La Cámara de Diputados recibió un proyecto de ley que plantea la declaración de emergencia por sequía en varias comunidades indígenas de la región del Chaco. La iniciativa busca promover de manera inmediata la asistencia para las poblaciones más vulnerables que incluso ven amenazada su subsistencia.
El planteamiento propone que la emergencia sea declarada por un plazo de 90 días en las comunidades indígenas de Casanillo Centro, Capiatá, Campo Rayo, Campo Aroma, las Palmas, San Rafael y Linda Vista, que se encuentran afectadas por una persistente sequía que azota desde el mes de enero pasado a esas regiones del Chaco.
El proyecto, presentado por el diputado Andrés Rojas, establece que los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), y los organismos concurrentes por la Ley 2615/05 “Que crea la Secretaría de Emergencia Nacional”, adoptarán todas las medidas conducentes para dar respuesta inmediata a las prioridades de los pobladores y productores de las comunidades mencionadas, mediante subsidios, asistencia técnica, provisión y construcción de infraestructura para servicio de agua segura.
Lea más: Senado posterga estudio del proyecto de ley para control a tabacaleras y clubes deportivos
“Se hace necesario y urgente intervenir con herramientas que contribuyan a la mitigación de los efectos en la salud y para la elaboración de planes de largo alcance para esas comunidades”, argumenta el proyectista en su exposición de motivos, según informó la Cámara Baja.
En el documento se explica que la zona afectada se encuentra en el departamento de Presidente Hayes, distante a unos 507 kilómetros de Asunción y a 479 kilómetros de la capital departamental, siendo el municipio más cercano el de Teniente Irala Fernández, a unos 120 kilómetros de la región a ser asistida.
El proyecto tuvo entrada oficial en la Cámara de Diputados y fue derivado a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; y a la de Pueblos Indígenas, para su estudio y eventual análisis ante el pleno.
Le puede interesar: Paraguay será sede de la Cumbre del Mercosur este 21 de julio
Dejanos tu comentario
Gremios declaran “zona de conflicto” en servicios de hospitales públicos por renuncia de médicos
Desde la Sociedad Paraguaya de Cancerología y la Sociedad Paraguaya de Patología y Citología emitieron un comunicado informando a la ciudadanía en general la declaración de una zona de conflicto ante las masivas renuncias de médicos especialistas tras el cierre de los cinco días de la huelga nacional impulsada por el sector de los profesionales de salud.
El comunicado realizado por la Sociedad Paraguaya de Cancerología refiere que la zona de conflicto abarca “los servicios de oncología de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ante las renuncias de médicos especialistas y la situación laboral que atraviesa el sector médico”.
Agrega que “esta medida acompaña el reclamo de los profesionales por mejores condiciones laborales, reconocimiento de su labor y una remuneración justa, acorde con la responsabilidad y una especialización requerida”.
Señala que la declaración en zona de conflicto permanecerá “vigente hasta alcanzar una solución al conflicto”. Asimismo, la sociedad solicita a sus médicos asociados no ocupar los cargos vacantes de oncología que sean ofrecidos durante este periodo, hasta tanto se logre una solución favorable”.
El comunicado expresa que “la Sociedad Paraguaya de Cancerología reafirma su respaldo a sus asociados y su compromiso con la dignidad profesional y una atención oncológica de calidad en nuestro país”.
Lea también: Los Cedrales: hallan en un vehículo a un hombre muerto con herida de arma de fuego
Mientras que desde la Sociedad Paraguaya de Patología y Citología menciona que la declaración de zona de conflicto también se extiende a todos los “hospitales del país dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en los que se produzcan renuncias de médicos patólogos. Esta medida responde al reclamo de los profesionales por condiciones laborales dignas y un reajuste salarial justo, en defensa de los principios de igualdad, dignidad y adecuada retribución”.
Añade que “instamos a nuestros asociados a no ocupar los cargos vacantes que sean ofrecidos en hospitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social mientras persista esta situación. La declaración se mantendrá vigente hasta la solución del conflicto”.
En el marco de la huelga general iniciada el pasado lunes 24 y finalizada ayer viernes 28 de agosto, los médicos requirieron al gobierno la adquisición de mayores insumos y medicamentos, el pago por los feriados, así como el nombramiento de los profesionales contratados.
El punto más conflictivo sobre el cual aún no se llegó a un acuerdo radica en el aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos.
Te puede interesar: Adolescente de 14 años fue víctima fatal de un choque frontal entre motocicletas
Dejanos tu comentario
Proponen fortalecer la memoria histórica de Acosta Ñu y las Campañas Cordilleras
Buscando convertir a Acosta Ñu y la Campaña de las Cordilleras en ejes prioritarios de preservación, investigación y divulgación de la memoria histórica nacional presentaron un proyecto de Ley que plantea fortalecer la protección patrimonial del sitio, promover su enseñanza y desarrollar herramientas de turismo educativo, con visitas guiadas, investigaciones de campo y materiales audiovisuales sustentados en fuentes verificables.
Por iniciativa del diputado colorado, Saúl González, el proyecto legislativo contempla la creación de un Comité Histórico ad honorem para acompañar las acciones académicas y culturales. El enfoque incorpora, además de los hechos militares, sus profundas consecuencias sociales, territoriales y demográficas. El documento fue derivado a las respectivas comisiones asesoras para su correspondiente estudio y dictamen.
La propuesta normativa reconoce el derecho de la sociedad al conocimiento de la verdad histórica y a la preservación de la memoria colectiva sobre la Campaña de las Cordilleras y los hechos de Acosta Ñu.
Le puede interesar: Cancilleres del Mercosur se reúnen en Uruguay para destrabar cuotas de UE
Por ello, el congresista busca establecer una política permanente de investigación, preservación y divulgación de la memoria histórica vinculada con la Campaña de las Cordilleras y, particularmente, con los acontecimientos de Acosta Ñu, ocurridos el 16 de agosto de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza.
Valorización cultural
Según exposición de motivos, el Estado paraguayo ya reconoce la relevancia histórica, cultural, patrimonial y educativa de estos acontecimientos. No obstante, se pretende sistematizar, profundizar y articular instrumentos jurídicos e institucionales existentes, sin sustituir competencias de instituciones públicas.
El proyecto plantea reconocer el 16 de agosto y el sitio histórico de Acosta Ñu como ejes prioritarios de memoria histórica, educativa y de valorización cultural, sin modificar el régimen conmemorativo del Día del Niño del Paraguay, establecido por el Decreto Nº 27484 de 1948.
Asimismo, recuerda que el área correspondiente al campo de batalla de Acosta Ñu, en Eusebio Ayala, ya fue declarada Patrimonio Natural, Cultural y Arqueológico mediante la Resolución SNC Nº 157/2017, en el marco de la Ley Nº 5621/2016, “De protección del patrimonio cultural”.
La propuesta plantea complementar la protección vigente con acciones de investigación histórica y documental, digitalización de fuentes, elaboración de mapas históricos, señalización interpretativa, recursos educativos y divulgación audiovisual.
“El estudio de la Campaña de las Cordilleras debe contemplar no solo los enfrentamientos militares, sino también sus consecuencias sociales, territoriales y demográficas, incluyendo los desplazamientos de población y la destrucción de comunidades. Propongo incorporar a Acosta Ñu y la Campaña de las Cordilleras como ejes prioritarios de las herramientas de turismo educativo previstas en la Ley Nº 6755/2021″, explicó el legislador.
Turismo educativo
Para ello, la normativa contempla visitas guiadas, investigaciones de campo y proyectos escolares vinculados con el sitio histórico y se plantea la producción de materiales audiovisuales sustentados en fuentes verificables e investigaciones académicas, con fines educativos, culturales y de divulgación pública.
Finalmente, el diputado González insta a crear un Comité Histórico ad honorem, de carácter consultivo, técnico y académico, integrado por especialistas nacionales y, cuando corresponda, extranjeros. “Este organismo no sustituiría las competencias de las instituciones públicas ni generaría cargos remunerados”, enfatizó.
El proyecto establece mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría Nacional de Cultura y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, así como la posibilidad de suscribir convenios con universidades, archivos, museos y otras instituciones.
Dejanos tu comentario
Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
Siga informado con: Presentan proyecto para sumar nueve km al Corredor Suroeste
Dejanos tu comentario
Senado aprobó con modificaciones ley de emergencia del IPS
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara en emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que el texto fue remitido nuevamente a Diputados para su consideración en segunda vuelta.
Varios diputados impulsaron la propuesta ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta la realización de acciones administrativas y financieras necesarias.
En su intervención ante el pleno, el senador Silvio Ovelar explicó que la iniciativa establece procedimientos excepcionales para atender las necesidades de la institución, entre ellos la suspensión de mecanismos convencionales de contratación y la posibilidad de realizar compras directas de medicamentos e insumos, además de reparaciones edilicias.
Te puede interesar: El canciller presidió la reunión del Consejo Consultivo Empresarial
Plazo de vigencia: un año
Recordó que durante una reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto participaron el presidente del IPS y el ministro de Economía y Finanzas, quienes expusieron sobre el alcance de la propuesta.
A su vez, el senador Natalicio Chase propuso su aprobación con modificaciones. El planteamiento contempla, entre otros aspectos, medidas relacionadas con el fortalecimiento del recurso humano, incluyendo la desprecarización laboral de aproximadamente 700 funcionarios y la incorporación de nuevos contratos, conforme a la planificación institucional, para cubrir el déficit de médicos existente en el ente previsional.
La propuesta también contempla la constitución de una fiducia de gestión de cobranza, orientada a la recuperación de la cartera judicializada de la institución. El objetivo es alcanzar al total de los deudores en mora y recuperar, en un plazo de cinco años, el 60 % de la cartera entregada para gestión de cobro.
Durante el tratamiento también se planteó modificar el plazo de vigencia de la emergencia, estableciendo que sea por un año desde su promulgación, en sustitución del plazo previsto inicialmente hasta el año 2028.
Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado con modificaciones y, al contar con cambios respecto de la versión sancionada por la Cámara de Diputados, se envió nuevamente a la Cámara Baja para su tratamiento en plenaria.
Leé también: Ministro de Defensa destaca trabajo coordinado del Gobierno ante efectos de El Niño