El exministro de Justicia Éver Martínez refirió que el ingreso del féretro en el Buen Pastor debió contar, ineludiblemente con el visto bueno del presidente de la República. Foto: Nación Media.
Exministro de Justicia expresó que ninguna ley avalaba el ingreso del féretro en el Buen Pastor
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El ingreso del féretro de Osvaldo Villalba, uno de los líderes abatidos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para que su hermana Carmen Villalba, otra referente del EPP, se despida de él fue catalogado por el exministro de Justicia Éver Martínez como un privilegio escandaloso por parte del Gobierno. A decir del exsecretario de Estado, ninguna ley avala lo acontecido el martes para que el cuerpo del abatido sea acercado a su familiar en la penitenciaría.
“Más allá del bochorno público a nivel mundial al cual nos han expuesto con todas las acciones de ayer, me gustaría hacer una rescisión del marco legal que afecta a este tipo de hechos. No hay ningún tipo de posibilidad de que el féretro pueda ingresar al penal, sea cual sea el caso”, informó el exministro de Justicia en el programa “Show de Noticias”, por GEN/Nación Media.
Aclaró que el Código de Ejecución Penal contempla el permiso a ser otorgado por el director de una penitenciaría, dadas ciertas condiciones, para que el recluso asista al sepelio o velorio. No obstante, en el caso de Carmen Villalba no se contempla el beneficio y ante la ausencia del cumplimiento de esas condiciones, no existe una alternativa como acercar el féretro de su hermano hasta el Buen Pastor.
Ante la posibilidad de que el ingreso del féretro haya constituido un hecho aprobado o del cual el Presidente se encontraba al tanto, Martínez manifestó que no se podría descartar esa apreciación. Refirió además que la destitución del ministro de Justicia y la directora del penal del Buen Pastor constituyó únicamente una acción desarrollada para justificar la inoperancia tras una orden superior.
“El exministro Taboada poseía cuatro años de experiencia como viceministro de Justicia, poseía conocimientos en derechos humanos y se supone que debe conocer la normativa. Por lo cual, esto claramente tiene un tinte de orden superior, donde son otras personas quienes pagan las consecuencias y ante la miopía del Gobierno no se pudo determinar el escándalo que generarían estos hechos”, aseveró.
Barchini solicitó la intervención de Alliana para avanzar con tres proyectos legislativos
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El ministro de Justicia, Ángel Barchini, se reunió este lunes con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, a fin de solicitar su intervención en el Congreso Nacional sobre los proyectos de leyes que tienen que ver con la seguridad penitenciaria. El alto funcionario indicó que la reunión se dio ya que el segundo del Ejecutivo tiene el rol constitucional de ser nexo con el Legislativo.
“Constitucionalmente, el vicepresidente de la República es el que tiene el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nosotros tenemos tres proyectos de leyes que están hoy a consideración del Congreso de la Nación”, refirió Barchini en conversación con los medios de comunicación.
Una de las iniciativas citadas por el ministro es sobre el pabellón de máxima seguridad en las penitenciarías y, para tratar sobre este tema, adelantó que mediante la gestión del vicepresidente Alliana ya se concretó una reunión con senadores.
“Uno de ellos de extrema importancia porque habla del pabellón de máxima seguridad, donde están los delincuentes más peligrosos de este país que necesitan de un tratamiento diferenciado y para lo cual hemos llegado hasta el vicepresidente; mañana tenemos, mediante su gestión, una reunión en el Congreso con los senadores justamente para tratar ese tema”, apuntó.
Ley del agente penitenciario
Otro proyecto se trata de la ley penitenciaria, que también fue abordado con el segundo del Ejecutivo. “Todo lo que ocurrió durante tantos años en las cárceles nunca se podría haber hecho sin el auxilio de los funcionarios penitenciarios, que respondían más a los clanes criminales que al propio ministro de Justicia y que al Gobierno nacional”, lamentó Barchini.
Agregó que esta situación ya empezó a cambiar con la instrucción de nuevos agentes penitenciarios, que fueron entrenados en las Fuerzas Armadas de la Nación, por instrucciones del propio presidente de la República, Santiago Peña.
“Vamos a dejar un legado en el futuro, más allá de que sea o no sea ministro, eso no pasa por ahí, sino una política de Estado paraguayo, que es la ley penitenciaria. Para ello es importantísimo el Congreso de la Nación y me dijo el vicepresidente de la República que él personalmente se encargaría de gestionar la aprobación de esta ley”, refirió.
Ley institucional
El tercer proyecto, no menos importante, es la ley institucional del Ministerio de Justicia, el cual cuando fue separado del Ministerio del Trabajo, toda la parte orgánica y jurídica se la llevó la cartera dedicada al ámbito laboral, explicó el ministro Barchini.
“Nosotros obviamente necesitamos una estructura jurídica que nos permita ser el nexo entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el fin final del derecho penal es la reinserción y reinstaurar a las personas privadas de libertad en un programa, que tenemos mucho apoyo del presidente de la República, del despacho de la primera dama, y estamos trabajando fuertemente”, sentenció.
El ministro de Justicia Ángel Barchini afirmó que durante el operativo Veneratio no se negoció en ningún momento con Javier Rotela para ingresar a Tacumbú. Foto: Archivo
Ministro de Justicia reafirma que el Estado no negociará con el crimen organizado
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El ministro de Justicia, Ángel Barchini, reiteró que el Estado paraguayo no negociará con el crimen organizado, recordando el operativo Veneratio, donde se redujo al principal operador de hechos delictivos desde la penitenciaría de Tacumbú, Javier Rotela. Recordó que, durante este operativo, como ministro, nunca negoció con el mismo.
“Creo que soy el único ministro que nunca fui a negociar con Rotela, nunca. Si bien es cierto, tuvimos algunos, tira y afloje para ir llegando al día que teníamos que hacerlo, pero personalmente yo nunca negocié con él, nada”, indicó en entrevista para la 1020 AM.
Afirmó además, que no solo el ministro, sino el Estado no debe negociar con ningún criminal en el país. “El ministro, la autoridad, el Estado paraguayo no puede negociar con criminales, en ningún caso”, expresó el secretario de Estado.
Barchini recordó, además, que existieron reglas impuestas por Rotela en Tacumbú, antes del operativo Veneratio, uno de ellos que un ministro de Justicia no podría pasar del segundo portón de la penitenciaría.
“Yo como ministro de Justicia del Paraguay no podía pasar el segundo portón de Tacumbú, entraba y hasta ahí podía llegar, el segundo portón ya tenía que pedir autorización al señor Javier Rotela”, refirió.
Contó también que Rotela contaba con 8 de las 18 cárceles eran manejadas por él, además “había gente que estaba dispuesta a morir por él, la venta del crack, de la cocaína, para ser miembro del clan Rotela uno tenía que ir a pasar una prueba de asesinar y hacerse líder en el barrio”.
Mencionó además que el operativo Veneratio tenía un alto riesgo administrativo, no solo sobre su posición como ministro, sino un gran riesgo para el presidente de la República, Santiago Peña, si algo salía mal en este operativo.
“Una situación complicada, una situación que podía costarle el cargo, que me echen a mí es lo de menos, me hacían un favor probablemente, pero podía costarle el cargo al presidente de la República, con 300 o 500 muertos que podía haber fácilmente si la operación Veneratio no se hizo como se tenía que hacer”, sentenció.
Hoy fue habilitado el Centro Penitenciario de Minga Guazú que empezará a recibir a los primeros trasladados de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Su capacidad es para 1.237 personas. Foto: Dolly Galeano
Minga Guazú: habilitan penitenciaría que se enfocará en la reinserción social
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El nuevo Centro Penitenciario de Minga Guazu fue habilitado hoy viernes para estar operativo en breve, con el primer grupo de personas privadas de libertad que será trasladado a dicho recinto desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
El ministro de Justicia, Ángel Barchini, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión y el gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres, se encargaron de la apertura oficial. Participaron diputados y demás autoridades locales. El penal está ubicado en el km 20, a 2 mil metros de la Ruta PY02.
El enfoque principal del centro penitenciario será la reinserción social de las personas privadas de libertad y para eso se estará trabajando con el gobierno regional para que las mismas tengan un oficio y puedan tener fuentes de trabajo que les permita reinsertarse a sus familias y a la sociedad, explicó Barchini durante el acto.
“Lo que queremos es trabajar en la reinserción de aquellas personas que estén en condiciones judiciales de hacerlo, es el mandato del presidente Santiago Peña, es lo que nos ordenó, estamos haciendo el esfuerzo para ello”, remarcó el secretario de Estado. También mencionó que todo el trabajo se enmarca en la gestión del nuevo modelo penitenciario que comenzó a implementarse “para que nunca más el crimen organizado intente controlar el Estado”.
Asimismo, relató sobre lo que encontraron cuando se inició el nuevo Gobierno. “Cuando llegamos al Gobierno encontramos tres centros penitenciarios muy mal realizados, sin ningún tipo de criterios, sin ninguna medida de seguridad, sin una estructura alrededor de las cárceles y, ante eso hubo el patriotismo y la decisión de nuestro presidente, al ordenar a todas las autoridades del Estado a poner en funcionamiento los tres centros penitenciarios”, refirió el ministro.
Destacó la agilidad que imprimió la ministra Claudia Centurión al trabajo de ajustes y terminación de la infraestructura dejada por el Gobierno anterior, para poner en condiciones el nuevo centro penitenciario. Provisión de agua, sistemas de seguridad y otras falencias tenía el edificio, cuya obra comenzó en el 2019.
“Inauguramos con 125 agentes nuevos que van a tener en sus acciones y en su ejemplo la posibilidad de no volver a caer en hechos de corrupción, o entregarse al crimen por dinero o por temor; oficiales penitenciarios, seré muy exigente con ustedes, aquellos que caen en actos de corrupción serán castigados, denunciados ante la Fiscalía porque, no tenemos margen de error”, mencionó. La capacidad del nuevo penal es de 1.237 PPL.
El primer grupo a ser llevado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazu está compuesto por 55 personas privadas de libertad, todas con condenas, de las cuales 40 serán ubicadas en celdas convencionales y 15 en el pabellón de máxima seguridad. Sobre esto, ya en conferencia de prensa, el ministro de Justicia dijo que ya están seleccionadas, pero faltan ajustes en los cuales el equipo encargado está trabajando.
“Son miembros de facciones, de alta criminalidad, sin posibilidad de reinsertarse”, los que conformarán ese primer grupo de habitantes de las celdas de máxima seguridad, según Barchini. “Dejen a mi cargo, los tengo controlados”, agregó.
Penal de Ciudad del Este seguirá con hacinamiento
El Penal Regional de Ciudad del Este cuenta con 1.603 personas privadas de libertad, de las cuales solo 569 fueron condenadas y, es de este grupo que se hizo la selección de quienes ya cumplieron con el 50% de su pena, para ser trasladadas al nuevo centro penitenciario.
Consultado el ministro de Justicia si con los números divulgados no se está manteniendo el mismo hacinamiento existente hoy, confirmó que es así, porque recibieron recintos penales con un resultado de 3 x 1 de superpoblación y en la diferencia entre prevenidos y condenados.
Sostuvo además que para cambiar esa realidad se trabajará con el Poder Judicial para agilizar los procesos, llegar a las sentencias mucho antes y evitar juicios largos. La implementación de las audiencias telemáticas serán parte de la agilización de los procesos y disminuir gastos, según lo explicado en la conferencia de prensa posterior al acto de habilitación del nuevo recinto penal.
El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, destacó que en la penitenciaría de Minga Guazú que será habilitada hoy se implementa un nuevo modelo en el que las personas condenadas estarán separadas de las procesadas. Foto: Gentileza
Centro de Reinserción Social: “Es un día histórico, cumpliremos un mandato obligatorio”
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“Hoy considero un día histórico para el Ministerio de Justicia y para el derecho procesal penal en Paraguay”, sostuvo el titular de la institución, Ángel Ramón Barchini, sobre lahabilitación del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, que se concretará este viernes al mediodía.
La penitenciaría contará con 1.237 plazas y pabellones de máxima seguridad con estrictos regímenes de encierro para los reclusos de mayor peligrosidad. “Cumpliremos un mandato obligatorio que obliga que las personas condenadas estén separadas de las procesadas. Esto se dará luego de una desidia, un abandono, una falta de gestión durante muchos años. El sistema penitenciario permeo la delincuencia, la corruptela, el crimen organizado”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El secretario de Estado detalló que del total de las plazas habilitadas, 82 lugares serán destinados para los reos de alta criminalidad “que no tienen ninguna posibilidad de recuperación o inserción, estarán absolutamente aislados. El presidente de la República apresuró los tiempos, ya que necesitamos descomprimir los centros penitenciarios”, sostuvo.
La puesta en funcionamiento de la penitenciaría forma parte del plan que apunta a disminuir el hacinamiento en las cárceles y a descomprimir la población penitenciaria. “Todas las cárceles están controladas por el Estado paraguayo, lo que no significa que no tengamos líderes criminales enseñoreándose sobre lo que lastimosamente sigue ocurriendo, las ventas de drogas, alcohol, salones vip”, remarcó.
Por otra parte, puntualizó que se prevé la firma de un acuerdo con la Gobernación de Alto Paraná, encabezado por César “Landy” Torres, con el fin de que los reclusos realicen labores comunitarias como parte de los programas de reinserción social.
“Esto nos permitirá que los reclusos con el perfil autorizado que hayan cumplido más del 50 % de la condena con autorización judicial puedan salir a trabajar en temas de empedrados, pinturas, limpieza de arroyos. Que la ciudadanía vea que ya hay gente que está en proceso de cuasi libertad y que ya están trabajando y que esto sirva también para descontar las penas que tienen que cumplir, es un trabajo donde se está dejando una política penitenciaria de Estado que no existía”, dijo.