La pandemia y el aislamiento sanitario hicieron que el último periodo municipal se extienda a 6 años y el nuevo periodo quede solo en 4 años de mandato tanto de los intendentes como de los miembros de las Juntas Municipales. Foto: Néstor Soto.
Buscan extender a 5 años periodo de las últimas intendencias
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Las últimas elecciones municipales del país fueron postergadas debido a la pandemia del COVID-19 y el aislamiento de la población y los protocolos sanitarios establecidos por el gobierno. Estas medidas hicieron que el último periodo municipal se extienda a 6 años, y el nuevo periodo quede solo en 4 años de mandato tanto de los intendentes como de los miembros de las Juntas Municipales.
Sin embargo, en la Cámara de Diputados fue presentado el proyecto de ley para ampliar el nuevo periodo en 5 años, como correspondería, de no haberse retrasado las elecciones municipales del 2020 y terminó por realizarse en el 2021. El proyecto de ley “que amplia por un año el periodo de mandato de las autoridades municipales electas en los comicios del año 2021″, con la intención que el presente periodo municipal se extienda hasta el 2026 fue firmado por 28 legisladores de la Cámara Baja. El periodo 2015-2020 fue prolongado hasta el 2021 por la Ley N° 6547/2020.
Los proyectistas argumentaron en el documento que existe una desigualdad en este periodo de administración, en comparación a los demás periodos, ya que el anterior se extendió por 6 años. “Es así, que existe una desigualdad perjudicial al equilibrio democrático del tiempo de duración del mandato entre uno y otro periodo de autoridades municipales, dejando a los actuales con un periodo más corto, que traerá posibles incumplimientos en la conclusión de los proyectos a ejecutarse en los municipios”, señala parte del proyecto.
El documento cita además el artículo 250 del Código Electoral, prevé que las autoridades municipales cumplan con el periodo de cinco años. “Las autoridades de la Junta Municipal serán electas mediante comicios que se realizarán en el distrito electoral correspondiente a cada municipio en base a listas de candidatos que contemplen la totalidad de los cargos a elegir e integrada por el sistema proporcional establecido en este código y durarán cinco años en sus funciones”, indica el artículo en cuestión, incluido como uno de los fundamentos.
Artículo 253 del Código Electoral
También se cita el artículo 253 del Código Electoral, el cual menciona que “los intendentes serán electos por mayoría simple de votos de los electores inscriptos en el padrón del distrito respectivo y durarán cinco años en sus funciones”.
“El proceso comicial municipal del 2021, se basó en que el siguiente periodo de mandato sería por solo 4 años, es decir, 2021/2025, regla a la cual, si bien, se sujetaron los actores electorales activos y pasivos, no obstante, la misma representa una notoria desigualdad democrática y violación de varios principios electorales y que cuenta, incluso, con precedentes judiciales y legislativos en ese sentido, por tanto, corresponde su rectificación, para ajustarse al Código Electoral Paraguayo”, expresa el documento.
Diputado detalló avances de cuatro centros de primera infancia en Concepción
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El diputado Arturo Urbieta detalló que en el departamento de Concepción serán instalados cuatro centros integrales de la primera infancia, en el marco de este proyecto que lleva adelante el Gobierno a través del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna).
“La semana pasada tuvimos en nuestro departamento de Concepción, específicamente en la ciudad de Concepción, la presencia del ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, socializando un trabajo estupendo y un programa emblemático de este Gobierno, que, gracias a una buenísima negociación que hizo Santiago Peña con la Itaipú, se están invirtiendo 100 millones de dólares para la construcción de un centro integral de la primera infancia, semillas del futuro”, refirió durante la sesión de este martes en la Cámara Baja.
Indicó que la Municipalidad de Concepción cedió un terreno para la construcción del primer centro, en esta ciudad, la obra ya fue adjudicada y los trabajos de construcción iniciarán ya en el mes de julio. Los cuatro centros tendrán una inversión de G. 20.000 millones, siendo G. 5.000 para cada centro.
“Uno se va hacer en julio con máquina en pista y recién el señor ministro me informó que el segundo centro integral de la primera infancia, que se va hacer en Horqueta, el viernes estaría en el portal de licitación, luego se va hacer en la ciudad de Yby Yaú y por último en la ciudad de Vallemí”, indicó.
Por otra parte, refirió que también serán entregados dos buses que recorrerán las zonas y municipios donde no se encuentren los centros, esto para brindar la misma asistencia a los niños y niñas y sus familias, en el marco del programa.
“Existió un engaño montado”, afirma Latorre sobre denuncia de exministro abdista
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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, consideró que el exmandatario Horacio Cartes capitalizó la confianza del pueblo colorado, pese a la persecución política del gobierno anterior. El legislador se refirió al pedido de desestimación del Ministerio Público sobre la denuncia del exministro abdista Arnaldo Giuzzio, que no pudo sustentarse a falta de pruebas contundentes.
“Estoy convencido de que existió un engaño montado por esta causa por actores locales, que tuvo consecuencias internacionales, y Dios permita que esa situación también sea subsanada”, expresó Latorre, este martes, en conversación con los medios de comunicación antes del inicio de la sesión de Diputados.
El parlamentario señaló que el expresidente de la República fue sometido al juzgamiento, no solo en el ámbito de la justicia, sino a un juicio ciudadano. Sin embargo, el pueblo colorado optó por la confianza en el exmandatario y lo eligió como presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), a pesar de los ataques del abdismo en alianza con sectores de la oposición.
“El expresidente de la República fue sometido a varios procesos, a varios juicios, primero el juicio del pueblo, en este caso, el pueblo colorado, que en ese proceso estaba llevando su candidatura a la presidencia de la Junta de Gobierno y tuvo la diferencia más amplia a favor de su candidatura y donde el pueblo colorado lo convirtió, en medio de ese escenario de persecución, en el presidente del Partido Colorado”, refirió.
Agregó que, “por otro lado, el juicio a las instancias judiciales, y en este caso también con la actuación del Ministerio Público, que hoy está pidiendo su desestimación”. Esta determinación se dio porque “no existen elementos que permitan concluir en forma positiva”, de acuerdo al documento de la investigación fiscal, desarrollada con una treintena de diligencias, pese a que el denunciante se negó a colaborar.
Para el legislador, los colorados confiaron en la inocencia del ahora presidente partidario. “El pueblo colorado dijo que Horacio Cartes es un hombre inocente, un hombre justo y, hoy por hoy, la justicia a través del Ministerio Público está diciendo que no existen motivos para montar una causa en su contra”, sentenció.
Diputados tratará 16 puntos en el orden del día, entre ellos la creación del seguro de desempleo
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La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de mañana martes, tratará 16 puntos incluidos en el orden del día. En el primer punto, figura el proyecto de ley que crea el seguro de desempleo, presentado por los diputados Jazmín Narváez y Carlos Núñez, que será financiado por el incremento del aporte obrero patronal bajo la argumentación de ofrecer un “salvavidas” a despedidos permitiendo seguir cobrando sus salarios por el periodo de 6 meses.
Esta iniciativa tiene el objetivo de aumentar el 2 % el aporte conjunto al Instituto de Previsión Social (IPS), que actualmente es del 22,5 %, mientras que la propuesta legislativa ascendería al 27,5 %, con una distribución equitativa del 1 % a cargo del trabajador y el otro 1 % a cargo del empleador.
La legislación actual establece que el aporte a la previsional del 22,5 % del salario mínimo vigente, de los cuales el 9 % corresponde al empleado y el 16,5 % al empleador. Este proyecto, aumenta al 27,5 %, por lo que quedaría de la siguiente manera: 10 % del empleado y 17,5 % por parte del empleador.
Esta iniciativa causó controversias, principalmente desde los sectores sindicalistas que mostraron su postura contraria a que esta propuesta sea llevada adelante o aprobada en la instancia legislativa.
Así también, desde el IPS, el propio presidente de la institución, Jorge Britez, ya expresó que no está de acuerdo con este aumento, afirmando que no es factible.
Por otra parte, también se prevé el tratamiento del proyecto de ley que aprueba la decisión Marcosur/CM/DEC relativo al mecanismo para el ejercicio temporario; como así también el proyecto de ley que enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.