Desde la Unión Industrial Paraguaya, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, se pronunciaron ante la medida de fuerza adoptada por el sector del transporte público, la cual impactó directamente en los trabajadores de diferentes sectores que necesitan acceder a este servicio para llegar a sus lugares de trabajo.

En el documento, manifestaron su firme preocupación y rechazo ante una acción a la que calificaron como desproporcionada y altamente perjudicial para el funcionamiento de la economía nacional, ya que el retraso del servicio o la inexistencia del mismo en muchos casos generó que ayer las oficinas y locales del área central no pudieran cumplir con sus funciones a cabalidad.

“No resulta razonable que, en un contexto donde el propio sistema se encuentra sostenido por importantes recursos públicos, se recurra a medidas que terminan afectando a los ciudadanos y a los sectores que financian dicho esquema”, destaca parte del comunicado.

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Desde este punto de vista, la institución instó al Gobierno a revisar de manera inmediata y profunda el modelo actualmente vigente de subsidios al transporte público, remarcando la importancia de avanzar hacia la competencia, eficiencia y la transparencia del servicio.

“Persistir en esquemas que han demostrado reiteradamente ineficiencias, distorsiones y falta de resultados sostenibles no solo compromete la calidad del servicio, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y pone la inversión industrial bajo observación”, menciona el documento.

Aprovecharon la oportunidad para recordar que si Paraguay aspira a consolidarse como un país industrial, moderno y atractivo para nuevas inversiones, no puede continuar respaldando modelos obsoletos ni tolerando prácticas que afectan la previsibilidad.

“Las decisiones de fondo no pueden seguir postergándose. Se requieren medidas firmes, claras y ejemplificadoras que reordenen el sistema y garanticen condiciones justas y eficientes para todos los actores”, finaliza el comunicado.

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Cientos de choferes de buses y minibuses bloquearon vías y paralizaron el servicio público este miércoles en las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto, en protesta contra el gobierno por distribuir gasolina de mala calidad, constató la AFP.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz prometió al asumir el poder en noviembre normalizar el suministro de combustibles, en medio de una crisis de abastecimiento por falta de fondos para sostener una política de subsidios, que eliminó.

Las importaciones aumentaron y desaparecieron las largas colas en las estaciones de servicios. Pero ahora los conductores se quejan de la mala calidad de la gasolina que, aseguran, está dañando los motores.

“Estamos siendo afectados ya hace más de 4 meses. Antes la gasolina era bien purificada”, dice a la AFP Juan Carlos Sirpa, un chofer de 33 años.

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Este miércoles no prestó servicio en su minibus. El paro durará 24 horas, anunciaron los sindicatos.

Personas a pie, en bicicletas o en motos transitaron apurados entre vehículos de pasajeros detenidos, que los manifestantes dejaron en puntos críticos donde colapsó el tráfico.

La estatal petrolera YPFB, que importa y distribuye el combustible entre las gasolineras del país, admitió que sus tanques de almacenamiento presentaban rastros de óxido que generaron la contaminación.

Sin embargo, el paro de transportistas “es una medida irresponsable que no debería realizarse”, dijo el martes a la prensa Yussef Akly, presidente de la compañía.

“La calidad está garantizada, está controlada, hemos hecho un montón de mejoras al sistema de control”, agregó.

El gobierno recibió hasta el momento más de 10 mil reclamos para compensaciones de daños a los motores. De estos, unos 700 propietarios ya han sido indemnizados, según la compañía.

El bloqueo de vías “es perjudicial para todos nosotros, pero ni modo”, dice el ingeniero comercial Enrique Rodríguez, de 34 años, quien se las ingenió para llegar a su trabajo.

Motociclistas se ofrecieron a llevar pasajeros entre las empinadas calles de La Paz, a 3.600 metros de altitud, pero cobraban hasta el triple del valor de un pasaje de bus.

El gobierno investiga a funcionarios de la gestión izquierdista anterior por una supuesta inacción, al no advertir a tiempo la contaminación en los tanques.

• Fuente: AFP

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El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) anunció una operación financiera que marca un cambio en la forma en que gestiona sus recursos. Por primera vez, la institución adquirió bonos emitidos por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) por un valor de G. 40.000 millones.

Según el comunicado de Senacsa, esta operación representa un hito en la gestión financiera de la institución, ya que permite canalizar los recursos disponibles hacia instrumentos que, además de generar rendimiento, tienen un impacto directo en la economía productiva del país.

“A través de este nuevo instrumento financiero, el Senacsa canalizará los recursos generados por el sector, nuevamente hacia su fortalecimiento y contribuirá al desarrollo productivo”, manifiesta parte del escrito.

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Los fondos serán destinados, a través del sistema financiero y cooperativo, a iniciativas vinculadas principalmente a la producción ganadera. Entre ellas, se destacan proyectos para la recuperación del stock bovino, como el programa de retención de vientres, mejoras en los sistemas productivos y la incorporación de prácticas que permitan aumentar la productividad y la resiliencia del sector.

Además, esta operación busca facilitar el acceso al crédito en condiciones competitivas para distintos actores del ámbito productivo, lo que puede traducirse en más inversión, mayor eficiencia y crecimiento económico.

Desde el Senacsa resaltaron que esta decisión es resultado de una gestión administrativa ordenada y del dinamismo del propio sector pecuario, que genera los recursos que hoy permiten este tipo de inversiones.

En un contexto donde el acceso al financiamiento es clave para el desarrollo, este tipo de iniciativas apunta a fortalecer la cadena productiva desde adentro, utilizando herramientas del sistema financiero para potenciar uno de los sectores más importantes de la economía paraguaya.

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La Secretaría Nacional de Cultura emitió un comunicado en el que responde a los cuestionamientos del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, sobre supuestas trababas al proyecto de construcción del Teatro Departamental “Julio Correa” en la ciudad de Luque.

Al respecto, la institución cultural informa que el proyecto no ha sido rechazado, ni suspendido, como se pretende instalar desde la Gobernación de Central. Explica que por el contrario, se encuentra pendiente de adecuación conforme a los lineamientos técnicos establecidos.

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Menciona que el proyecto fue recibido el 29 de enero del corriente año, para la correspondiente evaluación técnica y que mediante el informe DBC N° 12/2026, de fecha 9 de febrero 2026, en ella se solicitaban varios ajustes al proyecto, considerando que el inmueble en el que se pretende la construcción del citado teatro, cuenta con reconocimiento patrimonial conforme a la normativa vigente (Ley N° 5621/16, la ordenanza municipal JM N° 162/217 y el Registro Bienes Culturales SNC N° BI00000239).

Cabe señalar que el Teatro Departamental en Luque se está proyectando en un predio de la Gobernación, conocido como “La Casona de Julio Correa”, que en su momento fue donada por su descendencia.

Este edificio, que ya ha sido catalogado como Patrimonio, es donde se pretende la construcción de un teatro modelo, con salones auditorios, para diferentes modalidades, para estudiar en el lugar, según habían señalado el año pasado al momento del anuncio del proyecto.

Al respecto, desde la SNC señalan que se mantuvieron varias reuniones técnicas y el 19 de febrero del presente año, se remitieron formalmente los lineamientos para la adecuación del proyecto. “A la fecha, la SNC no ha recibido una nueva presentación que incorpore dichas recomendaciones técnicas, con el fin de cuidar el patrimonio cultural”, remarca el comunicado.

Agrega, que en este contexto, la intervención de la SNC responde al procedimiento técnico regular aplicable a bienes patrimoniales, orientado a garantizar la viabilidad del proyecto dentro del marco legal vigente.

“La institución reitera su disposición a acompañar este proceso a fin de garantizar la adecuada intervención del patrimonio, ante el desarrollo del proyecto del Teatro Departamental”, concluye el comunicado.

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