En el desarrollo de la sexta jornada del tratamiento del juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, se siguió con el estudio del punto 10 del libelo acusatorio, sobre la impunidad de la corrupción en las intendencias y gobernaciones. Sin embargo, al momento de tratarse el punto 11, el sector oficialista-opositor se terminó retirando de la sesión al percatarse que no contaban con el acompañamiento suficiente para aprobar el enjuiciamiento contra la titular del Ministerio Público.

“Bienvenidos, colegas, al circo de diputadoslandia, cuando decían algunos colegas que esto no era un circo. Para los que se enojaron porque acá se habla con vehemencia o se argumenta contra el juicio político, quiero recordar que acá nadie se enojó cuando alguien puso por su cabeza un anatómico, se sacó la remera o se sube sobre el escritorio”, expresó el diputado y líder de la bancada Honor Colorado, Basilio Núñez, proyectando la imagen degradante en la cual se encuentra la Cámara Baja cuando se presta a cuestionables acciones.

En un principio, se había planteado el tratamiento sine díe del juicio político, con el objetivo de tratarlo eventualmente cuando se cuente con los votos necesarios para su aprobación, pero ese pedido no contó con el voto de la mayoría, hasta que finalmente quedó al descubierto que la bancada oficialista-opositora no poseía el apoyo que aseguraba tener, por lo cual el enjuiciamiento a Sandra Quiñónez terminó archivado.

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Tratamiento de la sesión

La diputada Rocío Abed fue prácticamente la única parlamentaria en encaminar el estudio del juicio político al análisis de los puntos del libelo acusatorio, pues en el desarrollo de la sexta jornada la oposición nuevamente se desvió del tema central hasta realizar un último intento: postergar sine díe el juicio político.

“Continúa este circo y este show, pero por lo menos está llegando el descargo de los últimos puntos porque la ciudadanía ya está harta y quiere que cortemos con esto”, había declarado en sesión la parlamentaria, a medida que argumentaba contra las acusaciones de los opositores. Desde el sector de la oposición, denunciaron que los supuestos despilfarros, desviaciones de fondos y sobrefacturaciones por parte de las autoridades municipales y gubernamentales constituyen un elemento central del juicio político por supuestas inacciones de la Fiscalía.

No obstante, la diputada Abed destacó que cada uno de los casos, entre ellos el caso de la Municipalidad de Villarrica, la Municipalidad de Puerto Pinasco, la Municipalidad de Arroyos y Esteros, entre otros distritos más, cuentan con una causa abierta y están siendo investigadas cada una de las denuncias realizadas hacia los jefes comunales.

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De hecho, informó que en el caso de determinados intendentes, algunos ya cuentan con condenas y otros están en proceso de poseerla. “Respecto a la gobernación de Central y otros, estamos muy lejos de la verdad, de lo que dice el libelo”, sentenció la parlamentaria, pues desde la oposición alegaban inacción en ese caso, cuando el mismo cuenta con una imputación contra Hugo Javier González y 15 personas más por lesión de confianza, producción de documentos falsos, malversación, entre otros.

Abed prosiguió, hablando también del caso González Daher, que contó con una condena de 7 años para el exsenador y 8 años para su hijo, por declaración falsa, enriquecimiento ilícito, entre otros. En cuanto a Ramón González Daher, recordó que cuenta con una sentencia de 15 años de pena privativa de libertad, mientras que su hijo fue sentenciado a 5 años de pena.

Esto sin mencionar el caso Imedic, que cuenta con acusación e investigación, el caso de Patricia Samudio que también posee acusación, y las respectivas condenas sobre los miembros del PCC. De ese modo fue rebatido el último punto planteado por la bancada opositora-oficialista, que terminó sin el éxito que aseguraban sobre el estudio del juicio político.

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