El Comisionado Nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el abogado Orlando Castillo dijo que hay un descuido generalizado de las penitenciarías del país, en una comunicación con el programa “Tempranísimo” emitido por el canal GEN/Nación Media.

“Tenemos, no una política penitenciaria real y efectiva que pueda garantizar a la persona que ingresa dentro del sistema, una salida a la sociedad sin delinquir. Esto se da por varios factores, la corrupción definitivamente es una de ellas. En las cárceles se moviliza un importante caudal de dinero”, expresó.

Castillo mencionó que los derechos de las personas privadas de libertad están sujetos a su capacidad adquisitiva y citó que si una persona quiere ir a la sanidad y tiene que pasar 3 portones, cada portón le cuesta entre 2.000 y 5.000 guaraníes.

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“Una bomba de tiempo”

“Esto vino reforzando lo que son los grupos de base carcelaria que tienen que ver con el crimen organizado de manera transnacional y también no transnacional, de grupos más pequeños, que se van creando de autorregulación y autoprotección. No existe ley, es una bomba de tiempo”, aseguró el abogado.

Explicó que la Penitenciaría Regional de Misiones, de donde 35 reos se fugaron el domingo pasado, tiene actualmente 1.452 internos. Según el Ministerio de Justicia, dicho penal tiene capacidad para 900 personas. “Pero, según un estudio que nosotros hicimos, solamente 470 personas, 300% más que su capacidad. Esto conlleva a situaciones como la de Misiones o como la vivida en San Pedro en el 2019 (en alusión a una masacre que dejó 10 fallecidos) y varias otras. Lastimosamente se seguirán dando porque no hay una política de priorización y profesionalización de la carrera penitenciaria”, enfatizó.

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En cuanto a los guardiacárceles, señaló que es el eslabón más débil y afirmó que esta profesión debe ser tecnificada, seguida de una malla curricular que dote al personal de capacidad de resolución, ejecución, de políticas públicas que hacen a la reinserción, pero que debe ir acompañado también de un mejor nivel salarial.

“Se meten alrededor de 100 funcionarios contra 1.000 personas que entran privadas de libertad por año y este año posiblemente lleguemos al histórico de 2.000 personas privadas de libertad por año, mientras meten 50 a 100 funcionarios a nivel país, entonces tu capacidad de gobernar la cárcel es casi inexistente”, apuntó.

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