Con el objetivo de promover, por medio de incentivos impositivos y de visibilidad, la producción y la difusión de mensajes, en forma de anuncios, en medios de comunicación masivos, destinados a informar y concienciar a la población sobre temas de interés público, fue presentado una iniciativa popular en la Cámara de Diputados.

La socialización del proyecto de ley “de incentivo a la publicidad de interés público”, que fuera producto de una iniciativa popular, fue impulsado por la Comisión de Equidad Social y Género, presidida por la diputada Rocío Abed. Durante el encuentro fueron analizados los alcances de esta normativa a fin de consensuar el documento.

La presidenta de la comisión asesora celebró el avance de esta iniciativa popular y destacó que se trata de un proyecto planteado por ciudadanos que está siendo llevado adelante. “Consideramos que éste proyecto es el fiel reflejo de la participación democrática del pueblo, en la elaboración de las leyes y que se refleja, de manera activa, en esta normativa. Este proyecto tiene una mirada a la publicidad, en los diferentes medios, en donde se trabajará, inclusive, en la prevención de los diferentes hechos delictivos”, resaltó la diputada luego del encuentro realizado en la Cámara Baja.

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Estímulos para empresas

El proyecto presentado establece que el Estado otorgará algunos estímulos a: licenciatarios de servicios de televisión abierta y de radios comerciales; empresas productoras de señales de televisión, que son emitidas por licenciatarios de servicio de televisión por suscripción.

Igualmente se menciona en el proyecto a las empresas comerciales, productoras de audiovisuales, agencias de publicidad, organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones del sector público, entidades binacionales o ciudadanos en general; y a licenciatarios de radios comunitarias, con el único fin de fomentar la producción y difusión de los anuncios de interés público.

Además de las autoridades de la comisión asesora, participaron del evento Enrique Bendaña, presidente del Centro de Regulación, Normas y Estudios de Comunicación (CERNECO); Robert Cano, representante de la Comisión Promotora de Iniciativa Popular; y representantes de diferentes instituciones estatales, como así también de la sociedad civil, de acuerdo con el informe oficial de la Cámara Baja.

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