El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Manuel Riera, cuestionó el claro privilegio concedido por la Corte Suprema de Justicia a la gremialista Porfiria Ocholasky, quien pidió permiso para postularse a un cargo electoral por el movimiento Fuerza Republicana. Advirtió que se violó la ley, considerando que los regímenes especiales se prevén solo para los casos de comisionamiento, becas de estudio o por transferencia a organismos internacionales.
“Creo que es una muestra más de que el Colegio de Abogados no se equivoca al decir que el trato que tiene Porfiria Ocholasky es privilegiado”, sostuvo en contacto telefónico con la 680 AM al señalar que la propia funcionaria del Poder Judicial confirmó a la prensa que su permiso es por motivos políticos, aunque en la nota alegó “razones particulares”.
Riera aseguró que la actividad que desempeña no le permite a Ocholasky realizar tal planteamiento; además, existen prohibiciones claras tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como otras normativas y el mismo Código de Ética.
“El Código de Organización Judicial expresamente prohíbe esto a los funcionarios. La Ley de la Función Pública tiene una sistémica similar, prohíbe la participación en actividades políticas. El Código de ética de los magistrados y funcionarios judiciales tiene disposiciones similares”, puntualizó.
A todo ello, agregó que el funcionario público como tal es recipiendario, destinatario, recepcionario de una función que le confiere la ley. “Entonces, no hace lo que quiere, hace lo que le atribuye o la competencia atribuida por ley. Y al ser funcionario público, es para el público, no es para ella. Entonces, su tiempo es público, no es para ella”, remarcó.
“Y acá está pidiendo públicamente un tiempo para dedicarse a su campaña política que la ley prohíbe”, añadió. El abogado recordó que la propia Corte Suprema de Justicia emitió la acordada Nº 252 en el 2002 que establece que los regímenes de permisos especiales sin goce de sueldo solamente se dan en tres casos. “Uno cuando te vas a otra institución a trabajar. Dos por razones de becas de estudios y salir a estudiar. Tres por una transferencia a organismos internacionales. No para dar campañas políticas”, aclaró.
El titular del gremio de los abogados enfatizó que “hay una violación de la acordada, una violación del Código, una violación de la ley pública”.
Así también, afirmó que hay “un claro privilegio, entendido como no regimiento de obligaciones para una mujer, mientras para el resto sí y ventajas excepcionales que ella tiene y el resto no, esos privilegios”.