La Unidad de Investigación de Nación Media difundió una serie de audios este viernes que permiten constatar que altos funcionarios pertenecientes al sistema de Justicia del gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, utilizaron dinero público para realizar el trámite del alquiler de la carroza fúne­bre de Osvaldo Villalba, uno de los cabecillas del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El criminal fue abatido el domingo último en la zona de Cerro Guazú, departamento de Amambay, tras un enfrentamiento con agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Los audios exponen que el servicio solicitado por Marian Vázquez, exdirectora de la penitenciaría del Buen Pastor, ubicada en la capital del país, lugar de reclusión de la también epepista Carmen Villalba, hermana de Osvaldo, costó al Estado la suma de G. 350.000.

Los audios hacen mención previamente a una comunicación entre la periodista y jefa de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, con una funcionaria de la empresa funeraria Organi­zación San Blas, quien corroboró que el pedido fue realizado por Vázquez y que aún el costo no fue abonado.

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En la ocasión, incluso la trabajadora mencionó que el tema debía ser tratado con mucha cautela debido a que otros medios de comunicación también intentaron requerir informaciones referentes al servicio prestado. Mientras que la segunda conversación también fue establecida con otro funcionario de la organización que se encargó de registrar la solicitud.

“Me pidieron un vehículo para sacar un féretro del cementerio (Recoleta) y trasladarlo hasta el Buen Pastor. La que llamó se identificó como Marian Vázquez, me dijo que solo querían un rato. Le dije que esto tendría un costo de G. 350.000 y me dijo que envíe nomás”, expresó.

En el audio difundido a través del programa “Duro de callar”, emitido por el canal GEN/Nación Media, el hombre sostuvo: “Yo también le pregunté si era funcionaria de la institución y me respondió que nos estaría esperando sobre la avenida Choferes y así fue. Nos sorprendió, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, pero ya estábamos ahí”.

En las conversaciones incluso se detalla que la factura a ser emitida fue dejada en todo el proceso de gestión en la adquisición del servicio en blanco, con la aparente intención de maquillar el gasto y rendir cuentas sin especificar de que la prestación fue a favor de los criminales.

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La gestión realizada desde la cárcel de mujeres demuestra que el gobierno del mandatario se mantuvo arrodillado ante las exigencias de Carmen Villalba, la cual consistió en que se resuelva inmediatamente su solicitud, de que el féretro de su hermano ingrese al Buen Pastor con la intención de despedirlo por un periodo de 5 minutos, tal como finalmente sucedió.

Por otra parte, evidencia que la orden de cumplimiento a la presión ejercida por Villalba habría partido directamente del propio Abdo Benítez ante la amenaza de amotinamiento, teniendo en cuenta que es la máxima autoridad del Ejecutivo.

Desmarcarse del escándalo le costará mucho al Gobierno, ya que mientras el jefe de Estado habla de un “error” y trata de carro­ñeros a la prensa que lo cuestiona por este privilegio sin precedentes a considerados terroristas, aparecen elemen­tos que comprometen seria­mente a leales ubicados en las instituciones que responden directamente al mismo, como es en este caso el Ministerio de Justicia.

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