Euclides Acevedo mencionó además que siempre sedujo ocupar ese cargo, sin embargo, en este momento se encuentra enfocado en llegar al Poder Ejecutivo. Foto: Cristóbal Núñez.
Acevedo confirma que le ofrecieron la FGE a cambio de su candidatura
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El precandidato a la Presidencia Euclides Acevedo confirmó que le ofrecieron la Fiscalía General del Estado (FGE) para no participar de las elecciones nacionales del 2023. Acevedo ya se había presentado para el cargo en dos ocasiones, sin embargo, no logró ocupar la Fiscalía General.
“Desde el primero de enero de este año me ofrecieron la FGE para sacarme del medio”, refirió en entrevista la radio Ñandutí. El mismo mencionó además que siempre sedujo ocupar ese cargo; sin embargo, en este momento se encuentra enfocado en llegar al Poder Ejecutivo y sostuvo que actualmente quiere ser la ambición de la historia.
“Tiene muchas explicaciones, la política es coyuntura y la historia implica audacia. Y un político de mi trayectoria hace que me comprometa con la coyuntura histórica, quiero ser la ambición de la historia”, mencionó. Igualmente, Acevedo señaló que está obligado a articular una unidad nacional, “la Concertación es un proceso político, que es un resultado de acuerdos programáticos a base de un diálogo”.
Asimismo, mencionó que está preparado para llevar adelante un gobierno y fundar una segunda independencia. “Me siento fantástico, la madurez me permite tolerancia al que piensa diferente. Me compromete a saber diferenciar y luchar con una segunda independencia, Gobierno que llega a una inequidad. Soy un veterano, pero no un excombatiente, las veces que formé parte de un Gobierno es porque fui convocado, si fracasé nunca dije nada”, apuntó.
Por otra parte, sostuvo que tiene chances de llegar a la meta con su dupla el senador Jorge Querey, agregando que si no tuviera esa certeza no se habría presentado en la carrera electoral. “En la combinación de cosas, en una dupla de personas bien formadas y en la creación de una estructura, bola es, vamos a demostrar que vamos a ganar y estamos creando un montaje. Vamos a dar una sorpresa, si yo no tuviera chance no me había presentado. Hasta Calé me dijo que si fuese colorado ya estaría siendo presidente”, puntualizó.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó ayer martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Cámara Alta de restituir los fueros a los legisladores procesados Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
Rolón había argumentado días atrás que paralizar procesos en marcha es inconstitucional, debido a que no es una figura prevista en la legislación paraguaya. Los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, que deberá expedirse sobre esta acción.
En su argumentación contra la Resolución n.° 504 de la citada cámara adoptada el pasado 4 de abril, sostiene que “la resolución del Senado tiene el inmediato efecto de detener los procesos, con lo cual pone en ascuas el modelo de juzgamiento, que en esquemas de garantías debe culminar en un plazo razonable, otorgándose nuevo blindaje con la restitución de los fueros a cada afectado, aspecto fundamental, inédito e inadmisible dentro de la Constitución Nacional vigente”.
En su descargo hace referencia al artículo 137 de la Supremacía de la Constitución, donde se establece que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”. El documento menciona al artículo 248 de la Carta Magna referente a la independencia del Poder Judicial.
Detalla que el caso de Erico Galeano, la fase investigativa está pendiente de acusación y el plazo que tiene el agente Silvio Corbeta para cumplir con este trámite vence el 24 de mayo. El proceso de Hernán Rivas se encuentra en etapa preparatoria a cargo de la fiscala Patricia Sánchez. Mientras que el caso de Rafael Filizzola está en proceso de casación.
Emiliano Rolón dio una extensa explicación del proceso de investigación que llevó a la imputación del expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores.FOTO: ARCHIVO
El FGE avaló trabajo realizado por el equipo de agentes fiscales
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en una extensa entrevista para el programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó el proceso de investigación que se realizó en el caso de la filtración de datos de inteligencia, en el cual fue imputado el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros ocho excolaboradores de su gobierno.
El fiscal general avaló el trabajo realizado por el equipo de agentes fiscales que inició las investigaciones y aseguró que pese a la infidencia que se pudo haber cometido por parte de uno de los fiscales, Aldo Cantero, no contamina el proceso de investigación.
“Los antecedentes dicen que a consecuencia de una denuncia se abrió un equipo de trabajo encabezado como coordinadora por una fiscala adjunta, tres fiscales más, más técnicos, peritos, expertos que acompañaron 7 meses una tarea, aun admitiendo la posibilidad de una infidencia de un miembro del equipo, evidentemente no altera el producto que presentaron”, aseguró el fiscal general.
Rolón explicó que la Fiscalía tiene una estructura, el fiscal general del Estado es la cabeza visible, el último eslabón; antes están los adjuntos, quienes controlan en forma directa la labor de los agentes fiscales que es el agente que debe investigar los hechos y ellos tienen autonomía, la investigación es independiente para cada persona. “Pero en ese caso se formaron equipos de trabajo precisamente por la dimensión social que puede tener el acontecimiento”, indicó.
Agregó que la Fiscalía tiene por único interés conservar las reglas constitucionales y el cumplimiento estricto de las leyes. “Tenemos el privilegio histórico de que el país nos formó para que apliquemos las reglas del derecho y estamos en lo mismo, así es que las garantías para las partes van a observarse en la ley, no tenemos compromisos políticos, ni aliados, ni contrarios, simplemente pedimos a la gente que confíe en las instituciones”, aseveró.
CSJ blindó a Fiscalía para no ser sometida por el Congreso
El Ministerio Público no está obligado a remitir ningún informe al Congreso Nacional sobre las investigaciones que realiza a políticos, empresarios y otros.
Esta disposición lo revela un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través del Acuerdo y Sentencia 1102 de fecha 20 de diciembre de 2019, donde se admitió una acción de inconstitucionalidad promovida en el año 2015 por el entonces fiscal general Javier Díaz Verón, quien recurrió a la máxima instancia judicial cuestionando el artículo 2, inc. c) de la Ley n.º 5453/15, “Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional, de pedido de informes”.
Con la presente determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía no está obligada a remitir ningún informe al Congreso sobre la imputación que soporta por filtración de información en la Seprelad donde está imputado el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla.
De acuerdo a la resolución judicial de la sala constitucional exime de remitir informes de carácter jurisdiccional, es decir, informar sobre las causas que investiga al Congreso. Los ministros que firmaron el presente fallo judicial fueron Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña Candia. Los altos magistrados luego de un análisis declararon inconstitucional e inaplicable el Artículo 2, inc. c) de la Ley n.º 5453/15, “Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional, del pedido de informes”.
El Ministerio Público presentó la acción de inconstitucionalidad en 2015, contra la mencionada ley, debido a que viola varios artículos constitucionales tales como del Poder Público, de la libertad y seguridad de las personas, de la supremacía de la Constitución, a más de los artículos referentes al Ministerio Público.
Específicamente, dice que el citado artículo incluye al Ministerio Público como organismo sujeto a la obligación de contestar pedidos de informes requeridos por el Congreso Nacional, porque no lo exceptúa de la actividad jurisdiccional. Según la acción, la Fiscalía es un órgano extrapoder, sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura, conforme fallos de la propia Corte.
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Tratan desafuero de Abdo
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, encabezada por Lilian Samaniego, emitió ayer martes dos dictámenes con relación al pedido de desafuero del exmandatario Mario Abdo Benítez. Ambas posiciones serán analizadas hoy por la plenaria de la Cámara Alta para definir si el líder del movimiento Añetete, devenido a Fuerza Republicana, será sometido a un proceso penal, teniendo en cuenta su condición de senador vitalicio.
A favor del desafuero votaron los senadores Basilio “Bachi” Núñez, Derlis Maidana, Carlos Núñez Agüero, Javier Zacarías Irún, Lizarella Valiente y Édgar López. Mientras que por el rechazo votaron Líder Amarilla, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lilian Samaniego, Mario Varela, Sergio Rojas y Eduardo Nakayama.
Los agentes fiscales Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria llevarán el caso en el cual son investigados Mario Abdo y sus excolaboradores. Foto: Archivo
FGE designa a tres fiscales en causa por persecución política en el gobierno de Abdo
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El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, designó a los agentes fiscales Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para integrar el equipo de trabajo que proseguirá con la causa por presunta persecución política en el gobierno anterior, en que fueron imputados el exmandatario Mario Abdo Benítez y ocho de sus colaboradores en instituciones clave. La imputación había estado a cargo de los fiscales Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y la fiscal adjunta Patricia Rivarola, que estuvo a cargo de la coordinación de la primera etapa investigativa.
La designación de los fiscales se dio por medio de la resolución número 868, firmado por el fiscal general Emiliano Rolón. Los agentes intervendrán en las siguientes etapas procesales en el caso en que a Abdo y sus exministros se le atribuyen los delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Además de Abdo, el 11 de marzo pasado fueron imputados: Carlos Arregui (exministro de Seprelad), Arnaldo Giuzzio (exministro de Senad y Ministerio del Interior), René Fernández (exministro de Seprelad y Secretaría Nacional Anticorrupción-Senac), Carmen Pereira (exviceministra de Seprelad), Mauricio Espínola (exsecretario privado adjunto de la Presidencia de la República), Daniel Farías Kronawetter (exdirector de Relaciones Internacionales y Cooperación de Senac, y exasesor de Giuzzio en el Ministerio del Interior), Guillermo Preda Galeano (exdirector general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad) y Francisco Pereira Cohene (exdirector de Análisis Financiero de Seprelad).
La imputación de la Fiscalía incluye un detallado relato de cómo Mario Abdo y miembros de su gabinete habrían ejecutado un plan de persecución en contra del expresidente de la República, Horacio Cartes y otras personas. “Durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”, se manifiesta en la descripción de los hechos.
El pedido fue presentado ayer y lleva la firma de legisladores de diferentes partidos del bloque opositor.
Entre las razones presentadas por los legisladores argumentan los supuestos chats filtrados que involucran a un agente fiscal. Con respecto a esto, el abogado Pedro Ovelar ya desmintió que se traten de conversaciones verídicas, no obstante, nuevamente en este periodo legislativo, la oposición busca la salida de un fiscal general del Estado.
“Los graves hechos que el día de hoy se han dado a conocer: un fiscal recibiendo instrucciones y documentos con supuestas diligencias de una unidad del Ministerio Público desde la cual recientemente fue imputado al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y a funcionarios del gobierno anterior, son evidencia clara de la decisión institucional de arrodillarse ante el poder y la pérdida absoluta de la independencia y objetividad”, sostiene la iniciativa.