Ante las predicciones de un eventual aumento cercano a G. 60.000 millones al proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN 2023), según indicó el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, pidiendo prudencia a las autoridades; desde la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) advierten que la aprobación provocará una “caída total” del clima de negocios, además de afectar la cadena de confianza y de financiamiento de toda la estructura productiva.
Al respecto, el presidente de este gremio, César Jure, indicó, en comunicación con radio 800 AM, que coinciden con la iniciativa de responsabilidad de mantener las cuentas en orden. Señaló que, si bien existen muchas necesidades en el país, así como muchas demandas que son habituales en esta época del año, pretender dar respuestas a todos de esta forma, en víspera de elecciones internas puede tomarse como campañas proselitistas irresponsables de algunos políticos que están también con su representación en el Congreso.
Jure advirtió que, de ser aprobada la ley del PGN, “se afectará mucho la cadena de confianza y de financiamiento de toda la estructura productiva”, insistiendo que “el clima de negocios caerá totalmente por falta de respeto a las reglas establecidas”.
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Lamentó que ciertos políticos toman este camino para ganar simpatía y asegurar votos. “Eso me parece pernicioso, peligroso porque las consecuencias a la gestión administrativa y a la prudencia administrativa van a quedar muy alteradas y va ser muy difícil después retomar el camino. Ellos están tomando esto como un instrumento para satisfacer a sus acólitos, pero me parece que son iniciativas de alguna manera irresponsables que afectan a toda la economía de todo el país”, indicó.
Asimismo, dijo que lo que solicitan al Poder Ejecutivo, en caso de que surjan este tipo de iniciativas desde el Congreso, es trabajar en base a la opinión pública y el ambiente político para que eventualmente se acepte el veto, como fue el caso de las bonificaciones extraordinarias a exfuncionarios de Itaipú.
“Estamos apelando a los políticos a reflexionar sobre esta postura y finalmente, aunque genere una actitud de antipatía, obligue al Ejecutivo a tomar acciones de veto, y luego trabajar en la opinión pública y sobre todo con los legisladores para que acepten el veto”, acotó.
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