“En la pandemia quedó claro que nosotros nos podemos prender fuego y a nuestros representantes les da igual, entendí que era momento de una nueva clase política”, remarcó Rubén Rubin. Foto: Gentileza.
“Entendí que era momento de una nueva clase política”, asegura aspirante a diputado
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Rubén Rubin desde muy corta edad se encontró en el ámbito de la información y los medios de comunicación, esto lo llevó a capacitarse en España en producción televisiva y cine, siempre con la visión de poder generar en Paraguay un impacto en la calidad de producción audiovisual. La política llegó a su puerta en medio de la pandemia, donde con el abandono del Gobierno y la mala gestión se dio cuenta de que el cambio está en manos de los jóvenes.
“En la pandemia quedó claro que nosotros nos podemos prender fuego y a nuestros representantes les da igual, entendí que era momento de una nueva clase política”, remarcó Rubin en una entrevista con La Nación/Nación Media; el mismo aspira ahora a ocupar un puesto en la Cámara de Diputados, de la mano de la Alianza Encuentro Nacional.
El candidato destacó que uno de sus pilares de trabajo en los que se volcará de manera urgente será poder encontrar mecanismos que ayuden a la lucha contra la inseguridad, la cual, según manifestó, es la principal problemática con la que se encuentra el país. “Inseguridad ahora mismo es lo más importante, la economía se estancó, el desempleo subió y la consecuencia es el incremento de la inseguridad”, manifestó.
Comentó además que la inseguridad se ha convertido en una constante, que provoca que los ciudadanos vivan en zozobra y en muchos casos deben desarrollar sus actividades con miedo a falta de mecanismos que refuercen la seguridad.
Otro de los puntos en los que trabajará de llegar al Congreso Nacional es la calidad y mejora del transporte público, Rubin reconoce que el abandono en esta materia social viene arrastrándose por años y esta situación propicia a que no se regule la vida útil de los colectivos ni su estado óptimo para el servicio, sin mencionar el hecho de que ninguna línea cuenta con horarios fijos ni puntos de parada obligatoria, haciendo que los usuarios no puedan confiar en el servicio.
“Tenemos una superpoblación de planilleros que ingresan como cupo político, el dinero público en lugar de ir a los amigos, debería ir a seguridad, salud y educación”, sentenció el joven aspirante al Congreso, remarcando que el gasto público y su mejor y óptima utilización serán central en su agenda como diputado.
Diputados consideran inconstitucional propuesta de cadena perpetua solapada
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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com.
Los diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, consideran que la propuesta presentada por su colega Rubén Rubin que plantea la prisión permanente revisable sería inconstitucional porque en esencia es una cadena perpetua solapada al plantear elevar las condenas a 90 años.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la diputada Abed, líder de la bancada oficialista, comentó que los casos de crímenes que tuvo por víctimas a niñas como Melania y María Fernanda, han destrozado la moral y verdaderamente interpela a todos como sociedad, porque el sistema falló y no se pudo proteger a esas niñas.
Indicó que, si bien esta situación genera un sentimiento colectivo, lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el Derecho Penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.
“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de Prisión Permanente Revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua simple y llanamente bajo otro título”, explicó Abed.
La diputada Rocío Abed se opuso al planteamiento que busca establecer penas de 90 años. Foto: Gentileza
Derecho a la reinserción social
Señaló que el planteamiento deviene inconstitucional, en razón de que al establecer penas excesivamente elevadas (90 años) no se abre la posibilidad, en ningún caso, de prever un margen de acceso a uno de los preceptos constitucionales consagrados en su artículo 20, que es el de la reintegración del individuo a la sociedad.
“Debemos evitar caer en el populismo punitivo. Si bien, la Prisión Permanente Revisable es una figura interesante, adoptada por varios países democráticos, esta debe basarse en dos principios fundamentales: 1) la proporcionalidad de la pena frente a crímenes particularmente aberrantes y 2) la posibilidad de revisión que garantice el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.
Agregó que estaría de acuerdo en una propuesta seria, estudiada y a luz de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Nacional, con el aporte de expertos, la cartera competente y legisladores podría ser factible, legítima y sobre todo compatible con la Carta Magna. Teniendo en cuenta la doble finalidad constitucional de las penas privativas de libertad, las cuales son la protección de la sociedad y, por el otro, la readaptación del condenado.
Reducir la prisión preventiva
A su turno, el diputado Rodríguez indicó a esta redacción que esta semana última tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas, atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.
“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.
El diputado Derlis Rodríguez considera que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen la Constitución. Foto: Archivo.
Igualmente, coincidió que lo que se debe trabajar más profundamente son en los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, señaló.
Por lo expuesto es que considera también que el planteamiento de su colega va en contra posición a lo que establece las leyes. “Por sobre todo, no es lo que el espíritu constitucional tiene. Además, debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, refirió Rodríguez.
Finalmente, indicó que la Constitución Nacional coloca un fuerte énfasis en la rehabilitación y reintegración de los condenados, lo cual es reflejado en el artículo 20. “Este enfoque busca no solo proteger a la sociedad, sino también ofrecer a los infractores la oportunidad de redimirse y contribuir positivamente a la comunidad, un principio que se encuentra en el corazón de la justicia restaurativa”, concluyó.
Duarte Cacavelos: proyecto de Rubin es inconstitucional y desconoce principios básicos del Derecho Penal
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El abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó duramente el proyecto de ley presentado por el diputado Rubén Rubin, que propone incorporar la figura de la prisión permanente revisable y elevar las penas privativas de libertad a niveles que podrían superar los 90 años. Según el constitucionalista, la propuesta es contraria a los principios establecidos en la Constitución y contiene además ciertos errores.
“No hay ninguna vuelta, es inconstitucional”, aseveró el abogado y explicó el por qué es inviable la propuesta presentada por el diputado independiente. “Se plantean cuestiones que hoy tienen una motivación claramente populista desde la misión de persona pública que está ahí por votos”, añadió.
Duarte Cacavelos afirmó que analizó la propuesta legislativa impulsada por Rubin y detalló que la redacción contiene problemas constitucionales dado que se habla de la cadena perpetua y de penas muy elevadas para lo cual se establece un límite en la regulación constitucional.
“En el artículo n.° 20 establece claramente cuáles son los fines de la pena y cómo se justifica la aplicación de una pena que debe tener como finalidad, aparte de la protección a la sociedad, debe servir para readaptar a una persona, si se dispone de una cadena perpetua se está violando ese artículo que consagra que se tiene como misión que la persona se readapte a una vida sin delinquir”, señaló.
El abogado además mencionó que por la forma en que se plantea el proyecto, quedó en evidencia el gran desconocimiento del sistema jurídico penal, puesto que desconoce figuras que ya existen en el Código Penal Paraguayo, y como ejemplo, mencionó que se describe al “dolo eventual”, como si fuera un elemento que no existe actualmente en la normativa paraguaya.
“Lo cual es una falacia, actualmente están castigados los hechos punibles dolosos en todas sus formas. Después desconoce la punibilidad de la tentativa, porque empieza a describir que también se castiga la tentativa en ciertos crímenes y en la parte general del Código Penal se establece ya que la punibilidad de la tentativa se establece en todos los crímenes, solo en los delitos se debe regular la tentativa, y eso también se desconoce”, sostuvo.
Como otro de los puntos cuestionados del proyecto, hizo mención del desconocimiento de la existencia de la regla para aumentar marcos penales en casos de concurso de hechos punibles. Indicó que si se aplica lo planteado por Rubin, se podrían llegar a penas de más de 130 años. “Claramente se desconocen las reglas vigentes y existentes”, enfatizó.
Diputado aboga por ampliar modelo económico del país para la atracción de inversiones
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“Paraguay necesita voltear la mirada y tener más asociaciones estratégicas con países que nos puedan ayudar a mejorar la inversión estratégica y nuestras exportaciones”, afirmó el diputado Hugo Meza, instando a ampliar las relaciones bilaterales con la República Popular China, tras realizar un reciente viaje a Beijing.
“Debemos abrir una discusión, un debate sano. Yo no digo que debamos romper relaciones con Taiwán, no desconozco la ayuda que nos dio en concepto de donación, cooperación, pero necesitamos un nuevo trato, en un nuevo orden mundial bastante convulsionado y donde nuestro país necesita cambiar su modelo económico, que seamos abiertos al mundo y que seamos capaces de poder atraer grandes inversiones“, indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Meza dijo que su planteamiento es respaldado por varios de sus colegas, quienes resaltan la economía fuerte de mercado que logró construir la República Popular China durante 40 años de apertura comercial.
“Hoy está compitiendo con Estados Unidos para convertirse en potencia mundial en varios sectores, cuenta con una balanza comercial bastante importante. China actualmente es un mercado con más de 1.400 millones de habitantes y podría ser un aliado estratégico para Paraguay", refirió.
Meza detalló que el segundo destino más importante para la fijación de inversiones por parte de la República Popular China es Latinoamérica con más de USD 6.000 millones de inversión en infraestructura, generación de energía entre otros rubros de movilidad económica.
“Imaginemos por un minuto si pudiésemos lograr que el 1 % de esas inversiones que vienen en la región, venga a nuestro país, estamos hablando de USD 60 millones. Esto dinamizará mucho nuestras exportaciones”, comentó el parlamentario, quien visitó la nación asiática por invitación de la Unión de Partidos Latinoamericanos (Upla), organización de centro y centroderechade América.
Penas de 90 años es inviable por Constitución, advierte diputado Gamarra
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El diputado Rubén Rubin presentó este martes un proyecto de ley que incorpora la prisión permanente revisable y además la posibilidad de una pena privativa de libertad máxima de 90 años. Su colega, el legislador Rodrigo Gamarra, advirtió que la Constitución no da lugar a eso y que el fin constitucional es la reinserción social.
“El camino correcto es la reforma constitucional, hoy tenemos la limitación constitucional y el camino sería cambiar la Constitución, ese es el camino, esto no podemos ni siquiera debatir porque no está permitido por la Carta Magna. Por más de que aprobemos en el Congreso, el presidente va a tener la obligación de vetar el proyecto, entonces es una pérdida de tiempo”, alegó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el parlamentario manifestó que esta iniciativa no representa una solución real para una sociedad que está hastiada de la inseguridad, de los crímenes extremadamente violentos y que esperan sanciones más severas, dado que la Constitución no permite lo planteado por el diputado Rubin en su propuesta legislativa.
El diputado Rodrigo Gamarra advirtió sobre la inviabilidad del proyecto presentado por su colega. Foto: Gentileza
El artículo 20 de la Constitución contempla lo siguiente: “Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad”. Sobre esto Gamarra señaló, “la Constitución no menciona la cadena perpetua ni pena de 90 años, pero habla de que toda pena debe tener un fin resocializador, no es meramente punitivo, no se admiten penas inhumanas ni que anulen la posibilidad de reinserción, ese es el espíritu que transmite este artículo”, explicó.
Gamarra valoró la intención de su colega de plantear penas más duras y manifestó estar de acuerdo con la necesidad de elevar la las condenas “estoy a favor de penas mucho más severas”, sobre todo teniendo en cuenta los casos que se dieron en los últimos tiempos que conmocionaron a todo el país, no obstante, reiteró que la Constitución pone un freno a este tipo de intenciones.
“Soy uno de los que repudia que la gente que nos hace daño socialmente entre y salga como Juan por su casa de la penitenciaría o escape de la justicia tan libremente, pero primero hay que tener el coraje de impulsar una reforma constitucional porque hoy la Constitución prohíbe ese tipo de penas, es ilegal”, sostuvo.