El Ministerio Público, encabezado por Sandra Quiñónez, abrió este martes un proceso de investigación contra el vicepresidente de la República Hugo Velázquez, tras la denuncia formulada por los Estados Unidos, el pasado 12 de agosto, sobre un supuesto soborno a un alto funcionario público con el fin de obstruir una indagación en su contra que amenazaba a sus intereses financieros.

Fueron designados en la causa los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz. El país norteamericano había afirmado que el segundo del Poder Ejecutivo junto con su amigo intimo, exasesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá (EBY), Juan Carlos “Charly” Duarte habían ofrecido un millón de dólares americanos como coima.

La situación había obligado a los Estados Unidos de declarar al colorado como “significativamente corrupto” hecho que motivo a que presente inmediatamente su renuncia como precandidato a la presidencia por el movimiento Fuerza Republicana.

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Ante la calificación tanto Velázquez; su esposa, la fiscal adjunta Lourdes María Andrea Samaniego González, y sus hijos Dionisio Adalberto Velázquez Giménez, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza, así como Ninfa Concepción Vera Moreira se encuentran impedidos para ingresar al territorio de los Estados Unidos.

La medida también fue adoptada para Duarte y Tamara Duarte de Martínez. La apertura del proceso de investigación surge tras la instrucción realizada por Quiñónez a los agentes fiscales pertenecientes a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de realizar un análisis técnico jurídico sobre la existencia de hechos con relevancia penal.

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“Me voy a defender como un ciudadano común”

El pasado 18 de agosto, Velázquez finalmente había comentado que no presentará su renuncia al cargo de Vicepresidente tras solicitar informaciones al gobierno norteamericano sobre los hechos concretos en que se sustentaron para su designación.

Incluso había sostenido que mediante averiguaciones realizadas logró constatar que no cuenta con un expediente abierto en los Estados Unidos sobre un intento de soborno. “Si yo renuncio sin que por lo menos la ciudadanía sepa de que se trata este hecho, entonces va a quedar como si fuese una realidad; entonces, pasaré a la historia de que por un hecho de corrupción me sacaron. Voy a salir a defenderme como un ciudadano común y lo cumpliré, pero quiero saber quién me investigó, en qué lugar ocurrió el hecho y de qué se trata”, había comentado.

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