En los últimos tiempos se volvió común la maniobra de algunos políticos que arrastran cuentas pendientes con la Justicia, ace­lerar candidaturas y emprender tempra­neras campañas, por cierto, con financia­mientos cuyos destinos son poco claros. El caso de Miguel Prieto es uno de ellos, el exintendente de Ciudad del Este fue desti­tuido por un rosario de denuncias e indicios de corrupción que le fueron imposibles de refutar y los tiene chicaneando en el ámbito judicial.

A todas luces la prematura campaña de Prieto es una operación para seducir adeptos en busca de su impunidad ante la serie de ano­malías detectadas durante su administración en la Municipalidad de Ciudad del Este.

Lo que muchos de sus alcahuetes califican de una demostración de popularidad no es más que otra burda y mentirosa campaña para manipular a la opinión pública, principal­mente en aquellos sectores vulnerables que no tienen muchas posibilidades de acceder a la información real del atroz despojo en la comuna esteña en los tiempos de Prieto.

Así como hizo en Ciudad del Este hace años, Prieto se está promocionando como la alternativa para el descontento y promete los mismos cambios que siendo intendente olvidó y defraudó de manera despiadada. La técnica del descaro es absoluta, desafía con su impunidad pese a los cientos de eviden­cias que condenan su gestión al frente de la municipalidad esteña y mientras trata de entusiasmar a los adeptos en su narrativa de perseguido político va ganando tiempo sin afrontar los cargos pendientes en la Jus­ticia.

Miguel Prieto no busca la Presidencia de la República para cambiar el país. Está jugando su carta de la impunidad con una engañosa candidatura que no tiene chan­ces. Estos son los políticos escombros que quieren utilizar como carne de cañón a la gente para blindarse del castigo que les espera.

El destituido Prieto, dicho por la propia mamá del adjudicado dueño de Tía Chela de Ciudad del Este, usó la estructura y los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este para negocios probolsillo antes que asistir a la gente más vulnerable en los tiempos de la pandemia del covid-19. Un acto de cobardía y abuso que la Justicia no debe perdonar.

La madre del propietario de Tía Chela dijo a nuestro medio, testimonio quedó grabado en nuestras cámaras que Prieto se fue un día a la casa de ellos y “ofreció” hacer nego­cio con la municipalidad. Pisoteó normati­vas de Contrataciones Públicas, maniobró una adjudicación por urgencia para adjudi­car miles de kilos de víveres a una despen­cita que no tenía las mercaderías, desde un comienzo esto fue una compra simulada para desviar fondo y la Fiscalía reveló paso por paso esta gran estafa.

Su ruindad instaló este modus operandi de utilizar parejas, exparejas, comisiones vecinales, leales, operadores para desviar fondos de la municipalidad de manera siste­mática, tal como evidenció la auditoría del equipo interventor de 2025. Sin embargo, el chicanero exintendente sigue impune, chi­canea alevosamente en el ámbito judicial y se cuelga de un apurado proselitismo que se estrellará por su misma soberbia y sus mentiras.

Son alrededor de 60 denuncias arrimadas a la Justicia por la misma gente que le otorgó su confianza en Ciudad del Este cuando Prieto se presentaba como el mesías del cambio. Tres procesos judiciales sostenidos rigurosamente por el Ministerio Público y que desde hace 5 años buscan el peso de la ley para este personaje que ocasionó millo­narios perjuicios a los contribuyentes.

Prieto debe someterse a la Justicia y dejar de usar a la gente, principalmente a los más vulnerables. Tiene que rendir cuentas por las licitaciones amañadas, compras simula­das, la no provisión de la totalidad de víve­res pagados por su administración, por las obras abonadas sin actas de recepción, etc, etc, etc.

La clase política, la prensa y la ciudada­nía tiene que ir sobre Prieto con la misma celeridad que presionan a otros políticos cuestionados por alguna irregularidad. La selectividad y la hipocresía deben acabar porque está dañando intereses de la ciuda­danía.

Quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia deben asumirlas y confrontarlas. Prieto no es la excepción a la regla, tiene todo el derecho a candidatarse a lo que quiera, pero antes debe saldar sus pendien­tes con la ley.

El Ministerio de Justicia informó este jueves que un grupo de hombres intentó atentar contra Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” en la penitenciaría de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Se presume que estas personas formarían parte del Primer Comando Capital (PCC) y tuvieron colaboración de agentes penitenciarios.

Según Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, un grupo integrado por siete internos, que fueron identificados y formarían parte del PCC, llegaron hasta la celda Tío Rico. En ese momento, el recluso no se encontraba en el sitio porque estaba en una audiencia telemática.

“El 11 de mayo se detectaron movimientos por parte de un grupo de PPL, lo cual nos generó alerta. En ese momento, no se puso en riesgo la vida del interno que era el objetivo, pero se hicieron sumarios disciplinarios, traslados y otros trabajos”, expresó Maciel, en entrevista con “Tarde de Perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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Refirió que se trató de algún intento de vulnerar su integridad física de alias Tío Rico y que actualmente se están investigando el caso.

“Toda la información recolectada ya fue comunicada al Tribunal de Sentencia, estuvieron vinculadas unas siete personas que asumimos, querían atentar contra la vida de Insfrán, es lo que podemos inferir”, señaló.

Agregó que también se tendrían información de que habrían participado en el hecho tres funcionarios penitenciarios. “Estos que se encargaban de vigilar el sector donde está la celda de Insfrán. Estos ya fueron apartados de su cargo”, puntualizó.

Miguel Insfrán está siendo investigado por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Su estructura fue desmantelada en el operativo A Ultranza PY, considerado el mayor procedimiento contra el narcotráfico. Se lo sindica como uno de los socios del uruguayo Sebastián Marset.

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“Esto deja por debajo el discurso de un Poder Judicial cartista, para todos los sectores que dicen que dicho poder está manejado por el cartismo”, manifestó el presidente del Congreso.

El presidente del Con­greso Nacional, Basi­lio Núñez, sostuvo que las 50 causas judicia­les contra el exintendente esteño Miguel Prieto, des­tituido por corrupción, se deberían medir con la “misma vara” que el caso del exsenador Erico Galeano, quien ya se encuentra dete­nido en el Centro Nacio­nal de Prevenidos (ex-Ta­cumbú), a la espera de que quede firme una condena de 13 años de cárcel.

El parlamentario aguarda que la Justicia sea implaca­ble con políticos que enfren­tan una extensa lista de denuncias penales con pro­cesos judiciales en curso, haciendo alusión al desti­tuido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto.

“Esto deja por debajo el dis­curso de un Poder Judicial cartista, para todos los sec­tores que dicen que dicho poder está manejado por el cartismo, ahí tienen otro ejemplo. Mientras otros tie­nen entre 50 a 60 denuncias y se candidatan para presi­dente”, afirmó en una con­ferencia de prensa.

Prieto, quien fue desti­tuido de la jefatura comu­nal esteña por hechos de corrupción el 19 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados, apura su cam­paña presidencial con reco­rridos y promesas, mientras continúa chicaneando con­tra el juicio por el caso Tía Chela y se encuentra impu­tado por el caso Tajy, causas por proyectos no ejecutados en pandemia, así como pre­suntas sobrefacturaciones y desvío de fondos.

“Debe­mos medir a todos con la misma vara, pero eso no sucede. Dicen que el Poder Judicial es cartista, pero varios de los ministros de la Corte Suprema de Jus­ticia fueron puestos por el gobierno abdistas y cier­tos medios de comunica­ción que son sus aliados”, indicó Núñez.

La mayoría de las denun­cias penales por hechos de corrupción que pesa sobre Prieto, fueron impulsadas por la Contraloría Ciuda­dana de Ciudad del Este (CCDCE), organización no gubernamental que cuenta con profesionales de diver­sas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, sostuvo que las 50 causas judiciales contra el exintendente esteño Miguel Prieto, destituido por corrupción, se deberían medir con la “misma vara” que el caso del exsenador Erico Galeano, quien ayer martes pasó su primera noche de reclusión en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional.

El parlamentario aguarda que la justicia sea implacable con políticos que enfrentan una extensa lista de denuncias penales con procesos judiciales en curso, haciendo alusión al destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto.

“Esto deja por debajo el discurso de un Poder Judicial cartista, para todos los sectores que dicen que dicho poder está manejado por el cartismo, ahí tienen otro ejemplo. Mientras otros tienen entre 50 a 60 denuncias y se candidatan para presidente“, afirmó en una conferencia de prensa, este miércoles.

Prieto, quien fue destituido de la jefatura comunal esteña por hechos de corrupción el 19 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados, apura su campaña presidencial con recorridos y promesas, mientras continúa chicaneando contra el juicio por el caso “Tía Chela” y se encuentra imputado por el caso “Tajy”, causas por proyectos no ejecutados en pandemia, así como presuntas sobrefacturaciones y desvío de fondos.

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“Debemos medir a todos con la misma vara, pero eso no sucede. Dicen que el Poder Judicial es cartista, pero varios de los ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron puestos por el gobierno abdistas y ciertos medios de comunicación que son sus aliados", indicó Núñez.

La mayoría de las denuncias penales por hechos de corrupción que pesa sobre Prieto, fueron impulsadas por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), organización no gubernamental que cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas.

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