La Asociación de Decanos y Exdecanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales informó al Consejo de la Magistratura (CM), presidido por Óscar Paciello, la designación de Gustavo Benicio Miranda Villamayor como representante en el organismo extra poder. De esta forma, el actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa tendrá que acudir próximamente ante el Senado para su juramento.
Miranda Villamayor fue electo días atrás con un total de 502 votos en unos comicios que contaron con la participación de un 90,24% de 830 docentes que fueron habilitados para sufragar. Le acompaña como miembro suplente el doctor Marcos Aurelio González Maldonado.
La representación docente de las universidades nacionales ante el Consejo de la Magistratura abarca desde el periodo 2022-2025. Miranda Villamayor ya había integrado el pleno de la institución como reemplazo del fallecido doctor José Raúl Torres Kirmser, completando el periodo constitucional de 3 años que expiró el pasado 17 de julio del presente año.
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La notificación de la designación tendrá entrada oficial en la próxima sesión del consejo. Actualmente el Consejo de la Magistratura se encuentra conformado por Eugenio Jiménez, representante de la Corte Suprema de Justicia; Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista, representante de la Cámara de Senadores, y el colorado Roberto González, representante de la Cámara de Diputados.
La lista continúa con Mónica Seifart como representante del Poder Ejecutivo, Jorge Bogarín Alfonso y Óscar Paciello como representantes del gremio de abogados y César Ruffinelli como representante de las universidades privadas.
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Padrón definitivo de abogados ya está listo para las elecciones del Consejo de la Magistratura
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este miércoles que ya se encuentra disponible el padrón definitivo de abogados habilitados para participar en las elecciones de representantes ante el Consejo de la Magistratura, previstas para el próximo 28 de noviembre de 2026.
Según comunicó la Secretaría General de la máxima instancia judicial, el registro fue remitido al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el martes 9 de junio, dentro del cronograma establecido para el proceso electoral. Los profesionales del Derecho interesados pueden consultar la nómina actualizada a través de los canales oficiales habilitados por el Poder Judicial.
La conformación del padrón forma parte de las etapas previstas en el artículo 19 de la Ley N.º 296/94, que regula la elección de los representantes del gremio de abogados ante el órgano encargado de la selección y evaluación de magistrados y agentes fiscales.
Los abogados incluidos en el listado definitivo estarán habilitados para sufragar una sola vez y en una única circunscripción electoral de las que serán habilitadas en todo el país para la jornada comicial.
Elecciones en noviembre
En los comicios de noviembre, el estamento de abogados elegirá a dos miembros titulares y dos suplentes que integrarán el Consejo de la Magistratura. La votación se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00 en locales que serán definidos en las distintas circunscripciones judiciales. La organización previa del proceso está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, mientras que la realización y el juzgamiento de las elecciones corresponden al TSJE.
Actualmente, los representantes titulares del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura son Gerardo Bobadilla Frizzola, quien además ejerce la presidencia del organismo, y Enrique Berni Brítez. Ambos fueron electos para el periodo 2023-2026.
El Consejo de la Magistratura está integrado por ocho miembros titulares:
- dos representantes de los abogados
- un representante de la Corte Suprema de Justicia
- uno del Poder Ejecutivo
- uno de la Cámara de Senadores
- uno de la Cámara de Diputados
- uno de las universidades nacionales
- y uno de las universidades privadas.
Entre sus principales atribuciones se encuentra la conformación de ternas para cargos judiciales y del Ministerio Público.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.
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Cantero defiende su nominación para juez: “Es injusto que no se mire mi trayectoria”
“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria”, indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de Primera Instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM). El fiscal recordó además que no es la primera vez que se postula a cargos judiciales y que en ocasiones anteriores quedó fuera de ternas.
“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo, con 30 años, formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cantero reconoció que los cuestionamientos en su contra provienen principalmente de sectores ligados al gobierno anterior, encabezado por Mario Abdo Benítez, luego de la imputación que él y otros fiscales promovieron contra el exmandatario y varios de sus exministros en el escandaloso caso Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), en que se instrumentó la persecución política de adversarios electorales desde instituciones estatales.
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¿Defensora de Pecci?
El agente fiscal cuestionó el rol actual de Cecilia Pérez, operadora política del expresidente que criticó su selección para la terna, al recordar las diferencias que ella tuvo con el fiscal Marcelo Pecci cuando ocupaba el Ministerio de Justicia, pero que hoy funge como abogada de una parte de la familia del agente del Ministerio Público, asesinado hace cuatro años en Colombia.
“Me llama muchísimo la atención que una persona que en su momento fue crítica, incluso dando mensajes increíbles al doctor Marcelo Pecci, hoy sea abogada de la familia”, expresó al recordar que Pérez ni podía cruzarse con Pecci y afirmó que la exministra utiliza los medios para instalar cuestionamientos políticos y defender causas vinculadas al abdismo. “Cada vez que agarra un micrófono es para hacerse publicidad. Ella es apoderada de un movimiento político”, aseveró.
Actualmente, la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez se desempeña como apoderada general de la disidencia colorada y además ejerce la defensa legal del exministro abdista Arnaldo Wiens en el caso Metrobús y del propio exmandatario en la causa de las filtraciones de la Seprelad, aunque continúa escudado en sus fueros como senador vitalicio, pese a que en un video lanzado en redes sociales en marzo de 2025 prometía que se sometería a la justicia.
Solidez jurídica, no persecución
El agente fiscal comentó en que el expediente abierto contra Abdo Benítez y exautoridades de su gobierno fue construido con sustento jurídico por distintos equipos fiscales y validada por un juez penal, negando cualquier persecución política. “Nosotros hicimos una investigación impecable”, afirmó. “La carpeta pasó por varios fiscales y hubo un juez que admitió la acusación. Todo está documentado”.
Para Cantero, nunca se discutió el contenido de las pruebas y los cuestionamientos se limitaron a instalar la idea de una persecución política. Defendió su presencia en la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura y resaltó que cuenta con calificaciones superiores incluso a las del fiscal Deny Yoon Pak, quien encabezó el operativo A Ultranza Py. “Sin desmerecer el enorme trabajo del doctor Pak, yo tengo mejor puntaje que él”, afirmó. “Llegó mi momento. Tengo mi gestión aprobada y mi puntaje aprobado”, aseguró.
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Dictamen jurídico ratifica legalidad de terna del síndico confirmado en el cargo
El Consejo de la Magistratura, a través del dictamen jurídico N° 851/2025, dejó claro que Bernardino Caballero, síndico de Quiebras confirmado por la propia Corte Suprema de Justicia, reúne todos los requisitos para integrar la terna y ser confirmado en el cargo que ocupa hace varios años en el sistema de justicia. El documento fue remitido a la máxima instancia judicial para respaldar la continuidad del agente síndico en sus funciones.
Asimismo, la asesoría del Consejo de la Magistratura señala que, para el cargo de Agente Síndico, no se requiere única y exclusivamente un título de grado en ciencias contables y administrativas. Esto surge del análisis literal del artículo 4° de la Ley N° 4870, que expresa textualmente: “Los Síndicos Adjuntos y Agentes Síndicos deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado y un título que acredite su conocimiento de las ciencias contables y administrativas; y haber ejercido la profesión o la magistratura judicial por cinco años como mínimo. Durarán cinco años en sus funciones y podrán ser reelectos.
En este contexto, al definir el término “título”, se acude a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 4995, que lo define como el reconocimiento académico otorgado a una persona al culminar un programa o carrera en una Institución de Educación Superior.
Inicialmente surgieron cuestionamientos sobre la formación de Caballero en áreas contables. Sin embargo, dicha controversia ha quedado desestimada, ya que el Consejo reconoció que el profesional posee los conocimientos técnicos requeridos. Esto se acredita mediante sus especializaciones en Gestión Administrativa y Contable, expedidas por un Instituto Superior de Enseñanza, lo cual queda acreditado que el mismo reúne como dice la norma para integrar la terna y por ende ser confirmado en el cargo como ya fue decido en el pleno de la Corte.