En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores se aprobó la propuesta con modificaciones sobre formular una denuncia ante el Ministerio Público contra el fiscal Lorenzo Lezcano, con 26 votos a favor, 8 en contra y 11 ausencias. La propuesta fue impulsada por la senadora Desirée Masi.

La modificación consistió en la exclusión de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, como otra persona a ser investigada; no obstante, los senadores que se encontraban en contra de la propuesta manifestaron que con esta aprobación, la Cámara Alta se toma atribuciones que no le corresponden.

“Si esto llegaba a la Comisión de Asuntos Constitucionales o a la de Legislación tendría un rechazo unánime. El Código Penal faculta a todas las personas a denunciar un hecho punible, entonces, tenemos que analizar la facultad del Senado como persona jurídica para promover una denuncia penal de este tipo porque tienen esa atribución en el sentido legal y mucho menos en la Constitución Nacional”, expresó el senador Sergio Godoy, explicando por qué la propuesta legislativa no debía aprobarse.

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Del mismo modo, citó el Código Civil, que no reconoce como personas jurídicas al Senado y remarcó también que no se cuenta con ninguna reglamentación que otorgue a la Cámara Alta la posibilidad de presentar una denuncia, por lo cual se puede interpretar que el proyecto de ley no cuenta con la facultad para plantear y formular una denuncia contra un agente del Ministerio Público.

“Aparte de los argumentos jurídicos, creo que también existe una cuestión política importante, la cual está relacionada con el respeto a la autonomía de las instituciones. El Senado no posee una legislación activa para hacer una denuncia porque sería ejercer presión sobre otro poder del Estado”, subrayó por su parte el senador Enrique Riera.

Puntualizó que le resulta importante no entrar en el debate de que lo político se antepone a lo jurídico, aparte de tener en cuenta que, pese a que fueron elegidos para representar a la población en el Parlamento, eso no garantiza que los congresistas puedan violar la ley o la propia constitución.

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