El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley por parte del Ejecutivo al Congreso, que buscará abordar de una manera más amplia e integral el flagelo del criadazgo que penosamente es una situación que se tiene en el país desde hace muchos años.

En conferencia de prensa en Mburuvichá Roga, luego de conversar con el vicepresidente y presidente en Ejercicio, Pedro Alliana, Gutiérrez explicó que la propuesta apunta a una legislación que permita una comprensión total de esta problemática.

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“La posición del Poder Ejecutivo es que se pueda sancionar a las personas que cometen este tipo de situaciones y que tienen como víctimas a niños y niñas en situación de criadazgo. Una penosa situación que se vive en nuestro país desde hace muchos años, pero desde el Ejecutivo entendemos que debemos luchar frontalmente”, expresó el ministro.

En sesión extraordinaria, esta semana, el Senado analizó como único punto del orden del día el proyecto de ley “Que garantiza la protección ante el criadazgo de niños, niñas y adolescentes”. Tras un amplio debate, el pleno resolvió rechazar la propuesta legislativa y la devolvió nuevamente a la Cámara de Diputados.

Durante este debate se pudo visualizar varias situaciones que generan preocupación, por lo que se vio la necesidad de impulsar una lucha frontal que contemple aspectos como la prevención y sanciones penales a los responsables.

“Entendemos que hubo alguna confusión, faltó aclarar algunos conceptos (…), al criadazgo no lo podemos considerar como algo bueno, es algo nefasto para nuestros niños y niñas, no debemos confundir algunas situaciones con el criadazgo, esto se da cuando un niño es separado de su familia y es llevado a otra familia, en esa se encuentra bajo condiciones de explotación laboral infantil a través del trabajo doméstico donde se le priva del acceso pleno de sus derechos como educación, salud, protección”, explicó.

A criterio de Gutiérrez, el criadazgo no puede estar relacionado con la cultura paraguaya, bajo ningún punto de vista, por lo que debe ser desnaturalizado de la sociedad. Necesitamos de una pena o una sanción, remarcó.

Anunció que desde el Ejecutivo trabajarán con los diferentes actores parlamentarios, convencidos de que nadie quiere “algo malo para los chicos”, en contrapartida según dijo, están en la misma sintonía de proteger a los niños y niñas y salvaguardar sus derechos.

“En tema de los menores siempre hago la comparación con el abigeato, el hurto de una cabeza de ganado puede llevarte a la cárcel hasta 10 años y esclavizar a un niño o niña, no? Entonces debemos definir muy bien qué es lo que queremos como Estado, nosotros tenemos una claridad absoluta desde el Poder Ejecutivo y vamos a estar trabajando y dialogando con los diferentes actores”, acotó.

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El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Ever Villalba se refirió en torno al conflicto que desata la suspensión de la licitación encarada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la compra de 23.000 máquinas de votación rumbo a las internas partidarias y generales municipales del 2026.

“Yo estoy planteando a los colegas que recojamos todas las informaciones desde el pliego de bases hasta las protestas en esta disputa de quien se queda con el contrato. Acá hay una cuestión más profunda que la parte administrativa, me preocupa la democracia, nosotros tenemos que tener la mayor participación y claridad en el proceso de adquisición de las máquinas”, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

La compra de las máquinas de votación demandará una inversión de USD 93 millones. La suspensión por parte de la DNCP se concretó este último viernes, tras la protesta impulsada por la empresa Myru Systems. La presentación de ofertas y apertura de sobres estaba prevista para este lunes 12 de mayo, sin embargo, el proceso quedó postergado.

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“Debemos abrir un gran debate donde los más interesados sean los partidos políticos, que no tienen una participación directa, más allá de las consultas o visitas que se hacen a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral“, comentó.

El parlamentario manifestó que aún queda suficiente tiempo para que se zanje el conflicto administrativo en torno a la adquisición de las máquinas de votos, pero insistió que el Congreso Nacional debe contar con la garantía que las mismas durante su aplicación en los comicios electorales “aseguren el custodio de la voluntad popular. Por un lado esta la cuestión administrativa legal y por otro el tema político electoral”.

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El dirigente político de Alto Paraná, Iván Airaldi, denunció este martes que la nómina de operadores políticos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), instalados en la Municipalidad de Ciudad del Este por el intendente Miguel Prieto, trepó de 242 a 730.

Anunció que en los próximos días presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra el dirigente opositor por nepotismo. “En la nómina de funcionarios de enero figuraban 242 liberales, pero esta cifra trepó tras verificar la nómina de funcionarios de marzo, que llegó a 730″, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Airaldi afirmó que los recursos económicos de la municipalidad esteña son utilizados por Prieto para asegurar respaldo político para su brazo derecho Daniel Pereira Mujica, precandidato de su movimiento Yo Creo para la intendencia.

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Mediante la prebenda, Prieto también busca asegurar apoyo a su proyecto presidencial rumbo a las elecciones generales del 2028. “Todos son hurreros, fruto del acuerdo con algunos sectores liberales en el este del país. Estos liberales son de los movimientos de Óscar González Drakeford, Carlos Portillo y Manuel Trinidad”, refirió.

Airaldi, señaló que accedió al listado de los hurreros liberales mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. Agregó que en la nómina incluso figuran operadores políticos de Presidente Franco y Central, zonas donde el movimiento de Prieto posee y acompaña candidaturas para intendentes.

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Miembros del consejo administrativo del Instituto José P. Guggiari (IJPG), dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), remitie­ron al Directorio partidario y autoridades parlamenta­rias el informe de auditoría financiera en el que cons­tatan una malversación de fondos por más de G. 1.389 millones, sin justificación sobre su uso.

Para comprender mejor sobre el informe de audi­toría, La Nación/Nación Media, conversó con la directora de Capacitacio­nes que integra el Consejo de Administración del IJPG, Rebeca Sosa, quien dijo que efectivamente constataron el millonario gasto de los recursos que debían estar destinados exclusivamente a capacitaciones y no están sustentados con documen­tos, ni órdenes de pagos o compras expedidos por las autoridades del consejo administrativo.

Indicó que esperan que este informe sea analizado en la brevedad por el Directorio. Igualmente, no descartan que se presente una denun­cia contra Hugo Fleitas por ser el principal responsable del uso de de los recursos destinados exclusivamente a capacitación.

Refiere en el balance que se debe exigir la devolución de unos G. 170 millones a cuenta de “Créditos a Rendir por Marlene Orué”, que son deudas pendientes a cobrar que no cuentan con docu­mentaciones respaldatorias.

“No se han encontrado las documentaciones de esas erogaciones de los recursos del Instituto José P. Gug­giari con órdenes de pagos, resoluciones, actas, ni nin­guna otra documentación que respalde el gasto de más de G. 1.300 millones. Son las observaciones que hicimos en el informe, conforme al periodo del ejercicio fiscal 2023-2024”, explicó.

Mencionó además que detec­taron el pago de honorarios a personas particulares que no hacen a la naturaleza jurí­dica del instituto que está destinado a brindar capaci­taciones, cursos, talleres, así como llevar adelante inves­tigaciones; que son las áreas en las que se pueden utili­zar los fondos destinados al IJPG, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educa­ción y Ciencias con malla curricular habilitada.

“Los pagos de honorarios que se ha registrado han sido por servicios personales y gratifi­caciones que no cuentan con el respaldo debido, sobre qué funciones realizaron estas personas dentro del insti­tuto. Hay faltas administra­tivas graves que no se pueden entender y lo que buscamos es esclarecer más que nada”, precisó.

Explicó que cualquier pago que realice el IJPG debe ser autorizado por la autoridad máxima que es el consejo rec­tor. Mencionó que llamó ade­más la atención el pago por combustibles y hospedajes que juntos, suman más de G. 154 millones, los que igual­mente no cuentan con docu­mentación respaldatoria que justifique que se destinaron para llevar adelante algún tipo de cursos o capacitación.

“No contamos nosotros con los cortes administrativos que hicimos, los cursos que se hayan hecho y que res­palden el uso de esos fondos. Todas las actividades que se lleven a cabo deben estar res­paldadas con la naturaleza jurídica del Instituto José P. Guggiari”, acotó.