El Poder Ejecutivo vetó parcialmente el aumento salarial para funcionarios del Congreso Nacional. El documento pasa de vuelta a ambas cámaras para un nuevo debate y análisis. Los legisladores solo podrán discutir sobre los puntos cuestionados por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
El documento refiere que los incrementos solicitados constituyen gastos rígidos previstos únicamente por cuatro meses (setiembre, octubre, noviembre y diciembre) y el impacto sería mucho mayor para el ejercicio fiscal 2023. “En ese contexto, es necesario tener presente la situación por la que atraviesa la Tesorería General, donde cualquier incremento en el gasto ampliaría la brecha del déficit fiscal, salvo que sea en detrimento de otros gastos financiados con la misma fuente de financiamiento”, expone el escrito.
De acuerdo con los informes proveídos por dependencias técnicas de la Dirección General de Presupuesto, se determina que el proyecto de ley Nº 6.981/2022 no fue canalizado a través del Ministerio de Hacienda. En tal sentido, la propuesta carece de sustentos técnicos que avalen la viabilidad de contar con ingresos que permitan asignar nuevos recursos con la Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro” (FF10).
Además, se menciona que el Poder Ejecutivo dejó por sentado su postura sobre este tipo de iniciativas legislativas al plantear que el tratamiento de propuestas tales como las que implican aumentos salariales, por ejemplo, sea diferido.
Por último, se expone que “con la finalidad de observar el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y en la intención de ofrecer a los legisladores razones para revisar el proyecto de ley Nº 6.981/2022, entiende justificada, en función a los argumentos enunciados, su objeción parcial”.
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Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.
“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.
Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.
La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.
El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.
Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.
Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".
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Pasos realizados para las licitaciones
La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.
Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.
Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.
Intervención de la Contraloría
“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.
Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".
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Alliana confirma que en su rol de vicepresidente acercó los reclamos al Ejecutivo
El vicepresidente Pedro Alliana señaló que, conforme a su método de trabajo, y al cargo que ocupa, lo que hace es escuchar a la gente todas sus inquietudes y transmitirle luego al presidente de la República. Confirmó que sí le hizo llegar algunos reclamos y conversó con él sobre la necesidad de cambios en el Gabinete.
Durante el lanzamiento de la precandidatura a la Intendencia de Camilo Pérez, este jueves por la noche, el segundo del Ejecutivo fue abordado por varios trabajadores de prensa que le realizaron diversas consultas.
Entre ellas, aclaró que fueron varias las ocasiones en que tuvo oportunidad de conversar con el jefe de Estado, a quien le hizo llegar todos los cuestionamientos, tanto de forma pública y de frente, como también lo hizo durante la reunión de ministros.
Señaló que su planteamiento lo hizo mirando hacia el 2028, buscando continuar con el modelo de gestión, y si para ello es necesaria una mirada más política de la gestión, y que esto mismo ya lo había dicho en su momento al presidente Santiago Peña.
“No solo fue un descargo con el que queríamos llamar la atención del público, o de los correligionarios, sino era algo que yo realmente sentía que se tenían que hacer algunos cambios dentro del Gabinete. Le dije al presidente de la República en privado, lo dije en una reunión de ministros y lo dije también en público. Así es que yo voy a seguir trabajando de esta misma manera y bueno, estoy seguro de que la dirigencia también valora ese trabajo", comentó.
Reconoció que hay cosas por corregir y darle una mirada más política. “Hay que darle una mirada más política a la gestión, y esto no lo estoy diciendo hoy al presidente Peña, ya le había dicho a él, y es lo que nosotros vamos a seguir seguramente proponiendo”, acotó.
No es momento de presidenciales
Por otra parte, el vicepresidente Alliana habló de la idea de la candidatura a la Presidencia 2028. Remarcó que aún no es el momento, que ahora está concentrado en las elecciones municipales de este año en las que se apunta a lograr la mayor cantidad de intendencias coloradas.
Aseguró que llegado el momento, lo estará analizando de forma personal, con su familia, y de ser necesario hablará con la dirigencia del movimiento Honor Colorado, para saber si aún lo consideran como el mejor candidato.
No obstante, indicó que de ser necesario mandará incluso a hacer una encuesta no para el público, sino para él poder tomar una decisión de aceptar o no la propuesta de la candidatura a la Presidencia.
“Yo no tengo miedo a los desafíos, estoy seguro de que gracias al trabajo que realicé siempre, en los cargos que me tocó ocupar, gracias al Partido Colorado, yo creo que la dirigencia del partido se siente muy identificada conmigo. Voy a tratar de cumplir la promesa que asumí. Voy a mirar todo esto que ocurre en estas elecciones municipales, pero por supuesto, yo no descarto la posibilidad de salir cuando pueda, salir a trabajar y a acompañar a nuestros candidatos", enfatizó.
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Núñez anuncia proyecto para eliminar bonificaciones por responsabilidad en cargos públicos
En el marco de la aplicación de una “economía de guerra” en la Administración Central, anunciada desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el titular del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, anunció la presentación de un proyecto de ley para la eliminación de bonificaciones en el cargo en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Las bonificaciones están previstas desde el 2018, pero en una economía de guerra como lo mencionó el ministro Carlos Fernández Valdovinos, el esfuerzo debe empezar por la dirigencia política, los ordenadores de gastos; es por eso que, junto con otros colegas, vamos a impulsar un proyecto de ley para la eliminación de este tipo de asignaciones en los tres poderes del Estado para los funcionarios que ocupen cargos de conducción política", indicó este lunes en una conferencia de prensa.
Detalló que la medida de supresión del pago de bonificaciones abarcará el ejercicio fiscal del 2026. “Vamos a ajustarnos nosotros los cinturones y esperamos que también los otros poderes del Estado. Esto afectará por ejemplo a los senadores, diputados, gobernadores, el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Ejecutivo, miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, presidentes y miembros de directorio de entidades financieras, procurador, ministros de la Corte Suprema de Justicia", indicó.
Núñez señaló que la lista sigue con el “fiscal general del Estado, defensor del pueblo, defensor sindico, ministros de la Justicia Electoral, contralor general de la República y presidentes de entes“.
El parlamentario sostuvo que conversarán con el titular de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, para que el monto ahorrado vaya destinado a sectores sociales y al pago de deudas".
Por otra parte, Núñez informó que tomó la decisión de renunciar a las bonificaciones de representación hasta finalizar su mandato en el 2028. A través de las asignaciones, su salario ascendía a aproximadamente G. 63 millones mensuales.
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Caja fiscal: docentes piden a Peña el veto parcial de reforma por porcentaje de aporte
Representantes del gremio de docentes solicitaron al presidente de la República, Santiago Peña, el veto parcial del proyecto de reforma de la caja fiscal, sancionada ayer martes por la Cámara de Diputados. El sector, mediante una nota remitida al Poder Ejecutivo, alega que la iniciativa atropella los derechos adquiridos relacionados a la jubilación.
Los educadores requieren el veto parcial del artículo 4 en lo correspondiente al aumento del 19 % del aporte obrero dispuesto en el inciso (a) numeral 2, para que el docente no aporte más del 16 %.
“Aportar más que ese porcentaje será muy injusto y excesivo, ya que el docente estará siendo obligado a desprenderse de un cuarto de su salario, de modo compulsivo y sin su consentimiento, violando derechos constitucionales y el artículo 71 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, alegan.
También requieren el veto parcial del artículo referido a la devolución de aporte, que en el artículo 11, segundo párrafo, dispone que quedan exceptuados de este derecho los afiliados de cajas deficitarias. Esta medida solicitada, dice la nota, es a los efectos de enmendar la ilegalidad e injusticia que se producirá al proceder el Estado a apropiarse (confiscar) dinero que legal y legítimamente pertenece a aportantes del magisterio nacional, las universidades públicas, los institutos de educación superior, magistrados y fuerzas públicas.
A la vez, solicitan el veto parcial del artículo 21 que elimina los cargos vacantes de los fondos de la Caja Fiscal. El mismo dispone que sea derogado el “umeral 5 del artículo 246 de la Ley ”De organización administrativa", del 22 de junio de 1909. Los cargos vacantes constituyen uno de los recursos más importantes que hacen a los fondos de la Caja Fiscal.
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También piden el veto del artículo 24 para que la vigencia de la ley comience al siguiente año fiscal de su promulgación (año 2027). “La Intersindical de la Educación permanece en alerta permanente y vigilante, sin descartar medidas de fuerza para defender nuestros legítimos derechos. Asimismo, recurriremos a instancias internacionales si fuese necesario”, refiere el comunicado.
El comunicado se encuentra firmado por Gabriel Espínola de la OTEP-A, Rafael Resquín de la UNE-SN, Silvio Piris de la FEP, Blanca Ávalos de la OTEP-SN, Abundio Duarte de ADOFEP y APE SN, Elisio Olmedo de ADP-SN, María Velázquez de SITRAFUMEC, José Ayala de MAS SP SN, Juan Argüello de SINTE.
La lista sigue con Miguel López de SITRAFACSO-UNA, María del Carmen Piris de FENOB-UNA, Diego Stalder de SIUNA, Miryam Franco de SIDUNPI, Mario Toñánez de SIDFUBA, Rolando Candia de SIDFISE, Mario Vázquez de SPD UNVES, Teresita Cortese de SIDOFUNI, Eugenia de Kratsh de ADOHUMA, Claudio Mongelós de FECI y Jaime Torales de SINDIPROD-UNCA.