El diputado Walter Harms considera que para plantear un proyecto de ley que aumente el salario de los trabajadores se debe primero analizar si el Estado está en condiciones de seguir otorgando más beneficios. Aclaró que particularmente cree que todos los funcionarios públicos deben estar nombrados y no pasar por el tedioso momento de renovar sus contratos cada seis meses.

“Yo soy siempre un defensor de las reivindicaciones del empleado, pero hay que ver las condiciones. Yo no sé si el Estado está en condiciones de seguir soportando aumentos de salarios”, señaló Harms en contacto con La Nación/Nación Media.

Afirmó que cuando se habla de un incremento salarial se toca un aspecto muy sensible. “Quién es el que no quiere ganar mejor y quién no necesita ser reivindicado. Pero es muy difícil, no sé si es populismo también porque a lo mejor es justicia”, indicó.

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El legislador itapuense se mostró a favor de que el funcionariado público en general acceda a una estabilidad laboral a través del nombramiento. “Yo estaría de acuerdo en que de ser posible todos los funcionarios públicos sean nombrados y no contratados, para no pasar por ese martirio de cada seis meses estar pendiente si le recontratan o no. Estar sujeto a la zozobra de si responde al oficialismo o no. Yo me pongo en la piel del trabajador y a mí me duele esa inseguridad que tienen al ser contratados”, manifestó.

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Cautela

“Cuando se trata del salario del trabajador, yo soy muy cauto. Ojalá todos ganen igual, ojalá todos ganen un sueldo digno. Pero hay que ver las condiciones que tiene el Estado en este momento de soportar esa carga salarial”, reiteró.

La Nación requirió la opinión del legislador considerando que obra en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca que los agentes penitenciarios contratados perciban una remuneración por exposición al peligro.

El proyectista, el senador Abel González, alegó que se cometió una gran injusticia con los agentes penitenciarios en cuanto a los beneficios que se les otorga a los que son nombrados. Afirmó que el personal contratado corre el mismo peligro, puesto que está en el mismo lugar y hace el mismo trabajo que los presupuestados.

Detalló que el proyecto prevé aumentar el salario de los contratados “un 50% como bonificación hasta que sean nombrados”. Mencionó que después de 36 meses de trabajo, los mismos por ley serán desprecarizados y pasarían a ser nombrados.

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