En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:

1. Sebastián Martínez Insfrán
2. Sonia Barrios Ramírez
3. Walter Hugo García Méndez
4. Salem Esgaib Zugaib
5. Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
6. Valeria Fabiana Romero
7. Hugo Benítez Vázque
8. Karen González Vergara
9. Fredy Guzmán Martínez
10. y Cinthia Noelia Alen Guerrero

Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.

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Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.

“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.

Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:

• Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
• Prohibición de salida del país.
• Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
• La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
• y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.

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La representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Blanca Ávalos indicó que el sector de los docentes aguarda la contrapropuesta del Ejecutivo y Legislativo sobre las modificaciones que plantearon al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y cuyo estudio en el Senado fue postergado sin plazo fijo (sine die).

“Nosotros ya hemos entregado nuestras modificaciones y esperamos la contrapropuesta. Tengo miedo de que la postergación sine die haga que se pueda estudiar el proyecto en cualquier momento, debido a que los senadores pueden convocar a una sesión extraordinaria dentro de la convocatoria a una ordinaria. No hay confianza hacia ellos”, refirió la docente gremialista, este jueves, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El ministro de Desarrollo Social (MDS) y titular del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, aseguró que la deuda que mantiene su cartera y las gobernaciones con las proveedoras de alimentos del programa Hambre Cero en las Escuelas será saldada antes del 15 de marzo.

Rojas detalló que la deuda alcanza actualmente USD 50 millones, correspondiente al periodo 2025. “Desde el ministerio estamos arrastrando una deuda de USD 14 millones. Mientras que las 15 gobernaciones que ejecutan el programa cuentan con una deuda que está al orden de los USD 36 millones”, dijo a la 1020 AM.

El Senado de Brasil ratificó ayer miércoles el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea tras el reciente visto bueno de la Cámara Baja al pacto que creará el mayor mercado común del mundo.

También ayer, por unanimidad, la Cámara de Senadores de Paraguay aprobó el proyecto de Ley que acompaña el acuerdo interino de comercio entre ambos bloques. El documento con media sanción pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Una comitiva de representantes de la empresa española Novargi Group, encabezada por el vicepresidente del grupo, Daniel Pascual, se reunió con el viceministro de Industria, Javier Viveros. En esta oportunidad anunciaron su interés en invertir en una planta de fertilizante verde en la ciudad de Villeta.

El proyecto se ejecutaría en dos fases: una primera etapa donde la inversión sería de USD 220 millones. En materia de empleo, prevé la generación de alrededor de 100 puestos de trabajo directos y al menos 200 indirectos, con la perspectiva de impulsar empresas auxiliares vinculadas al mantenimiento industrial, servicios técnicos y formación especializada.

El periodista del portal Salto del Guairá Noticias y corresponsal del canal GEN y de Universo 970AM, Juan Alcaraz, denunció una presunta agresión a latigazos por parte del intendente de Laurel (Canindeyú), Pablo Karjallo Pérez, ayer al mediodía, cuando el trabajador de prensa fue convocado por vecinos para tomar un reclamo.

“Me convocaron a Laurel para una denuncia de vecinos por una escuela. Y no sé qué le pasó al intendente. Había sido que es la casa de su exsuegra y se fue y me atacó. Había sido tenían un conflicto y le dijeron que llevarían prensa y al verme me agredió”, relató Alcaraz al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) continúa este jueves la distribución de chapas y otros elementos para las familias del Bañado Sur damnificadas por la tormenta que dejó a muchos pobladores sin techo.

Gloria Riquelme, funcionaria de la SEN, informó al canal Gen/Nación Media que las familias que están recibiendo asistencia son las que figuran en el listado proveniente del censo recientemente realizado. Los afectados están recibiendo chapas de zinc, terciadas, colchones, frazadas y puntales para compensar las pérdidas sufridas durante las tormentas registradas durante la semana.

En un operativo desarrollado en la madrugada de este jueves, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) decomisaron un cargamento de 40 paquetes de marihuana prensada que totalizó 1.180 kilogramos. La droga estaba oculta en una zona boscosa de Isla Ovecha de Ita Corá, zona de Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú.

El valor aproximado de la carga incautada representa una pérdida de unos USD 472.000 para los grupos criminales, constituyendo un golpe económico importante para las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas, destaca la institución.

• Por Benjamín Livieres
• Analista político de NM

Los ataques sistemáticos del grupo Abc al gobierno de Santiago Peña y al cartismo, sobre el tema que fuere, tienen como único objetivo instalar la idea de que “estamos peor”, lo que implicaría que “con Mario Abdo estábamos mejor”, algo que ni los mejores sofistas –ausentes en sus filas– podrían sostener algunos segundos.

Ese es un camino con inconvenientes para sus fines, pues no lograrían más que hacer el ridículo. Los registros dan cuenta del retroceso económico y social durante la gestión anterior, así como de los cerca de 20.000 muertos por falta de vacunas en pandemia, además de los casos penales por enriquecimiento ilícito y lavado que se le siguen al expresidente, y por haber utilizado las instituciones del Estado para borrar del mapa a Horacio Cartes, a los que se suma un rosario de ilícitos en diversas reparticiones.

Tampoco es capaz de rebatir los indicadores económicos –claramente positivos en esta gestión–, que la inversión en programas sociales es la mayor de todos los tiempos o que el país ha ganado posiciones en la consideración internacional; aparte de mantener la estabilidad política en los últimos 30 meses, un don muy preciado en la convulsionada Sudamérica.

¿Entonces, qué hace Abc Color? Se monta sobre algunos hechos puntuales, verdaderos o inventados, para atacar “el todo”, para descalificar la gestión de gobierno en su conjunto y socavar las bases de sus programas más relevantes, en el afán de producirle el mayor desgaste político que le sea posible.

Este es el caso de la campaña que despliegan los medios del Grupo Zuccolillo sobre la politización del programa Hambre Cero, que no apunta a enmendar errores y desarrollarlo, sino a destruirlo. Así, las denuncias sobre malos manejos en ciertas gobernaciones, que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta prácticas de chantajes laborales para respaldar tal o cual candidatura, no tienen como centro la investigación de los hechos denunciados y que se apliquen las medidas pertinentes, sino la invalidación absoluta del proyecto.

Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero sería redundante. Estamos ante el “relato” de un poderoso grupo mediático que defiende sus intereses corporativos sin la menor ética ni escrúpulos, con el fin de acabar con aquellos a quienes considera enemigos, los “cartistas malvados”.

Dicho esto, la respuesta a estos ataques de los que está siendo objeto Hambre Cero no puede ser, simplemente, que “todo es falso”, que “las gobernaciones ni inciden en los contratos laborales” y sus titulares, sin excepción, ya tienen reservado un lugar en el paraíso. No es minimizando los problemas, ni menos desconociéndolos, como se fortalecerán los programas y proyectos en curso, sino al revés, actuando sobre ellos y rectificando lo que deba rectificarse, en esas y otras áreas en donde los problemas de gestión resultan notorios. Y comunicar bien. Claro, para eso el Gobierno debería contar con su propio “relato” y responder las cuestiones de estratégicas, no la montaña de acusaciones que recibe a diario.

Como criterio general, es siempre importante separar la paja del trigo. Hay críticas que se ajustan a la realidad, pero no por eso invalidan, ni mucho menos, programas de tanta trascendencia. No porque exista paja en el trigal, se considera una plantación de pura paja, como transmite Abc en todas sus páginas, al no diferenciar –intencionalmente– lo uno de lo otro.

El gendarme argentino liberado tras 448 días preso en Venezuela denunció este miércoles en Buenos Aires que estuvo encerrado en una prisión “de tortura psicológica” y que seguirá sintiéndose “encerrado” mientras no liberen al resto de los extranjeros presos en el país caribeño.

Nahuel Gallo, de 33 años, estuvo detenido en la temida prisión Rodeo I, en la periferia de Caracas, desde diciembre de 2024 hasta el último fin de semana, cuando fue liberado tras una gestión de la que participó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“El Rodeo I no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante tortura psicológica no muy grata para contar”, dijo ante periodistas en la sede de la Gendarmería en Buenos Aires.

Vistiendo un uniforme con su nombre que le quedaba grande tras más de un año en cautiverio, pidió la liberación de otros 24 extranjeros prisioneros de ese centro.

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“No teníamos visitas, no teníamos llamadas”, dijo antes de quebrarse en llanto. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, le tomó la mano. “No quiero contar las atrocidades que hicieron, no puedo”, prosiguió.

Luego rogó a las oenegés que “no bajen los brazos”: “Esto no terminó. Yo sigo encerrado. Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros no voy a ser libre”.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, escribió el domingo que la liberación fue posible por el trabajo conjunto entre la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL.

El hecho se produjo en medio de un conflicto entre el gobierno y la entidad que rige el fútbol en Argentina.

Gallo, que llegó al país en la mañana del lunes, fue citado a declarar como testigo en una causa por delitos de lesa humanidad contra el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, que se sigue en la justicia argentina bajo el principio de jurisdicción universal.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsó un proceso de liberaciones de presos políticos y una amnistía general después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

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Desde el inicio de las excarcelaciones el 8 de enero han quedado en libertad más de 540 personas, pero cerca de 560 -entre ellos decenas de extranjeros- siguen en prisión por motivos políticos, según cifras de la oenegé Foro Penal.

Fuente: AFP