Tras el libelo acusatorio presentado contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, y la sesión extraordinaria llevada a cabo este domingo en la Cámara de Diputados para solicitar el juicio político de la misma, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay se pronunció al respecto a través de un comunicado en el que solicitan respetar el rol que ejerce el Ministerio Público en el país.
Como primer punto sostienen que para la efectividad de un Estado de derecho “se debe apuntar al fortalecimiento de las instituciones”, que en este caso representa la Fiscalía a través de Sandra Quiñónez.
Leé también: Walter Harms calificó de bochornosa la sesión extraordinaria
“La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay sostiene que para la efectividad de un Estado de derecho debe apuntarse al fortalecimiento de sus instituciones, en este caso, el Ministerio Público, representado por la fiscal general del Estado”, expresa parte del escrito.
Luego dan énfasis a que el juicio político es un mecanismo pertinente para controlar el desempeño de las autoridades que conforman los poderes del Estado, pero que su fin debe ser para el bienestar de la nación y la ciudadanía, dando a entender que no debe obedecer a asuntos personales.
Te puede interesar: Estudio del juicio político a Sandra Quiñónez queda en “cuarto intermedio”
“El juicio político constituye un mecanismo establecido para el control del desempeño en el cargo de las máximas autoridades… Sin embargo, para que se ajuste a su afinidad constitucional, el mismo debe obedecer netamente al bienestar de la nación y su ciudadanía”, resaltaron.
Finalmente pidieron respetar la “autonomía, independencia y rol del Ministerio Público”, que es clave para la construcción de la democracia en nuestro país y “mejore la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay”.
Dejanos tu comentario
Oposición prepara libelo acusatorio contra la senadora Cabrera
La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla anunció este lunes que dentro de ocho días será presentado el libelo acusatorio contra su correligionaria Noelia Cabrera Petters para impulsar el pedido de pérdida de su investidura por un presunto caso de nepotismo. Agregó que se encuentran recabando pruebas y que solicitarán su destitución conforme al reglamento interno de la Cámara Alta.
“No hay tanto apuro, queremos hacer algo consistente con todas las pruebas. El abogado que trabaja conmigo ya comenzó a darle forma al libelo, vamos a pedir a Recursos Humanos el legajo de los funcionarios que trabajan en su oficina, qué gente metió, también juntamos las informaciones periodísticas. Yo supongo que esto se presentará en ocho días", indicó Amarilla a los medios de comunicación en el Congreso.
Amarilla sostuvo que otra de las principales causales para impulsar la pérdida de investidura de su colega es el caso de su hermano, José Gaspar Cabrera Petters, quien se habría hecho pasar por una persona de escasos recursos para obtener la asistencia del programa Becal otorgada por el Estado y estudiar en Alemania, pese a ganar G. 17 millones y trabajar en Itaipú.
“Acá no es solo la beca. El hecho de que metas a un hermano tuyo es o no uso indebido de influencias, si él no hubiese sido su hermano no hubiese entrado a Itaipú, entró en la binacional porque es hermano de la senadora, todo acá es una causal. Tiene un hermano veterinario en Itaipú ganando casi G. 40 millones que en su vida soñó ganar ese tipo", comentó la legisladora.
Leé también: Diputado Rodríguez sigue grave, pero estable, en coma inducido
La parlamentaria también mencionó que para analizar la pérdida de investidura de su colega solicitarán que el proceso sea mediante el reglamento interno del Senado, el cual establece la necesidad de contar con 30 votos y no solo la mayoría simple, es decir 23 votos.
Postura de Honor Colorado
Por su parte, el líder de bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, indicó que el movimiento político tomará decisión sobre el caso de Cabrera Petters una vez que culminen los sumarios administrativos contra los sobrinos de la legisladora, Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, acusados por planillerismo y nepotismo.
“Seguimos con la misma postura, esperar el resultado del sumario administrativo que está en curso, pese a la renuncia de ambos. Estos exfuncionarios también se han presentado en la Fiscalía General, esto tendrá seguimiento de la justicia y del Parlamento. Es grave lo denunciado y vamos a tener una opinión concreta cuando culmine el sumario”, sostuvo a los medios de comunicación.
Chase indicó que de prosperar el tratamiento de la pérdida de investidura, se deberá aplicar la mayoría simple, tal como sucedió con el caso de la exsenadora encuentrista Kattya González. “Acá no se debe hacer lo que cada uno quiere, en febrero del 2024, el Senado tuvo una conclusión sobre ese análisis basado en el artículo constitucional y ese será la postura de nuestra bancada. No podemos cambiar de postura en cada análisis”, indicó.
Dejanos tu comentario
Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
Leé también: Presupuesto para el Incan: “Es un proyecto viable”, asegura Barrios
El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.
Dejanos tu comentario
Referentes de Honor Colorado rechazan pedido de juicio a Rolón, pero lo debatirán en bancada
A tempranas horas de este martes, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. Latorre aclaró que esta es una postura personal y que el pedido será debatido en la bancada de Honor Colorado.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, también expresó su rechazo al requerimiento. Agregó que el enjuiciamiento contará con el apoyo de los legisladores opositores y de la disidencia colorada, que valiéndose del caso Lalo Gomes buscan un titular del Ministerio Público que responda a sus interés.
“No estoy a favor de los juicios políticos. En el periodo anterior sufrimos eso cuando estaba como diputado, pasamos cuatro, cinco juicios políticos contra la exfiscal general, Sandra Quiñonez. Acá la idea es poner a un fiscal a medida. Yo no creo que esto se apruebe en Diputados”, dijo.
Hizo lo propio el diputado Rodrigo Gamarra, asegurando que la solicitud será profundamente debatida dentro de la bancada.
Gamarra precisó que altos referentes de Honor Colorado ya sentaron su postura en rechazo al planteamiento impulsado por la familia del fallecido dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
“Hay algunos que ya hicieron público su posicionamiento, pidiendo la destitución del fiscal y otros que piensan distinto. Cuando llegue el pedido de juicio al seno de la bancada se tomará con la seriedad debida que corresponde, será analizado profundamente dentro de la bancada y del movimiento Honor Colorado. Nosotros no somos una isla, tenemos una conducción y esto será analizado detenidamente con todos los actores”, sostuvo Gamarra a la 1020 AM.
Leé también: Presidente de Diputados rechaza juicio político contra fiscal general del Estado
Dejanos tu comentario
Presidente de Diputados rechaza juicio político contra fiscal general del Estado
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó este martes la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. El planteamiento es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
“Yo siempre tengo una postura histórica a favor de la institucionalidad, acá se presentaron numerosos pedidos de juicio político contra fiscales en periodos pasados, y bajo esta lógica voté en contra, en la búsqueda de estabilidad en la República. El juicio político es una medida de última ratio y tiene como consecuencia directa el quiebre de la paz institucional”, refirió en una entrevista a los medios de comunicación.
El pedido de enjuiciamiento fue presentado por el abogado Óscar Tuma, quien adelantó que no realizará lobby en Diputados para conseguir los votos requeridos para su aprobación.
Entre los principales argumentos esgrimidos contra Rolón Fernández figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales. Tuma también alega que la Fiscalía realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario.
“La estabilidad política y el fortalecimiento de las instituciones redundan en un mayor y veloz estado de desarrollo. Un proceso de juicio político lleva a una inestabilidad, pero por supuesto, esto será debatido en la bancada de Honor Colorado. Mis expresiones tienen que ver con mi visión personal sobre esta situación”, indicó Latorre.
Leé también: Anuncian un Ñemongeta Guasu a nivel nacional para reactivar al progresismo
Antecedentes
Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.
El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo y otros fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
Te puede interesar: Peña declara duelo nacional por cinco días tras fallecimiento del papa Francisco