Una comitiva legislativa liderada por el senador Derlis Maidana se trasladó hasta el distrito de Juan E. O´Leary, departamento de Alto Paraná, para verificar la situación de pobladores de un loteamiento.

La visita se realizó considerando que en la Comisión de Legislación presidida por Maidana obra un proyecto de ley que plantea la derogación de la Ley Nº 6852 “Que modifica y amplía el artículo 2º de la Ley Nº 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a los campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary2.

Durante la jornada, el parlamentario mantuvo encuentros con habitantes y autoridades locales.

Según los proyectistas, se busca evitar que la indemnización sea calculada conforme al valor actual de mercado, debido a que esto podría afectar a los aproximadamente 300 ocupantes que ya pagaron sus lotes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

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La exposición de motivos señala, además, que diez ocupantes ya cuentan con sus títulos de propiedad y que los adjudicatarios realizaron sus pagos conforme al precio de G. 700.000 por hectárea, establecido mediante la Resolución Nº 207/99 del Indert.

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Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.

El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.

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El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.

Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.

El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.

Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.

La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.

Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.

Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.

En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.

Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.

El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.

En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre convoca a sesión extraordinaria para el lunes 31 de agosto, a las 14:00, para analizar 14 puntos, entre ellos el proyecto de resolución “Que integra la comisión bicameral encargada del estudio del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2027 (PGN 2027)”.

Esto, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 216 de la Constitución Nacional y el Art. 108 del reglamento de la institución. La Comisión Bicameral de Presupuesto es integrada por igual número de diputados y senadores con el fin de analizar y votar las modificaciones pertinentes y emitir un dictamen con relación al proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación.

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Se incluyó también el estudio del proyecto de ley que aprueba una carta acuerdo para la donación Nº TF0C9037 del GFPP, relativa al “Proyecto de infraestructura logística y transporte de Itapúa, Paraguay”, por un monto de USD 1.000.000.

El documento fue suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento mientras que los recursos estarían a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y ampliarían el PGN del presente ejercicio fiscal. El objetivo es incorporar la rehabilitación y el mantenimiento de aproximadamente 310 kilómetros de caminos principales y secundarios de este corredor agrícola estratégico.

Figura también para ser analizado por el pleno el proyecto “Que modifica y amplía el artículo 189 de la ley N° 1680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia - Ley Memby”, que busca endurecer las medidas contra los padres morosos y agilizar el cobro de la pensión alimentaria.

Esto se discutirá en conjunto con la reforma del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), ante los alarmantes niveles de incumplimiento del deber alimentario en el país.

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Los diputados representantes del departamento de Itapúa, Sebastián Remesowski (ANR), Germán Solinger (ANR) y Carlos Pereira (PLRA), destacaron la proyección turística y las oportunidades económicas que genera el WRC ueno Rally del Paraguay 2026 para la región, tras participar de la largada simbólica realizada ayer jueves en el Sambódromo de Encarnación.

Esta segunda edición mundialista en el país se desarrolla del 27 al 30 de agosto, en el departamento de Itapúa y da lugar a la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally. Al respecto, Remesowski señaló que la competencia contribuye a la promoción de la imagen del país y valoró la preparación de Encarnación y del departamento para recibir el evento. Asimismo, destacó el trabajo de los organizadores y el acompañamiento de la ciudadanía.

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“El hecho de que ya hemos sido catalogados como el mejor rally mundial nos pone una vara muy alta y creo que ese esfuerzo se va a ver otra vez en esta segunda edición”, expresó el parlamentario. En cuanto al movimiento económico, mencionó que la llegada de visitantes representa una oportunidad para los sectores hotelero, gastronómico y de servicios, además de su potencial para generar puestos de trabajo. Sostuvo que los efectos del evento trascienden el ámbito deportivo y alcanzan a distintas actividades de la región.

Por su parte, el diputado German Solinger resaltó la capacidad organizativa local y manifestó que ser sede de una competencia de esta magnitud constituye un motivo de orgullo para Itapúa y el país. El legislador indicó que, según estimaciones, el ingreso económico asociado al evento podría superar los USD 200 millones y ubicarse por encima de lo registrado en la edición anterior.

A su turno, el diputado Carlos Pereira resaltó la alta concurrencia del público y afirmó que esta participación refleja la confianza de los visitantes en la organización. Puso énfasis en las oportunidades para los emprendedores, tanto en Encarnación como en los demás puntos del departamento donde se disputa la competencia.

Afirmó, que la recepción de turistas y visitantes abre posibilidades para quienes ofrecen productos y servicios. “Itapúa es un lugar de oportunidades”, manifestó, al referirse a las posibilidades que genera el rally para los emprendimientos locales.

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