El diputado colorado Derlis Maidana, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, advierte que cualquier pretensión de adelantar este año el proceso de convocatoria para la elección del próximo fiscal general del Estado y del miembro de la Corte Suprema de Justicia, los cuales quedarán vacantes recién en marzo del 2023, sería un abierto atropello a la Constitución Nacional. En ese sentido, el parlamentario advierte que la intención de iniciar el proceso de llamado a concurso en octubre de este año es una violación de los artículos 252, 261, 269 de la Carta Magna.

El legislador que pertenece a la bancada de Honor Colorado conversó con La Nación/Nación Media, señalando que en el caso de la vacancia de los ministros de la Corte Suprema, la legislación es muy clara, porque establece que la convocatoria se realizará al día siguiente que se produzca la vacancia. Indicó que previo a ello, solo podrán ser removidos del cargo vía juicio político. Explicó que cualquier resolución que se saque en contra de esto irá en abierta violación constitucional.

Mencionó, además, que el artículo 34 de la ley 296 que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura igualmente expresa con claridad que las convocatorias se deberán realizar una vez que se produzca la vacancia, el presidente de la CSJ debe comunicar al consejo dentro del plazo de 3 días. Posterior a ello, el Consejo de la Magistratura tiene un plazo máximo de 10 días para publicar el edicto de la convocatoria para que los candidatos se postulen al cargo en cuestión.

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Indicó que en el caso del ministro Antonio Fretes, la vacancia se producirá recién el 11 de marzo del 2023, ya que recién el 10 de marzo cumplirá los 75 años. Por tanto, al día siguiente el presidente de la CSJ deberá comunicar al Consejo de la Magistratura sobre la vacancia, y a partir de ahí corre los plazos para la convocatoria del concurso de oposición, para la selección de la terna que luego deberá remitirse a la Cámara de Senadores. Aseguró que no existe otro procedimiento para cambiar o sacar a un ministro de la Corte, a excepción de la vía de juicio político.

De igual modo, señaló que se aplica en el caso de la selección de la fiscal general del Estado, que dura 5 años en sus funciones, desde el momento de su elección y juramento. Destacó además, que incluso el titular del Ministerio Público tiene la opción de ser reelecto por un periodo más, conforme le permite la ley.

“Las leyes son claras, al término de sus mandatos debe iniciarse el proceso de las nuevas convocatorias, cualquier disposición ya sea una ley de la nación o resolución del Consejo de la Magistratura en contra de este sentido de las leyes vigentes no tendrá ninguna validez, ya que va en contra de la Constitución Nacional”, comentó.

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El legislador colorado salió al paso de las declaraciones que manifestó el senador Pedro Santacruz, que representa al Senado ante el Consejo de la Magistratura, y adelantó que solicitará adelantar la convocatoria para la elección de las ternas tanto para el titular del Ministerio Público como para miembro de la CSJ para que se inicie los primeros días de octubre próximo, pese a que ambas vacancias se darán recién en marzo del 2023.

Al respecto, el diputado Maidana remarcó que cualquier resolución que saque el Consejo de la Magistratura que vaya en contra de las leyes vigentes será de nulidad absoluta. Además, indicó que cualquiera de los afectados podrá recurrir a una acción de inconstitucionalidad o amparo judicial que pueda suspender los efectos de la eventual convocatoria.

“Es absolutamente nulo lo que pretende, ni aunque logren el voto de los 80 diputados, ni de los 45 senadores, la resolución será nula en su acción si se convoca antes de la fecha en que se produzca la vacancia”, concluyó.

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