos que escapan a la realidad presupuestaria, sin embargo, apro­vechan las necesidades de los abuelitos y las abuelitas para enredarlos con falsas espe­ranzas.

Ante la charlatanería de los miserables es bueno reiterar las veces que sea necesario que pensión universal a los adultos mayo­res es un programa social clave gestionado por este gobierno para otorgar recursos eco­nómicos a una población vulnerable que, no pudo aportar para llegar a la jubilación, por diferentes razones. El monto estipulado equivale al 25 % del salario mínimo vigente que, con el reciente reajuste hoy se traduce en un importa de G. 724.762 al mes.

No se puede aspirar a un monto superior puesto que lo asignado no corresponde a la retribución de una jubilación u otros benefi­cios que demandaron años de contribución.

Las mentiras que pudieran generarse para engañar sobre posibles incrementos o equi­paraciones a salario mínimo deben ser casti­gadas. De hecho, uno de los conocidos cabe­cillas que infunde la falsa narrativa de que el sueldo de los adultos mayores tiene que ser equivalente al ingreso mínimo legal ya está a cargo de la Fiscalía, como corresponde.

En estos días, el Gobierno notificó que la cobertura llegó a 370.000 beneficiarios con la inclusión de 6.500 nuevos registros, esto implica una contribución estatal de más de USD 500 millones, una inversión más que válida considerando la población meta.

La sensibilidad, la empatía y el interés polí­tico en programas como el de la tercera edad pueden ser pequeños sacrificios estatales, pero en la práctica significan un enorme paso en el combate a la pobreza y el desafío de mojares condiciones de vida. La plata que se destine a la calidad de vida de la población no puede significar gasto, sino una devolu­ción al esfuerzo.

El Gobierno tiene que ir creando condicio­nes de mayor calidad de vida con progra­mas sociales bien direccionados y que se ajusten a las posibilidades de los contribu­yentes. En la medida que la gente acceda a derechos y beneficios sin que el Estado caiga en subsidios desproporcionados, las oportunidades irán aumentando para todos los habitantes.

El dinero que recauda el Estado es para redistribuir a la ciudadanía mediante servi­cios eficientes, proyectos económicos, pero también debe servir para atender necesida­des de mayor prioridad como una mejor cali­dad de vida para la gente de la tercera edad. Sin duda, la pensión universal es una inicia­tiva acertada, hay que cuidarla, blindarla de pretensiones espurias para que perdure en el tiempo y siga siendo un importante ins­trumento contra la pobreza.

Un proyecto de ley que “crea la circunscripción judicial electoral del departamento de Paraguarí” se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. El documento está siendo analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado José Rodríguez.

Se busca descentralizar la Justicia Electoral, atendiendo que actualmente el departamento depende de los tribunales electorales con sede en Asunción. Esto, según el proyectista, dificulta el acceso de los ciudadanos a este servicio y genera mayores costos de traslado.

Es por ello que la propuesta sostiene que la creación de una circunscripción judicial electoral en Paraguarí responde a los principios de descentralización e igualdad de acceso a la Justicia establecidos en la Constitución Nacional, además de considerar el crecimiento poblacional de la zona.

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Para ese fin se plantea la creación de un Tribunal Electoral en el departamento, cuya implementación quedará sujeta a la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación, conforme prevé el documento.

Asimismo, autoriza al Tribunal Superior de Justicia Electoral a realizar los ajustes necesarios para su organización y funcionamiento. El texto cuenta con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia Electoral y actualmente está para ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.

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El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.

En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.

Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.

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“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.

Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.

“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.

Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.

Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.

Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.

“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.

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