“En este momento no es una opción“, manifestó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, al ser consultado sobre la posibilidad de que el gobierno del mandatario Santiago Peña concrete el pago de la deuda histórica que mantiene el Estado con el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Estamos hablando de más de 70 años de deuda y entendemos nosotros que no se encuentran dadas las condiciones para que actualmente cerremos esa deuda en un solo ejercicio”, afirmó Lovera, este martes, tras acudir a una reunión conjunta entre las comisiones de Presupuesto y Salud de la Cámara Alta.

A la vez, el titular del MEF sostuvo que actualmente el Poder Ejecutivo no se encuentra evaluando la posibilidad de emitir bonos para zanjar una parte de la deuda de la previsional equivalente a USD 800 millones, tal como se plantea desde el Senado.

El alto funcionario de Estado habló en torno a mecanismos de reingeniería financiera y refinanciación de deudas con bancos para priorizar compras de medicamentos e insumos. “Estamos acompañando el trabajo del IPS que esta haciendo un proceso de reordenamiento para identificar las prioridades . Esa propuesta que pasa por una iniciativa impulsada desde el Congreso Nacional actualmente no es considerada“, indicó a los medios de comunicación.

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Semanas atrás, el senador colorado Juan Afara presentó el proyecto que declara en emergencia al Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS e incorpora mecanismos de financiamiento específicos, entre ellos, la emisión de bonos, empréstitos con organismos multilaterales y otros instrumentos financieros con el propósito exclusivo de adquirir medicamentos, insumos médicos, equipamientos y contratación de personal, sin usarse para el pago de deudas.

La propuesta plantea que el Estado honre su aporte pendiente al sistema de salud, equivalente al 39 % de los recursos, unos USD 304 millones. El proyecto de ley propone obtener esos fondos mediante emisión de bonos u otros mecanismos gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Estamos trabajando con el Consejo de Administración del IPS a través de la presidencia del doctor Isaías Fretes para ver un diagnostico y un cierre de las necesidades de la previsional para poder acompañar ese proceso de gestión que actualmente él está llevando adelante”, puntualizó.

Al ser consultado por la emisión de bonos para la construcción de rutas, Lovera comentó que “estamos priorizando una visión de desarrollo en este momento”.

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La edición de la Expo & Foro Che Róga Porã reunió a cerca de 3.500 personas durante el sábado y domingo en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, organizada por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El encuentro tuvo como objetivo acercar a las familias opciones habitacionales, alternativas de financiamiento e información para acceder a la vivienda propia, además de consolidarse como un espacio de articulación entre el sector público, las entidades financieras y las desarrolladoras inmobiliarias.

De acuerdo con la organización, la actividad se realizó en el marco del segundo aniversario de Che Róga Porã, programa que acumula más de 6.660 créditos aprobados y en análisis, por un monto superior a USD 300 millones. Asimismo, destacaron que la iniciativa ya tiene presencia en los 17 departamentos del país y que su ejecución contribuyó a generar o mantener más de 52.000 empleos, principalmente en el sector de la construcción y actividades vinculadas.

Durante ambas jornadas, los asistentes recorrieron los espacios de desarrolladoras inmobiliarias, bancos, financieras y cooperativas, donde pudieron conocer proyectos de viviendas y departamentos, además de recibir asesoramiento sobre líneas de crédito, requisitos y modalidades de acceso al programa habitacional.

En la inauguración oficial, el presidente Santiago Peña afirmó que, en sus primeros dos años, Che Róga Porã permitió que miles de familias iniciaran el camino hacia la vivienda propia, al tiempo que impulsó la generación de empleo para albañiles, electricistas, plomeros, proveedores y otros trabajadores del sector de la construcción. “Hoy son 6.600 familias que ya han dado el primer paso”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, recordó que el programa fue diseñado para que las familias puedan reemplazar el pago mensual del alquiler por la cuota de una vivienda propia. Además, informó que los USD 200 millones asignados inicialmente al programa están próximos a agotarse, por lo que ya se iniciaron las gestiones para obtener una nueva línea de financiamiento que permita ampliar la cobertura de la iniciativa.

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La presidenta de la AFD, Stella Guillén, sostuvo que el impacto del programa va más allá del acceso al financiamiento habitacional, al considerar que también fortalece la confianza entre la ciudadanía y el Estado mediante políticas públicas con resultados concretos.

En paralelo, el foro desarrolló cuatro paneles especializados sobre educación financiera, desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, revitalización urbana y el balance de los dos primeros años de Che Róga Porã, con la participación de representantes del sector público, entidades financieras, desarrolladores inmobiliarios y referentes de la construcción.

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La Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados dictaminó a favor de la aprobación del proyecto de ley que “declara en estado de emergencia vial la Avenida Tsunesaburō Makiguchi que une las ciudades de Luque y Limpio, departamento Central”.

Según la fundamentación de la propuesta legislativa, se quiere posibilitar la ejecución de obras que permitan revertir el deteriorado estado que presenta la vía, generando riesgos para miles de usuarios. “La iniciativa plantea establecer un régimen de emergencia por 180 días, con el objetivo de permitir la ejecución urgente de obras de reparación, mantenimiento y mejoramiento integral de esta importante conexión vial”, señaló el diputado José Avalos, presidente de la citada comisión asesora.

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El parlamentario explicó que el citado tramo diariamente es utilizado por ciudadanos que se trasladan por motivos laborales, comerciales, educativos y para acceder a servicios esenciales. En ese sentido, señaló que la avenida constituye un corredor estratégico para el departamento Central, atravesando zonas de gran crecimiento poblacional, residencial y productivo, como la compañía Itapuamí, el barrio Isla Aranda y otros sectores de alta circulación vehicular.

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El asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, reveló la estrategia de “alivio financiero” que impulsa la previsional para que el 75 % del presupuesto para medicamentos se pueda pagar en cuotas bancarias de corto plazo. La propuesta de Pereira no es solo desplazar vencimientos en lo inmediato, sino buscar un marco legal que permita reestructurar la deuda a 10 años (con 2 años de gracia) y emitir bonos.

Invitado en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, señaló que el actual presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, inició una serie de visitas a los distintos centros de atención, acompañado de la gerencia de abastecimiento y logística. Justamente, para empezar a inventariar no solamente las necesidades insatisfechas y la falta de medicamentos, sino también para medir la fuerza laboral médica.

Señaló que, a partir de ahí, están inventariando, incorporando una auditoría médica, acompañando a la auditoría a la administrativa normal como para medir las distintas órdenes de servicio que se solicitan. “El reto va a estar en, primero, saber cuánto tenemos y en base a eso dosificar lo que se necesita y en vez de tener para dos años para ir acortando en base al universo de los más de 500 medicamentos que componen el vademécum”, precisó.

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Mencionó que está acompañando esta etapa difícil para poder concretar financieramente todos los pasos que se puedan dar, no solamente para corregir esta situación desplazando vencimientos a fin de ganar tiempo. Pero, aclaró que de ninguna manera tiene que ser un sustituto a una reprogramación integral de la deuda.

Reconoció que la deuda total del IPS asciende a unos USD 1.265 millones (USD 800 millones con bancos y USD 400 millones con proveedoras) y que actualmente solo se cubre el 25 % de las necesidades operativas/medicamentos debido a la asfixia de las cuotas bancarias.

“Ese 25 % que resulta insuficiente, eso se deriva de la concentración en su mayor porcentaje, que es el 75 % restante, en atender las cuotas que el Fondo de Salud tiene con el sector bancario. Como esas deudas provienen de arreglos de deudas anteriores, créditos sindicados, cesiones de crédito de años anteriores, pero que todos son de corto plazo, ese cortoplacismo hace de que las cuotas sean demasiado grandes”, comentó.

El asesor del IPS aclaró que no se trata de una refinanciación, que se realiza cuando la deuda ya está vencida, y que la institución no se encuentra en incumplimiento de ningún tipo de obligación. La reestructuración parcial “es apenas una medida paliativa para tener un semestre más tranquilo y asegurarle a la gente que no le falte medicamento”, remarcó.

Pereira explicó que ahí recién empieza el verdadero desafío de aprovechar esta situación crítica y establecer un mecanismo legal que le permita al IPS poder tomar una deuda o emitir bonos local, de manera de que se pueda tener una reprogramación de deuda a 10 años, con mínimo 2 años de gracia y con un mecanismo de blindaje.

El asesor señaló que estará trabajando para que el IPS cuente un instrumento legal que contemple sus características de entidad autónoma, autárquica y descentralizada, con el objetivo de que pueda depender de sí misma porque tiene flujos importantes. “También trabajamos en forma simultánea y multifrontal, porque no solamente acá es arreglar la deuda, también tenemos que tomar medidas para aquellos que le deben al IPS, empezando por el Estado”, señaló.

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