Tras la imputación del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio por cohecho pasivo agravado, ya fue designado un juez y se trata de José Agustín Delmas, juez Penal de Garantías. Hay que destacar que hasta el momento el archivo físico del caso aún no ha sido enviado a la oficina del magistrado pero la asignación del mismo ya se encuentra en el sistema interno.
El siguiente paso del proceso es verificar los presupuestos fácticos: quien será el abogado del imputado o quien ejercerá la defensa técnica y confirmar que no exista una causa de inhibición. Luego, deberá decidir si se admite o no la imputación y en caso de que sea admitida, se le comunicará al exministro para solicitar que se someta al proceso y será citado para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Investigación en proceso
El Ministerio Público sostiene que desde el mes de julio del 2021 hasta febrero del 2022, Arnaldo Giuzzio, desde su cargo de ministro del Interior habría estado en contacto y comunicación con el ciudadano brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien actualmente se encuentra detenido en el Brasil por narcotráfico.
La evidencia de mensajes entre Marcos Vinicius y Giuzzio, donde se demuestra que existe un vínculo estrecho, fue enviado por la fiscalía brasileña a sus pares paraguayos tras un trabajo de inteligencia e investigación y es válido mencionar que la imputación de Giuzzio fue llevada adelante por los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza.
A cargo de ambos fiscales también estuvo el allanamiento de la vivienda de Arnaldo Giuzzio donde fueron incautados varios teléfonos celulares, además, de documentos de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) y de un documento en particular relacionado con la empresa Black Eagle, propiedad del narcotraficante.
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Destruyen e incineran marihuana y otros objetos en Concepción
En el marco del combate contra el narcotráfico del plan Sumar, la Policía Nacional se constituyó hasta la Reserva Natural de Paso Bravo, ciudad de Sargento José Félix López, donde se procedió a la destrucción e incineración de bolsas de supuesta marihuana picada, 300 kilos que estaban en prensas rústicas de madera en un campamento precario. Asimismo, se incautaron gatos hidráulicos, zaranda y balanza digital.
El procedimiento estuvo a cargo del personal del Departamento Antinarcóticos División Regional N° 10, bajo dirección del agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Departamento de Concepción.
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Otra destrucción
En otro procedimiento de erradicación de cultivos ilícitos en zona de Yby Pytã, la Senad inhabilitó dos hectáreas de marihuana. La incursión se enmarca dentro del plan estratégico que busca marcar mayor presencia operativa en el departamento de Canindeyú.
Los antidrogas emplearon tareas para destruir alrededor de seis toneladas de la droga. Según datos manejados, las parcelas serían parte de todo el soporte logístico que reúnen grupos criminales de la zona. Desde la Senad se encuentran trabajando para la instalación de otra base operativa en zona de Canindeyú, acción con la que se pretende establecer mayor capacidad de control sobre la región en términos de investigaciones y lucha contra el narcotráfico.
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El lunes se sabrá si Pedro Sánchez dimite o no por la investigación a su esposa
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció sorpresivamente este miércoles que evalúa dimitir y que dará a conocer su decisión el lunes, debido a una investigación judicial sobre su esposa por presunta “corrupción”.
“Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, señaló el mandatario en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X.
Sánchez, en el poder desde 2018, indicó que comparecerá “ante los medios de comunicación (...) el próximo lunes, 29 de abril” para dar a conocer su decisión, y hasta entonces canceló su agenda pública.
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La investigación preliminar sobre su esposa, Begoña Gómez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción, fue abierta el 16 de abril ante una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, según anunció este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las diligencias son “secretas”, indicó la corte.
Sánchez, de 52 años, reelegido por el Parlamento en noviembre, rechazó la denuncia, que a su juicio está basada en hechos “inexistentes”, y la enmarcó en una “estrategia de acoso y derribo” en su contra de “medios de marcada orientación derechista y ultraderechista”, respaldada por los partidos de la derecha y la extrema derecha.
“No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal (...), sino por ser mi esposa”, escribió Sánchez.
La investigación
La decisión de la justicia se conoció después de que el medio digital El Confidencial revelara este miércoles que los investigadores examinaban los vínculos de Gómez con con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate durante la pandemia de covid-19.
En aquel momento, Gómez dirigía el IE Africa Center, una fundación relacionada con la escuela de negocios Instituto de Empresa (IE), un cargo que abandonó en 2022.
El Confidencial afirmó que el IE Africa Center firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia y que la esposa del jefe de Gobierno “se reunió en privado con el consejero delegado del ‘holding’ turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía”.
En noviembre de 2020, el gobierno de Sánchez ofreció una línea de ayuda de 475 millones de euros (507 millones de dólares al cambio actual) a Air Europa, surgida de un fondo de 10.000 millones de euros destinados a apoyar a empresas estratégicas en dificultades por la pandemia.
La compañía española fue la primera de muchas otras que se beneficiaron de ese fondo.
La oposición
Tras la publicación de la carta, el Partido Popular (PP, derecha), principal formación de la oposición, pidió a Sánchez “aparecer ya para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su Gobierno y a su pareja”, en lugar de “desaparecer” hasta el lunes.
El mandatario apuesta “por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad”, subrayó el PP en un mensaje en X, dando a entender que su amenaza podría ser una simple estrategia política.
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Personas del entorno de Sánchez salieron a defenderlo, como la número tres del Gobierno, Teresa Ribera, quien escribió en X: “Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto”.
Horas antes, la número dos del Gobierno, María Jesús Montero, había calificado la denuncia contra la esposa de Sánchez de “prácticas trumpistas”.
El PP utiliza “una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar e injuriar a la presidencia del Gobierno”, indicó.
Manos Limpias, fundado en 1995, ha estado detrás de varias querellas en los últimos años y ha actuado como parte civil en muchos casos de corrupción.
Se lo considera próximo a la extrema derecha, entre otras cosas por la personalidad de su fundador, Miguel Bernad, antiguo dirigente del partido Frente Nacional, disuelto en 1993.
Acusado de participar en una red de extorsión, Bernad fue condenado a cuatro años de prisión en julio de 2021, pero finalmente fue absuelto en apelación por falta de pruebas.
Fuente: AFP
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Industria argentina, una de las opciones para compra de radares
En el marco de la política de seguridad de su gobierno, el jefe de Estado, Santiago Peña, se encuentra gestionando la adquisición de 3 radares para el control territorial del espacio aéreo paraguayo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Las negociaciones son encaradas con la firma estatal argentina Invap y también están en la mira radares procedentes de EE.UU y Francia.
De acuerdo al medio de comunicación argentino Clarín, se trata de una operación de compra y venta, previo acuerdo entre Paraguay y la Argentina, valuada en 100 millones de dólares, por lo que tendrá buen impacto económico, tecnológico y geopolítico.
A la vez, la publicación refiere que de concretarse la compra de los radares se tendría un mayor control del espacio aéreo del norte argentino y el sur paraguayo con acceso a imágenes satelitales conjuntas. Esto, teniendo en cuenta que entre las prioridades de ambos países figura la concreción de una política común de combate al crimen transnacional.
Refiere que las negociaciones lograron un importante avance tras la reunión que mantuvo Peña con el mandatario argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada. El economista visitó el vecino país la semana pasada para participar del Foro Llao Llao en Bariloche, actividad que reunió a varios empresarios de la región.
La ocasión fue aprovechada por el mandatario para hacer un recorrido por el emblemático Invap, donde lo recibieron con alta distinción y avanzaron en el interés por los radares. Durante la visita, Peña conversó con autoridades provinciales, el presidente de Invap, Hugo Albani, el ministro de gobierno rionegrino, Federico Lutz, entre otros miembros de la empresa.
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La publicación señala que las autoridades de Invap, compañía de investigación tecnológica especialista en satélites y radares, mantuvieron conversaciones con la Fuerza Aérea Paraguaya y en diciembre de 2023 una delegación de la empresa viajó a Asunción para reunirse con el ministro de Defensa, Óscar González; el jefe de fuerzas militares, el jefe de la Fuerza Aérea Paraguaya, quienes expresaron la voluntad política de Peña de hacer efectivo el objetivo de la adquisición de los radares.
La publicación indica además que la última propuesta enviada por INVAP consiste en la provisión de tres radares RPA-200M móviles, de vigilancia terrestre; seis radares RPA-200F fijos y el centro de Comando y Control además de diferentes misceláneos para proveer una solución completa de vigilancia del espacio aéreo a las Fuerza Armada Paraguaya que con diferentes opcionales puede incrementarse.
También se destaca que el Gobierno paraguayo posee ofertas de otros países como Francia y Brasil, pero que la oferta de la Argentina se encuentra siendo evaluada con buenos ojos. Indica finalmente que INVAP desarrolla radares desde fines de la década de 1990, y su primera exportación de un radar destinado al control del tránsito aéreo fue a Nigeria.
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Segunda imputación contra Miguel Prieto se tramitará en juzgado de Asunción
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó el incidente de excepción de incompetencia de la territorialidad presentada por las defensas de los imputados por lesión de confianza Miguel Prieto, Higinio Acuña, Richard Ayala Avalos, Maggi Fariña Almada, Nelson Segovia, Francisco Arrúa Álvarez, procesados por un supuesto perjuicio a la comuna esteña de G. 306 millones.
Con la resolución del citado magistrado, el proceso penal de Prieto y otros se tramitará en Asunción. Ahora la defensa de los procesados tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación definirá si corresponde que el caso se siga tramitando en un juzgado de la capital.
Otazú sostuvo que existe una ley que establece que el juzgado a su cargo tiene competencia en toda la República, por lo que no corresponde el planteamiento formulado por la defensa de los imputados.
En el caso están igualmente imputados por lesión de confianza, Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richard Ayala Avalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
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Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron la imputación contra Prieto y demás personas. Los mencionados fiscales imputaron al intendente por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Los representantes del Ministerio Público sostienen que existe un perjuicio de G. 300 millones en perjuicio a la comuna esteña.
De acuerdo al acta de imputación, Prieto habría encabezado un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
Según el Ministerio Público, el intendente siendo ordenador de gastos de la municipalidad, entre marzo y junio del 2020 habría convocado y promovido la licitación para adquirir por vía de la excepción, insumos para panificados que irían destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia por el covid-19.
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