Tras la apertura del proceso de investigación contra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y Juan Carlos “Charly” Duarte, exasesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, a raíz de las declaraciones del embajador de los Estados Unidos que manifestó que se conoce un supuesto hecho de soborno a un alto funcionario público en lo que ambos estarían involucrados, desde el Ministerio Público ya se efectuó el pedido de información con la que contaría el gobierno norteamericano.
La fiscal asignada al coso, Liliana Alcaraz, en comunicación con el programa “Pase lo que pase”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, comentó: “No existen antecedentes parecidos al caso del Vicepresidente”, aclarando que hasta el momento se desconoce la identidad del funcionario que estaría involucrado.
“Hubo un análisis previo antes de iniciar esta causa y el mismo refiere la supuesta comisión de un hecho de corrupción, un ofrecimiento de dinero a un funcionario público, no tenemos bien especificadas las circunstancias, pero eso si infiere concretamente conductas que serían penalmente relevantes”, remarcó la fiscal Liliana Alcaraz.
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Alcaraz aclaró que hasta el momento la investigación está supeditada al envío de datos con los que contaría el gobierno estadounidense para efectuar la acusación y designación de “significativamente corrupto” al actual Vicepresidente y el exasesor de la binacional. “Nosotros recurrimos a una herramienta que tenemos que es la asistencia jurídica internacional en materia penal a las autoridades pertinentes en los Estados Unidos a través de nuestra autoridad central en el Ministerio Público”, manifestó.
En cuanto al proceso que será llevado a cabo y el proceder ante esta investigación, la fiscal destacó que “la particularidad de esta causa en sí es que nosotros no hemos recibido denuncia alguna de esta naturaleza, que es lo que normalmente ocurre al iniciar una causa como consecuencia de algún informe de inteligencia o una auditoría”.
La fiscal enfatizó que los funcionarios públicos tienen la obligación de comunicar y denunciar cualquier tipo de ofrecimiento de dinero y que no se descarta que esta persona se acerque a realizar la denuncia, hecho que ayudaría bastante a las investigaciones.
Por otra parte, mencionó que desconoce si la investigación hecha por el gobierno norteamericano es confidencial, hecho que dificultaría el seguimiento de la causa; también reforzó sus comentarios asegurando que el Paraguay es un país sumamente colaborativo en materia de investigación y que aguardan reciprocidad de parte de sus pares estadounidenses.
En el caso de que la Fiscalía no llegue a contar con la información necesaria, se deberá de analizar si la causa es desestimada. “Nos quedamos atados de manos si es que no existe alguna persona o alguna evidencia que refiera este hecho”, sentenció Liliana Alcaraz.