Reportan al menos dos fallecidos en un enfrentamiento entre campesinos en la zona de Marina Cué, en el departamento de Canindeyú. Los datos preliminares indican que Demesio Rojas y Osmar Benítez resultaron muertos luego del altercado, aparte de registrarse otras personas heridas que fueron derivadas al hospital de Curuguaty.
Informaciones cotejadas adelantan que el enfrentamiento se produjo entre dos grupos antagónicos, que habitualmente están en disputa por ocupar el distrito de Curuguaty. El hecho fatal se produjo luego de una balacera ocasionada en medio del altercado.
En contacto con el programa “Pase lo que pase” de Universo 970/Nación Media, el fiscal interviniente del caso, Lucrecio Cabrera, informó que uno de los involucrados en la disputa se encuentra herido de gravedad y actualmente está entubado en Urgencias.
“Hay dos grupos allí en Marina Cué que constantemente están en conflicto. Aún no hay una información oficial, pero los datos que se manejan es que un sector, liderado por los hermanos Castro, no quiere que ninguna persona que no resida en Marina Cué se apropie de las tierras. Aparentemente, unos individuos que no viven allí estaban ocupando el territorio, por lo cual se produjo el enfrentamiento”, explicó el agente del Ministerio Público.
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Marina Cué
El fiscal interviniente también adelantó que se logró detener a uno de los líderes campesinos que desarrolló el altercado y fue quien, probablemente, inició el disparo. El agente del Ministerio Público también contó que uno de los hermanos Castro sería otro responsable de los disparos ocasionados; el arma utilizada sería una escopeta calibre 12.
El fiscal Cabrera contó que el territorio de Marina Cué es un lugar inmenso en el cual viven diversos grupos campesinos, ya sea para asentarse en el lugar, usarlo como predio para cultivos, entre otras cuestiones. Por ello también se desatarían constantes altercados.
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Paraguay expondrá su experiencia de titulación campesina en reunión del Mercosur
Las décadas de paciencia, sacrificio y trabajo honesto de las familias rurales del Paraguay alcanzan un reconocimiento histórico que cruza las fronteras, para participar de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur (REAF). Mediante una invitación al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruíz Díaz, para participar como actor central en su XLV Sesión Ordinaria, a celebrarse en Montevideo, Uruguay.
El objetivo de la invitación formal es para compartir los avances en titulación y acceso a la tierra con el Instituto Nacional de Colonización del Uruguay. De este modo, la lucha campesina paraguaya llega al Mercosur, bajo el lema “El derecho al arraigo”, que se convierte en referente regional.
Este encuentro bilateral y regional tiene como propósito primordial articular políticas públicas de acceso a la tierra e intercambiar experiencias de titulación campesina entre el Indert y el histórico Instituto Nacional de Colonización (INC) del Uruguay, situando el protagonismo del productor rural paraguayo en el corazón de la agenda regional.
La tierra no es mercancía, es dignidad
Al respecto, Ruíz Díaz explicó que, durante más de un siglo, el modelo extractivo y la discrecionalidad mantuvieron al labriego humilde bajo el signo de la precariedad y la amenaza constante del desalojo. Hoy, el proceso de titulación masiva y regularización jurídica que lidera el Indert demuestra que el Estado ha retomado su rol moral irrenunciable: ser el padre protector que abriga, defiende y devuelve la tranquilidad al hogar campesino.
Destacó que este llamado del Mercosur no representa una simple formalidad diplomática de oficina; sino que encarna el triunfo de la palabra empeñada frente al viejo régimen de la incertidumbre:
- El campesino como constructor de soberanía: La comunidad internacional está siguiendo con atención el rostro de los miles de familias que hoy cuentan con un título definitivo que nadie les podrá arrebatar.
- Certeza jurídica contra los privilegios del pasado: Frente a quienes intentan desacreditar la dignificación rural tildándola de espectáculo, la región reconoce que en Paraguay se está derribando el peaje burocrático para erigir un verdadero escudo legal para los más humildes.
- El arraigo definitivo: La propiedad de la chacra deja de ser una dádiva de los grupos extractivos para consolidarse como una deuda histórica saldada con quienes alimentan y sostienen a la patria.
“La tierra no es un papel negociable al antojo de los poderosos: es el hogar sagrado de nuestros hijos y la raíz de nuestra identidad. Que los pueblos hermanos del Mercosur convoquen hoy al Paraguay para dialogar sobre nuestras políticas agrarias es la victoria moral de cada campesino que jamás bajó los brazos”, destacó el titular de la cartera rural.
Asimismo, resaltó que la presencia paraguaya en Montevideo sellará el compromiso de no dar un solo paso atrás en la defensa de la agricultura campesina, demostrando que cuando la autoridad asume con coraje su deber de cuidar a su gente, la justicia y la paz social se vuelven una realidad inquebrantable.
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Policía demora a ocho estudiantes, tras violento enfrentamiento frente a colegio capitalino
Tras un enfrentamiento entre estudiantes del Colegio Nacional de la Capital y del Colegio Presidente Franco, quedaron detenidos ocho alumnos de este último colegio en la comisaría 3a. metropolitana de Asunción.
Policías tuvieron que intervenir para repeler un conato de violencia desatado entre estudiantes de estos colegios capitalinos.
Hoy lunes, se registraron nuevos enfrentamientos y cruces de agresiones con piedras y bombas de estruendo entre estos colegios tradicionales, lo que obligó a la Policía Nacional a reforzar la seguridad de la zona.
La semana pasada, se vio un episodio similar cuando estudiantes de los colegios Ysaty y Nacional de la Capital se enfrentaron a pedradas y agresiones físicas.
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Debido a estos incidentes, que podrían calificarse como perturbación de la paz pública, los estudiantes -menores de edad- están alojados en dependencia de la comisaría 3a. del área metropolitana, a la espera de sus padres.
Ante esta situación, los padres fueron convocados por la Policía para que puedan retirar y hacerse responsables de sus hijos menores, así como para cumplir con los trámites legales y policiales que exige el procedimiento.
El jefe de la comisaría, Germán Chena, mencionó que todo lo actuado será remitido al Ministerio Público y al Ministerio de Educación y Ciencias para que estas instituciones puedan tomar alguna medida y seguimiento del caso.
Los enfrentamientos estarían relacionados con grupos que actuarían como barras bravas, conflictos iniciados en redes sociales y tradiciones que aún perduran en la institución.
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A Ultranza: incendio destruyó buses incautados que estaban en una comisaría de Curuguaty
Este fin de semana, dos colectivos que fueron incautados en el operativo A Ultranza Py y que estaban bajo custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), fueron consumidos por completo por las llamas en el patio de una comisaría de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
Según el reporte policial, el incendio se registró durante la tarde de ayer sábado en el patio de la comisaría quinta de la ciudad de Curuguaty y de inmediato se dio aviso al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la zona. Estos lograron controlar las llamas, pero los buses quedaron inservibles.
Vehículos incendiados
- Ómnibus de la marca Mercedes Benz, modelo genérico, tricolor, chasis N.º 34106811089477, con matrícula n.º AFF909.
- Ómnibus de la marca Mercedes Benz, modelo OHL-1316, bicolor, chasis N.º 39000411105211, con matrícula n.º APB420. Ambos vehículos incautados en el operativo A Ultranza.
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“Ambos ómnibus ya fueron entregados bajo acta a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados (Senabico), pero permanecieron en el predio de la dependencia policial por tener problemas mecánicos y encontrarse en condiciones de desuso”, expresaron los intervinientes.
Además de los bomberos, quienes sofocaron el fuego y están analizando el posible origen del incendio, se dio participación a personal técnico de Criminalística para realizar las pericias correspondientes sobre el chasis y la zona del siniestro para determinar si el fuego fue por una falla o provocado.
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Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
Juzgarán tres hechos punibles
De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.
En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:
- Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
- Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
- Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.
La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.
Rechazos para la defensa
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.
El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.
Presunto liderazgo en el asentamiento
Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.
La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.
Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.
Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.