La apertura de una investigación sobre el avión carguero venezolano-iraní que había hecho escala en Paraguay genera un sinfín de contradicciones de diferentes sectores. Desde la escolta policial que recibió a los tripulantes hasta la forma en que se operó desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
Mientras que en Argentina se confirmó este miércoles que la Justicia centra actualmente sus pesquisas en la tripulación y no a la carga que transportaba, el presidente de la República, Mario Abdo, se evidencia a través de las redes sociales por la falta de acción política ante esta situación que no se evitó en territorio nacional.
La orden del mandatario fue que la Secretaría Nacional Anticorrupción solicite al Ministerio Público, encabezado por Sandra Quiñónez, iniciar una investigación en relación con la presencia de la tripulación venezolana-iraní, conformada por 18 personas sospechosas de ser parte de un grupo terrorista.
Lea más: Abdo solicitó investigar sobre la presencia del avión venezolano-iraní en Paraguay
Sin embargo, expuso a los entes de control que no evitaron ni registraron el ingreso de este avión al país exponiendo de esta manera a la seguridad interna. Los procedimientos de la Dinac, Aduana, Policía, militares y Migraciones a cargo del Poder Ejecutivo se expusieron ante este caso que tuvo repercusión en Argentina, por no cumplir los filtros.
El ministro del Interior, Federico González, había confirmado en entrevista al canal GEN/Nación Media que lo que había levantado sospechas iniciales en las autoridades locales tenía que ver con la cantidad y el origen de los tripulantes de la aeronave, casi una veintena de iraníes y venezolanos, atendiendo a que los vuelos de carga no suelen contar con un alto número de pasajeros.
Dejanos tu comentario
Juicio a Tania Irún: ratifican acusación por presunta violación a ley de seguridad fronteriza
Se inició el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial de Asunción, Tania Irún, quien está sentada en el banquillo de los acusados por el hecho punible de prevaricato.
Se la acusa de presuntamente violar la ley de seguridad fronteriza al dictar un fallo que otorgó a supuestas empresas de maletín, unas 310.000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a la exmagistrada está integrado por los jueces penales Lourdes Garcete, Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado.
Ellos tendrán que analizar los elementos probatorios que sostienen la acusación formulada por el Ministerio Público y la querella adhesiva.
Te puede interesar: Solicitan extradición del hombre que huyó con su hija de 2 años a la Argentina
Al presentar sus alegatos iniciales, el fiscal Cristian Benítez fue tajante y contundente en señalar que, durante el debate del juicio oral, se demostrará que la acusada abusó de su cargo de jueza al dictar una resolución manifiestamente injusta y contraria al derecho. Según la acusación, este acto vulneró la seguridad nacional y la integridad territorial de la República del Paraguay.
Asimismo, el representante del Ministerio Público sostuvo que llamó la atención que la hoy exjueza Tania Irún interrumpió su permiso de maternidad para regresar a su despacho y firmar la resolución haciendo lugar a una demanda. Tal situación podría hacerlo el interino de la hoy acusada, indico el fiscal.
Acusación
La acusación contra Irún menciona que, cuando ella se desempeñaba como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15.º Turno de la Capital, dictó de forma irregular la Sentencia Definitiva N.º 494 del 23 de noviembre de 2018.
Mediante esta resolución, ordenó transferir a favor de cuatro empresas extranjeras unas 310.000 hectáreas de inmuebles ubicados en Alto Paraguay, una zona de seguridad fronteriza protegida por ley.
La fiscalía sostiene que la entonces magistrada no verificó la identidad ni la nacionalidad de los representantes de las empresas demandantes, ni comprobó la naturaleza de sus acciones o títulos, incumpliendo las exigencias previstas en la Ley N.º 2532/05 de Zona de Seguridad Fronteriza.
Podes leer: Ypytá: comunicarán al JEM supuestas irregularidades del juez Édgar Rivas
Dejanos tu comentario
Paciente con cáncer de cerebro lleva tres meses sin medicación
La Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras (FEPPER) denuncia que una paciente con melanoma avanzado (cáncer de cerebro) se encuentra sumamente deteriorada debido a la falta de sus medicamentos, por lo que pide se haga cumplir una resolución judicial que ordena la provisión de la medicación.
“Transcurrieron más de dos meses y la sentencia sigue sin cumplirse, mientras la enfermedad avanza sin piedad”, expresan a través de un comunicado.
El 29 de abril de 2026, la Justicia hizo lugar a una acción de amparo y dispuso que el Ministerio de Salud arbitrara los mecanismos necesarios para asegurar su tratamiento.
Te puede interesar: Policía herido en ataque perpetrado en Naranjito se encuentra estable
“Prometen dar curso a su caso y analizar la disponibilidad de fondos para realizar la compra. Pero esa promesa no le va a salvar la vida cuando su cuerpo se deteriora. Vamos a morir esperando”, lamentan.
Ante esta situación, solicitan el cumplimiento inmediato de la sentencia y la provisión completa y continua del tratamiento indicado para la paciente.
“No aceptamos nuevas promesas, trámites ni dilaciones. La paciente necesita su tratamiento ahora. El Estado debe cumplir la sentencia antes de que sea demasiado tarde”, advierten.
En caso contrario, la FEPPER llevará el caso ante organismos internacionales. “La falta de fondos no puede seguir utilizándose como excusa cuando hay vidas en riesgo y una orden judicial vigente”, argumentan.
Se trata de una madre, aportante del IPS, pero la previsional no hizo caso al amparo; entonces, tuvo que recurrir a Salud Pública. Desde abril hasta ahora está sin medicación y su enfermedad ha avanzado de acuerdo al último diagnóstico médico.
Leé más: Persistirán las lluvias este miércoles en gran parte del país
Dejanos tu comentario
Trabajadoras denuncian a institución de educación superior por falta de pago de salarios
Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.
Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.
“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.
Lea también: Trabajador murió aplastado por una amasadora en Villa Hayes
Denuncia y proceso legal
La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.
“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.
Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.
Violación laboral
Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.
“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.
Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.
Lea también: Tarjeta rota de la justicia: árbitro es arrestado en la cancha por deuda alimentaria
Dejanos tu comentario
La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
Te puede interesar: Tribunal absuelve por unanimidad de culpa y pena a Óscar Boidanich
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py