El desplome de una construcción y la muerte de dos personas en Encarnación, en una obra que blanqueó sus irregularidades con una multa es lo que la oposición califica de “ataque” al intendente de Encarnación, Luis Yd, al que disfrazan de víctima y perseguido político.

El autodenominado “Bloque democrático” emitió un comunicado en la víspera para expresar su preocupación por la “persecución” contra el intendente de Encarnación, Luis Yd. Los planos aprobados para la ejecución de esta obra autorizaban hasta cinco pisos, pero el edificio finalmente llegó a ocho niveles, es decir, tres pisos más de lo permitido, sin siquiera notificar o iniciar una solicitud de permiso.

La organización del funeral del papa Francisco entró en su etapa final este viernes, último día de capilla ardiente que recibió ya a más de 128.000 fieles. Presidentes, monarcas y autoridades de todo el mundo, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, estarán presentes el sábado en las exequias del primer pontífice latinoamericano, fallecido hace cuatro días a los 88 años.

Los miles de fieles recorrieron la nave central de la imponente basílica de San Pedro para despedirse durante unos segundos del jesuita argentino. El último balance oficial del Vaticano es de 128.000 personas entre las 9:00 GMT del miércoles, cuando comenzó la capilla ardiente, hasta las 6:00 GMT del viernes

La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, sostuvo que como grupo ya realizaron 9 denuncias, de las aproximadas 46 que soporta el intendente Miguel Prieto. Sin embargo, cuestionó que el Ministerio Público avanza muy lento en los procesos, mientras Prieto se posiciona como un perseguido político.

“Miguel Prieto hace una buena campaña política, hace esas publicaciones permanentes de que es una persecución política, que él es el único opositor del país, por eso le persiguen mucho”, indicó en entrevista en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En medio de las inundaciones que afectan a varios distritos del departamento de Concepción, el programa de alimentación escolar Hambre Cero no se detiene.

A pesar de que algunas zonas están completamente aisladas por tierra debido a las lluvias —con registros de hasta 150 milímetros en pocas horas—, las empresas encargadas del suministro de alimentos activaron operativos especiales para garantizar el servicio.

La Asociación Nacional Republicana (ANR) organiza la Expo Posgrado 2025, un evento educativo que se llevará a cabo el viernes 2 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, en la sede de la Junta de Gobierno. La feria reunirá a más de 10 universidades nacionales e internacionales, ofreciendo una amplia gama de programas de maestrías, doctorados y especializaciones diseñados para impulsar el desarrollo profesional de los asistentes.

“Van a venir muy buenas universidades y hay una gran oferta de posgrados”, dijo Enrique López Arce, a la 89.9 FM. El director de la Oficina de Empleo de la ANR, mencionó que una de las casas de estudio que estará es la Universidad Metropolitana de Asunción, que ofrecerá descuentos especiales a los interesados. Algunas de las áreas que ofrece esta universidad son áreas de salud, didáctica y opciones de doctorado.

Este jueves, la Audiencia Nacional - Sala de lo Penal de Madrid, Reino de España, dispuso que Gianina García Troche, esposa del presunto narco Sebastián Marset, quien es requerida en Paraguay por el caso A Ultranza Py, sea extraditada.

La extradición a Paraguay será ejecutada de manera directa, ya que fue aprobada en todas las instancias del sistema de justicia, y por el Consejo de Ministros del Reino de España, y ante la reciente renuncia a la solicitud de protección internacional del asilo que había sido articulada por la extraditable García Troche, segùn informó la Fiscalía Nacional este viernes.

La entrega de Gianina García Troche a las autoridades del Paraguay se ejecutará con la participación necesaria de las oficinas centrales de Interpol de España y de nuestro país.

La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, sostuvo que como grupo ya realizaron 9 denuncias, de las aproximadas 46 que soporta el intendente Miguel Prieto. Sin embargo, cuestionó que el Ministerio Público avanza muy lento en los procesos, mientras Prieto se posiciona como un perseguido político.

“Miguel Prieto hace una buena campaña política, hace esas publicaciones permanentes de que es una persecución política, que él es el único opositor del país, por eso le persiguen mucho”, indicó en entrevista en programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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En este sentido, refirió que Prieto logra desviar la atención, de la ciudadanía principalmente, sobre los hechos irregulares denunciados durante su administración. “Nadie analiza realmente si los hechos de corrupción, que nosotros por lo menos hacemos, que están bien documentados, que son serios, porque trabajamos bastante bien en ese tema de investigación, la gente no mira”, lamentó Montiel.

Sostuvo además que Prieto cuenta con un ejército de operadores políticos para sostener su discurso. “Tiene muchos operadores políticos, tiene un sistema que le maneja el tema comunicacional, entonces él se pasa haciendo estas comunicaciones, estas chicanas, chicanas inclusive a la ciudadanía porque dice que es un perseguido, que él está contra el sistema y el sistema está en contra de él porque es el único en el Paraguay que puede salvar el país”, señaló.

Esta situación también marca una división en la ciudadanía, por un lado, lo que compran el discurso de Prieto y por el otro, los que realizan las denuncias de corrupción. “Estamos divididos porque estamos los que demostramos realmente que él es un corrupto, así como todo su equipo que está con él, ahora sumado a los concejales, porque en la primera etapa no eran los concejales, ahora son todo su equipo, todo esto apañan y hay una campaña permanente que es un perseguido político”, sentenció.

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El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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