El director general del Gabinete de la Defensoría del Pueblo, Carmelo Núñez, afirmó que el juicio político contra el titular de la institución, Miguel Ángel Godoy, es una conspiración y aseguró que varios puntos del libelo acusatorio contra el defensor no son ciertos. “Es una conspiración contra la gestión del defensor y menciono áreas en específico porque pasan por mis manos y tengo que defender mi trabajo porque veo que es una injusticia”, afirmó.
El funcionario defendió la gestión de Godoy al frente de la Defensoría y en comunicación con la 1020 AM indicó que existen muchos puntos destacables en la administración. Señaló que el defensor llevó adelante gestiones mediante amparos para conseguir medicamentos costosos para pacientes oncológicos, así como también ha encabezado otras iniciativas con el objetivo de apoyar a sectores vulnerables de la población.
Núñez habló sobre varios puntos que se mencionan en el libelo acusatorio contra el defensor, en específico sobre el que hace referencia a pagos que se hicieron a víctimas o herederos de la dictadura. En el libelo se menciona que durante la gestión de Godoy se pagaron indemnizaciones que superaban el monto establecido en la ley; sin embargo, el director de Gabinete explicó que estos casos corresponden a reconsideraciones presentadas ya en gestiones anteriores por pagos menores a lo que debían ser.
“En ese tipo de casos, de ejecutados y desaparecidos, la Ley 838/96, así como la 3.603/2008, establece un único monto de 3.000 jornales, que se ajusta a lo pagado; mienten asquerosamente en el libelo acusatorio, eso es lo que quería aclarar”, aseveró Núñez.
Añadió: “Los casos que aparecen en su mayoría son reconsideraciones que se presentaron anteriormente y se resolvieron recién ahora. Cuando entró recién el doctor Godoy, nosotros tuvimos la instrucción de que primero se resuelvan aquellos expedientes antiguos que aún no tenían ninguna resolución y a eso nos dedicamos en los primeros años”.
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Así también, negó que en la institución existan gestores que cobren por realizar los trámites y detalló que en ocasiones las personas no pueden realizar gestiones, entonces delegan un poder a una tercera persona, quien es la que lleva adelante el proceso en la defensoría. “Los que se van ahí son los presidentes de las asociaciones de víctimas, están organizados ellos en diferentes puntos del país, son ellos los que vienen con los poderes especiales”, indicó.
Respecto a los despidos que se dieron en la institución, declaró que la mayoría de los casos se deben a desvinculaciones a funcionarios que estaban con cargos de confianza y que dichos expedientes se encuentran en instancias de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal de Cuentas, que deberán pronunciarse sobre la legitimidad de estos despidos.