Tras el anuncio del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de la reducción del 8,2% del precio de la tarifa de Itaipú Binacional, el expresidente de la Ande Pedro Ferreira habló para La Nación/Nación Media de los impactos que esto generaría no solo en la política energética del país, sino también en términos económicos.
El ingeniero indicó que esto constituye una irresponsabilidad por parte de los gobernantes del país, que termina en una promesa electoral de bajar la tarifa de la Ande durante cuatro meses. “Para Bolsonaro esto es un éxito y para nuestro país esto me parece triste porque en cuatro meses de rebaja arriesgamos una negociación por US$ 1.000 millones por año”, resaltó el expresidente de la Ande.
Ferreira expresó también que desgraciadamente esta anuencia del Gobierno paraguayo, de bajar la tarifa, deja muy comprometida la renegociación del Anexo C. “Ahora el gobierno que entre deberá negociar con un Brasil fortalecido en su posición. ¿Por qué discutirían con nosotros si están felices con esa tarifa?”, determinó.
Sobre la deuda de Itaipú
El ingeniero recordó que durante todo el proceso de negociación se discutía el monto de beneficio que correspondería tanto a Brasil como a Paraguay. Esto teniendo en cuenta que la deuda de la binacional se venía abonando a razón de US$ 2.000 millones por año, lo cual bajará a cero el año que viene.
“La pregunta sería si, mediante una renegociación del Anexo C de Itaipú, nos quedaríamos con el 50% de ese beneficio. La posición brasileña era que si baja la tarifa, como acaba de pasar, ya no es necesario revisar el Anexo C porque ya consiguió su objetivo, el cual consistía en que el beneficio de los US$ 2.000 millones quede con el comprador”, explicó.
Así, como Brasil compra el 85% y nosotros el 15%, de los US$ 2.000 millones, Brasil se quedaría con US$ 1.700 millones y nosotros con US$ 300 millones. Es decir, en lugar de recibir US$ 1.000, nos contentaríamos solo con US$ 300 millones. Agregó además que esto denota una negociación bajo los intereses electorales tanto de Jair Bolsonaro, como del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez.
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Juicio a Bolsonaro por golpismo se definirá desde el 2 de septiembre
La corte suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que puede llevarlo a la cárcel. El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022.
El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la sala del supremo que lleva el juicio, convocó varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque el veredicto puede tener lugar antes de esa última fecha. De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se habría frustrado por falta de apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas.
Bolsonaro, líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, se ha declarado inocente y dice ser un “perseguido”. El expresidente se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto, ya que el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, consideró que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales.
Pero este sábado dejará su residencia temporalmente para realizarse exámenes médicos en un centro hospitalario en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal también juzga por golpismo a siete excolaboradores de Bolsonaro. El juicio ha desatado una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de “caza de brujas” y en represalia implementó aranceles comerciales de hasta 50% a Brasil. Estados Unidos también impuso sanciones a Moraes y a otros siete magistrados de la corte.
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Veredicto por votación
La sesión fijada para el 2 de septiembre comenzará con la lectura de Moraes de su relatoría del juicio. Luego habrá lugar para las últimas palabras de la fiscalía y las defensas. Finalmente, los jueces darán a conocer sus votos y sus justificaciones sobre la culpabilidad o inocencia de cada acusado en relación con cada delito imputado. Se pronunciarán por turnos y de forma oral y pública. Los acusados, por su parte, pueden optar por estar presentes o no en la sala.
Las fechas para emitir el veredicto sobre Bolsonaro se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas. El llamado a esos actos había sido lanzado previamente, con motivo de la fiesta nacional. Durante el juicio, Bolsonaro no sólo fue indagado sobre la presunta trama golpista sino también sobre un supuesto plan para asesinar al izquierdista Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.
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Bolsonaro negó la existencia de ese plan, aunque admitió haber evaluado “si existía alguna hipótesis de un dispositivo constitucional” para impugnar los resultados de las presidenciales de 2022, que perdió por un estrecho margen y sobre las que aún hoy arroja sospechas de fraude.
El capitán retirado del Ejército se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación brasileño, lo que le impide presentarse a los comicios del próximo año. Bolsonaro también niega responsabilidad en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia pocos días después de la asunción de Lula. La fiscalía ve los disturbios como un último intento del expresidente de aferrarse al poder.
Fuente: AFP.
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Bolsonaro pidió su absolución en los alegatos finales de juicio por golpismo
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió ayer miércoles a la corte suprema su absolución, en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.
Por tanto, “exigen la absolución (...) de todas las acusaciones”. Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula. El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.
Él se declara inocente y dice ser un “perseguido”. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica.
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“No hay manera de condenarlo”
La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una “organización criminal armada” que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario del plan. Según la acusación, el expresidente actuó “de forma sistemática” durante su mandato “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.
El expediente se centra también en reuniones donde se habrían presentado minutas de decreto que incluían la posible prisión de autoridades como jueces de la corte suprema. Pero la defensa subrayó que “no hay manera de condenar” a Bolsonaro “con base en las pruebas presentadas en los autos, que demostraron ampliamente que ordenó la transición” de poder para Lula.
Los abogados también cuestionan la validez de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, sobre cuyo testimonio se sostiene buena parte de la acusación. Los alegatos destacaron que después de las elecciones de 2022, Bolsonaro ordenó la transición del gobierno de forma “pacífica e inmediata”, incluyendo la nominación de comandantes militares indicados por el nuevo gobierno, lo que contradice, según el escrito, la narrativa de un intento de golpe.
La defensa también cuestionó la imputación relacionada con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron las sedes de la Presidencia, la corte suprema y el Congreso. Argumenta que estos fueron “delitos multitudinarios” sin conexión directa con Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos en ese momento. La corte suprema debe juzgar el caso en las próximas semanas.
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Tensión diplomática
La situación judicial del expresidente está en el centro de una fuerte tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El gobierno de Trump suspendió la visa del juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.
Además, Trump impuso aranceles punitivos de 50 % a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra el exmandatario. “La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump al anunciar los gravámenes en una carta destinada a Lula.
Fuente: AFP.
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Ordenan prisión domiciliaria de Bolsonaro por uso de redes
El cerco judicial se estrechó bruscamente ayer lunes contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ordenado a arresto domiciliario por violar una prohibición de uso de redes sociales en el marco del juicio por presunta intentona golpista. El exjefe de Estado (2019-2022), líder indiscutido de la derecha y la ultraderecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, está siendo juzgado en el Tribunal Supremo acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Investigado por una presunta obstrucción de su juicio, desde mediados de julio Bolsonaro está obligado a llevar una tobillera electrónica, permanecer en casa por las noches y los fines de semana, y le está prohibido expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros. El lunes, el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo del proceso contra Bolsonaro ante la corte suprema, confinó al expresidente a su residencia en Brasilia, alegando un “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares impuestas”, en especial la prohibición de usar redes sociales.
Con excepción de sus abogados, toda visita a su domicilio quedó proscrita, salvo previa autorización, dispuso en un documento judicial consultado por la AFP. “La justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”, subrayó el juez.
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Moraes achaca a Bolsonaro intervenciones divulgadas por su entorno cercano en redes sociales, el domingo, durante la jornada de manifestaciones en su apoyo en varias ciudades del país. El excapitán del Ejército, de 70 años, fue el gran ausente en esas movilizaciones. Pero sus partidarios compartieron en redes sociales imágenes de una llamada entre él y su hijo mayor, Flavio, durante un acto de solidaridad en Rio.
El lunes Moraes también le impidió a Bolsonaro el uso de celulares, tanto propios como ajenos. En una operación el lunes en la casa del exmandatario en Brasilia varios aparatos fueron requisados, informó la Policía Federal. Con la bandera brasileña en la mano o sobre los hombros, decenas de seguidores de Bolsonaro se concentraron la noche del lunes en Brasilia, acompañados de un concierto de bocinas de otros simpatizantes. La seguridad frente a la sede del Supremo Tribunal Federal fue reforzada, constató la AFP.
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“Psicópata descontrolado”
Las nuevas medidas del influyente Moraes ocurren cuando la situación judicial de Bolsonaro está en el centro de un huracán diplomático entre Brasil y Estados Unidos. El respaldo de Trump a Bolsonaro ha tenido grandes repercusiones en la mayor economía latinoamericana. El 30 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso a Moraes sanciones financieras personales, luego de que se le revocara la visa de ingreso al país.
El mismo día, Trump autorizó aranceles de 50% a importantes sectores exportadores brasileños, que deben entrar en vigor el miércoles 6. Washington condenó la prisión domiciliaria contra el expresidente: “Dejen a Bolsonaro hablar”, indicó la noche del lunes en X la oficina para el hemisferio occidental de la diplomacia estadounidense.
Los funcionarios estadounidenses añadieron que “responsabilizarán a todos aquellos que colaboren con o faciliten conductas sancionadas”. Instigador de las medidas estadounidenses, un hijo del expresidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, denunció en X un “abuso de poder para silenciar el líder de la oposición brasileña” y llamó a Moraes un “psicópata descontrolado”.
Según Moraes, la prohibición de usar las redes sociales -criticada por confusa por figuras bolsonaristas, pero también por especialistas y por la prensa- ya había sido violada una primera vez tras la imposición de la tobillera electrónica. Moraes advirtió entonces que no toleraría una repetición. “La justicia es igual para todos. El acusado que incumple deliberadamente las medidas cautelares -por segunda vez- debe sufrir las consecuencias legales”, dijo el lunes el magistrado.
Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030 por sus ataques sin pruebas contra el sistema de votación, y posiblemente enfrentado a unos 40 años de cárcel por el juicio en curso, Bolsonaro insiste en que espera ser candidato en las elecciones presidenciales de 2026. Lula, de 79 años, afirma de su lado su voluntad de disputar un cuarto mandato si está “100% de salud”. El mandatario izquierdista estuvo preso 580 días entre 2018 y 2019 por corrupción. La corte suprema anuló luego la condena, bajo el argumento de que el juez a cargo había sido parcial.
Fuente: AFP
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Trump establece aranceles del 50 % a Brasil, con excepciones
La crisis entre Estados Unidos y Brasil se agravó ayer miércoles, con un decreto del presidente Donald Trump que oficializa una subida arancelaria del 50 %, en parte en represalia por el juicio contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Trump defiende a Bolsonaro, acusado de intentona golpista, y arremete contra las políticas de su sucesor, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien respondió diciendo que defenderá la “soberanía del pueblo brasileño”.
El castigo arancelario de Trump tiene excepciones importantes para la mayor economía de América Latina. Trump salva productos esenciales en las exportaciones brasileñas como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros.
Pero el café está incluido entre los productos que se verán sometidos a un 50 % de tarifas aduaneras suplementarias, aplicables siete días después de la emisión del decreto, se lee en el texto. Es decir, el 6 de agosto. En el decreto Trump concreta la amenaza de aranceles anunciada a principios de julio en una carta dirigida a Lula, seguida después de otra para Bolsonaro en la que cubre de elogios al exdirigente ultraderechista.
“Persecución” contra Bolsonaro
Para Trump las acciones del gobierno de Lula “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, informa la Casa Blanca en un comunicado. “La persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados del gobierno de Brasil” contra “Bolsonaro y miles de sus seguidores son graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el estado de derecho en Brasil”, acusa Washington.
El presidente republicano asegura que miembros del gobierno brasileño “han tomado medidas sin precedentes para coaccionar de forma tiránica y arbitraria a empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de sus plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido”.
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Más sanciones a juez Moraes
La Casa Blanca arremetió asimismo contra el juez de la corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes, convertido en la bestia negra de Trump. Moraes “ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y suprimir la disidencia, a menudo en coordinación con otros funcionarios brasileños, incluidos otros jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil”, se lee en el comunicado.
Horas antes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a este magistrado, a quien Washington ya había revocado la visa. Las sanciones se imponen en virtud de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.
“Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”, afirma el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
En 2024 Moraes bloqueó temporalmente X en Brasil hasta que la red social cumpliera su orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación. Posteriormente, ordenó suspender Rumble porque esta plataforma para compartir videos, popular entre los conservadores y la extrema derecha, se negaba a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos que era buscado por difundir desinformación.
Fuente: AFP.