El diputado Walter Harms afirmó que no se puede eximir al presidente de la República de cualquier responsabilidad para acceder ante las peticiones de grupos terroristas. Foto: AFP.
Diputado afirma que se va comprobando cómo el Ejecutivo se arrodilla ante el EPP
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Con los audios expuestos por la Unidad de Investigación de Nación Media, donde se pudo constatar que la directora del penal del Buen Pastor contrató un servicio fúnebre para el abatido líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Osvaldo Villalba, el diputado Walter Harms afirmó que se va comprobando la manera en la cual el Ejecutivo se arrodilla ante el EPP.
“Existe un conocimiento mundial con respecto a que no se negocia con el terrorismo, pero en Paraguay vemos la manera en la que un Estado se pone de rodillas y al servicio de grupos terroristas, accediendo a todos sus reclamos y ahora contratando servicios para ellos. Creo que toda la responsabilidad de esto es del presidente de la República”, cuestionó el parlamentario en contacto con La Nación/Nación Media.
Sobre el punto, aseguró que si bien la directora del penal del Buen Pastor contrató el servicio fúnebre, no se puede eximir al Ejecutivo de cualquier responsabilidad, teniendo en cuenta que es el administrador de la República y, en teoría, el principal representante del pueblo paraguayo. Ante esto, Harms puntualizó que Mario Abdo Benítez estaba al tanto de todo lo acontecido y probablemente incluso de lo realizado por Marian Vázquez, exdirectora del Buen Pastor.
“El presidente solo quiere cargar su decisión de arrodillarse ante los pedidos de una terrorista como si fuera responsabilidad de funcionarios de menor rango. La actitud de Abdo Benítez me parece muy miserable y todo esto solo queda como un negro precedente en el Gobierno paraguayo, exponiendo también la falta de liderazgo del presidente de la República ante grupos terroristas”, aseveró el diputado.
Harms lamentó que todos los logros de la Fuerza de Tarea Conjunta caigan como en un saco roto ante los privilegios con los que posteriormente trató el primer mandatario a los referentes del EPP, permitiendo que la reclusa Carmen Villalba pueda despedir a su hermano, Osvaldo Villalba, en el propio penal del Buen Pastor.
“Aparte, los últimos hechos expuestos también vienen a desnudar la terrible flojedad de Abdo Benítez ante determinantes situaciones de crisis. Cuando él debe plantarse y hacer valer el peso de la ley, accede a presiones, negocia con terroristas y se somete ante las exigencias de grupos armados, pasando por encima del patriotismo y el resguardo de la integridad de nuestro país”, puntualizó.
El escándalo mayúsculo fue que el Gobierno haya permitido que el féretro del cabecilla del EPP, Osvaldo Villalba, ingrese al Buen Pastor. Fue una bofetada a la ciudadanía. Foto: Archivo
A tres años que el Estado bajó la cabeza a las exigencias de Carmen Villalba
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Este 25 de octubre se cumplen tres años de uno de los episodios más inéditos e irregulares dentro del sistema penitenciario paraguayo. Aquel día, el féretro de Osvaldo Villalba, uno de los principales cabecillas del grupo armado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), abatido durante un enfrentamiento con las Fuerzas de Tarea Conjunta, fue forzado a introducirse al penal de mujeres Buen Pastor, junto a su hermana Carmen Villalba.
Sin embargo, el hecho distó de ser una simple anécdota sobre una mala decisión de las autoridades de turno del anterior gobierno. La Unidad de Investigación de Nación Media había difundido en ese entonces una serie de audios en los que se evidenciaba que altos funcionarios pertenecientes al sistema de Justicia del gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, utilizaron dinero público para realizar el trámite del alquiler de la carroza fúnebre y todo el servicio funerario.
Este hecho generó una fuerte repercusión política, mediática y social sobre el manejo del caso por parte del Ejecutivo, teniendo en cuenta que reflejó una falta grave de criterio y autoridad del gobierno anterior, que permitió el avance de un acto incompatible, sobre todo, con la dignidad de las víctimas y con el principio de separación entre el Estado y grupos armados ilegales.
Justamente, el clamor de las tres familias, pero también de todo el pueblo paraguayo, es que hasta hoy en día se espera información veraz y concreta respecto al paradero de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República Óscar Denis, quienes fueron secuestrados por este grupo criminal EPP y a la fecha no han colaborado con información sobre sus destinos.
Este hecho reflejó una falta grave de criterio y autoridad del gobierno anterior, que permitió el avance de un acto incompatible sobre todo con la dignidad de las víctimas. Foto: Archivo
Indignación colectiva
Por ello, fue comprensible la indignación que generó ver cómo el criminal abatido no solo pudo contar con un féretro y servicio funerario brindados por el gobierno anterior, lo cual fue confirmado por el equipo de investigación de esta redacción luego de ponerse en contacto con la empresa funeraria San Blas, que refirió que el pedido del servicio había sido solicitado por Marian Vázquez, entonces directora de la penitenciaría del Buen Pastor.
Desde la Unidad de Investigación de LN se había señalado que la gestión realizada desde la cárcel de mujeres demostró que el gobierno del mandatario se mantuvo arrodillado ante las exigencias de Carmen Villalba, quien en un principio había solicitado salir del penal para dirigirse hasta el Cementerio de la Recoleta, lugar donde debían ser inhumados los restos de sus hermanos.
Pero debido a su perfil de alto peligro fue negado. Ante esta negativa, Villalba exigió que el féretro pudiera ingresar al Buen Pastor, por espacio de 5 minutos, como finalmente sucedió, ante una mala administración de la situación que ya para entonces había puesto en vilo a toda la ciudad.
Varios crímenes sin castigo
Cabe mencionar que este grupo criminal EPP, también había causado la muerte de varios otros compatriotas y colonos extranjeros, como el ganadero Luis Alberto Lindstron, el menonita Abraham Fehr; el joven Arlan Fick. Así como Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, que justamente es una de las causas por lo que fue condena Carmen Villalba.
En tanto que Osvaldo Villalba había sido abatido días antes durante un enfrentamiento armado con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ocurrido el 23 de octubre de 2022, en la zona de Cerro Guazú, distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción. Junto a Villalba también fallecieron otras dos integrantes del grupo armado, identificadas como Liliana Villalba y Magna Meza, durante un operativo de rastreo e inteligencia llevado adelante por la FTC.
Cambio en la política criminal: demuestran gran contraste con gestión anterior
El actual ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, recordó que fue un hecho bastante particular, sobre todo por los perfiles de alta peligrosidad que estaban involucrados. Mencionó que estos grupos criminales ejercían mucha presión a la administración de los distintos centros penitenciarios, donde presentaban ciertas exigencias y amenazaban justamente con amotinamientos, levantamiento de los reclusos que se aliaban con ellos.
Al respecto, destacó que afortunadamente con el gobierno actual se han cambiado las políticas de la administración penitenciarias que demuestran un gran contraste con administraciones anteriores.
Gracias a las medidas aplicadas por el Gobierno de Santiago Peña en las políticas penitenciarias, hoy se observa un gran contraste en el manejo con los reclusos. Foto: Archivo
“Vemos un gran contraste con lo que tenemos hoy en día con esta administración del Gobierno nacional. Ninguna de las tareas del Ministerio de Justicia puede ser posible si no hay un apoyo irrestricto de parte del Poder Ejecutivo y de todas las fuerzas de seguridad, de todas las instituciones que hacen a la administración del sistema penitenciario”, remarcó Nicora.
En ese sentido, destacó el apoyo de la Policía Nacional, la Fuerza Armada de la Nación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Senabico, en el caso de la habilitación de la Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones (UTRA) en el Centro Educativo de la ciudad de Itauguá, departamento Central.
“Lo que quiero decir con esto, en contraste a lo que en aquel momento ocurrió, es que el Gobierno Nacional del Presidente Santiago Peña realmente entendió que si no hay apoyo de las fuerzas de seguridad a través del Consejo de Defensa Nacional y no hay una sola cabeza visible, sino que hablamos de un conjunto de ministros que tomamos decisiones en conjunto, esto nos protege y no se toma una sola cabeza responsable de estos operativos o responsable de evitar mayores incidentes en el sistema penitenciario. Sería muy difícil avanzar en todos estos operativos que no tienen precedentes dentro del sistema penitenciario”, acotó.
Presencia y fuerza del Estado
Nicora reflexionó que, mediante esta demostración de presencia y fuerza del Estado para llevar adelante los operativos en los distintos centros penitenciarios, se ha permitido evitar que la población penitenciaria quiera rebelarse o establecer demandas o extorsiones.
“Porque lo que se vio en aquel entonces con el féretro de Osvaldo Villalba fue una fuerte presión de la población de las mujeres privadas de libertad en aquel entonces en el Buen Pastor para que se cumpliera esa demanda. Hubo mucha presión y finalmente ocurrió todo lo que fue de público conocimiento”, acotó.
Por último, el ministro de Justicia comentó que los actuales miembros del EPP, que están recluidos en el sistema penitenciario, mantienen un régimen cerrado especial o régimen de máxima seguridad. Se les mantiene con una comunicación restringida, donde están prácticamente 22 horas dentro de su celda individual de una sola persona, sin ninguna posibilidad de acceder a ningún tipo de energía eléctrica, conectar ningún cargador para dispositivo eléctrico.
“Las visitas familiares son monitoreadas, se permite la visita de un familiar cada 15 días. Sí, está garantizado el derecho a la legítima defensa por parte de los abogados defensores, pero también con el cumplimiento de una serie de requisitos formales para evitar que cualquier abogado que no esté legitimado en la defensa, visite a estos miembros de esta organización criminal”, concluyó..
Asesinan a dueño de la casa donde fue detenida Carmen Villalba en el 2003
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Osvaldo Varela López, de 43 años de edad, quien era dueño de la casa donde detuvieron en el 2003 a Carmen Villalba, fue asesinado en la tarde de hoy lunes, en su propia vivienda ubicada en el barrio Loma Clavel, de la colonia Sanguina Cué, distrito de Lima, departamento de San Pedro.
La víctima recibió dos disparos en la espalda, que provinieron de una zona boscosa, mientras se encontraba recogiendo madera para fabricar carbón.
De acuerdo a los primeros datos, el autor de los disparos sería una persona desconocida de sexo masculino, quien posterior al hecho se dio a la fuga. Varela López falleció en el lugar tras recorrer algunos metros.
Igualmente, el Ministerio Público anunció la investigación y en caso de que sea detenido el autor del hecho el mismo tendrá que declarar en sede fiscal. El cuerpo fue derivado a la morgue del hospital de Santa Rosa del Aguaray, donde se le realizará la autopsia pertinente.
Antecedentes
Varela fue detenido meses atrás pero luego recuperó su libertad. Contaba con antecedentes por posesión de armas. El mismo tenía prohibición de salida del país y prohibición de portar armas. Estuvo implicado con secuestradores de María Edith Bordón de Debernardi en el año 2003.
Precisamente, por este proceso penal fue condenada en su momento Carmen Villalba, líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Ratifican condena de 31 años de cárcel para Laura Villalba, enfermera del EPP
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Un tribunal de apelación, especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, confirmó la condena de 31 años de cárcel para Laura Villalba, condenada por terrorismo, asociación terrorista, detentación y violación de la Ley de Armas. La condenada, enfermera del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es hermana de Carmen Villalba, líder de este grupo criminal.
Ahora, la defensa de la condenada tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo y en caso de ser así será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá la última palabra sobre si confirma la condena contra la hermana de Carmen Villalba o dispone que se realice un nuevo juicio oral y público.
El Tribunal de Sentencia especializado en Crimen Organizado, quien condenó a Laura Villalba, está integrado por María Luz Martínez, como presidenta; Dina Marchuk y Federico Rojas. Mientras que los fiscales del caso fueron Lorenzo Lezcano, y Federico Delfino.
La hermana de Carmen fue detenida en el mes de diciembre del 2020 y según las investigaciones, la misma estuvo presente en el tiroteo registrado el 20 de noviembre del 2020, entre el EPP y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, ocurrido en Cerro Guazú, Amambay.
La jueza Lici Sánchez admitió a la vez el pedido del fiscal Federico Delfino consistente en avanzar con la captura internacional de las criminales. Foto: Gentileza
Brazo logístico del EPP: jueza pide a Venezuela la extradición del clan Villalba
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Este viernes se dio a conocer que la jueza contra el crimen organizado Lici Sánchez solicitó a las autoridades de Venezuela la extradición de Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba, Viviana Caballero Villalba, sindicadas de ser el brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Actualmente la madre y las hermanas de Carmen Villalba, líder del EPP, se encuentran radicadas junto con 10 niños, quienes serían hijos y sobrinos, en la ciudad de Caracas tras solicitar refugio político al gobierno de Nicolás Maduro.
A la vez se admitió la solicitud del agente fiscal Federico Delfino consistente en avanzar con la captura internacional de las mismas. La solicitud de extradición fue realizada en base a las reglas de reciprocidad y tratados internacionales.
Incluso las mujeres son acusadas de criar y adoctrinar a los menores de edad para luego ser integrados al grupo terrorista. Previo a su instalación en Caracas, el clan se encontraba radicado en Argentina tras haber logrado refugio político durante el kirchnerismo.
Sin embargo, la medida fue levantada en octubre pasado por el gobierno de Javier Milei. “Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por el Derecho Internacional vigente, las leyes y las costumbres internacionales”, indica la resolución emanada por Sánchez citando el artículo 146 del Código Procesal Penal.
Agrega que “no obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento. En lo pertinente, se aplicarán las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el Código Procesal Civil”.
Igualmente hace mención al artículo 147 del Código Procesal Penal sosteniendo que “lo relativo a la extradición de imputados o condenados se regirá por el Derecho Internacional vigente, por las leyes del país, por las costumbres internacionales o por las reglas de la reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.
La resolución de la jueza continua afirmando que “conforme a las disposiciones legales trascriptas, a las constancias de autos, a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público esta judicatura considera ajustado a derecho el requerimiento fiscal por el que se solicita librar el correspondiente exhorto a las autoridades de la república bolivariana de Venezuela”.