El diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida, habló sobre el proyecto de ley impulsado desde su bancada que elimina de manera temporal el IVA de los productos de la canasta básica, que figura en el punto 4 del orden día en la sesión de la Cámara Baja.
“Más que nunca estamos viviendo una etapa en la que todos nos damos cuenta de que falta dinero en el bolsillo, no se alcanza a fin de mes y cualquier pequeño aporte viene bien, siempre decimos que con este gobierno corrupto es mucho mejor el dinero en el bolsillo del ciudadano que el dinero en el bolsillo del Estado, tenemos que ayudar en estos alimentos de primera necesidad y vamos a ver qué analiza la plenaria”, explicó el presidenciable por el PPQ.
Sobre la postura contraria del Ministerio de Hacienda, el legislador mencionó que a veces reduciendo impuestos se termina recaudando más y puso el ejemplo de lo que ocurrió con la ley de adecuación fiscal en el 2004, en que se redujeron algunos impuestos, y sin embargo se logró aumentar 4 veces el ingreso en tributos.
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“Yo le entiendo a Hacienda, siempre que se plantea cualquier tipo de reducción de impuestos, ellos están en contra siempre, pero acá debemos pensar en la gente y si se necesita dinero, hay mucho malgasto público para buscar”, argumentó. “En caso de que los organismos estatales sigan oponiéndose, les invito a presentar una propuesta y debatirla, porque es muy fácil criticar nuestra iniciativa y no presentar soluciones”, cuestionó.
El proyecto previsto a ser tratado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados plantea inicialmente “disponer la exoneración temporal del impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de la canasta básica por un periodo de un año”, donde se incluyen alimentos como: arroz, fideos, aceites, yerba, leche, huevos, carnes, harina y sal yodada.
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Diputados presentan propuesta para marco legal sobre ciberseguridad en Paraguay
Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.
La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.
De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.
Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.
Instituciones de Ciberseguridad
De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).
Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.
El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.
El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.
La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.
El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.
Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.
Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.
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Minería y medioambiente: buscan consensuar una ley sobre uso de químicos
Este lunes se desarrolló la audiencia pública sobre el proyecto de ley que plantea la prohibición del uso de cianuro de sodio en piletas y mercurio en procesos de producción minera. Al término del encuentro, el diputado Alejandro Aguilera, proyectista de la iniciativa dio detalles sobre los puntos abordados.
“Buscamos un punto intermedio, que se trabaje respetando el medioambiente, los mineros dicen que ellos cumplen con todas las leyes vigentes hoy, que están sometidos a los controles y que no tienen ningún problema en que se los siga controlando, pero nosotros tenemos denuncias que no podemos hacer caso omiso, vamos a seguir analizando esto”, enfatizó el legislador.
En este encuentro estuvieron presentes mineros de Paso Yobái, representantes de empresas concesionarias, el intendente de ese distrito, Óscar Chávez, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y referentes de la sociedad civil.
“Fue un espacio importante de diálogo. Nos munimos de mucha información. Los mineros fueron escuchados, dieron sus versiones sobre los trabajos que realizan, y también se presentaron investigaciones”, detalló Aguilera. El parlamentario admitió que existe una postura dividida respecto al uso de cianuro.
“Los representantes del Mades manifestaron que actualmente no existe un químico que reemplace al cianuro en los procesos mineros y que dentro de los elementos utilizados, este es el menos nocivo. No así el mercurio, cuya utilización ya está desaconsejada por acuerdos internacionales. Sin embargo, hay sospechas de que aún se estaría utilizando. El Mades negó esa información, alegando no contar con registros de su uso”, explicó.
Aguilera señaló que el proyecto será analizado en varias comisiones, como la de Minas y Energía, antes de avanzar en el tratamiento parlamentario. “Vamos a estudiar y profundizar este tema para llegar a una solución que beneficie a la comunidad. No estamos en contra de la minería; reconocemos que genera empleo en Guairá. Pero también tenemos la responsabilidad de velar por el medioambiente”, sostuvo.
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Mediante la iniciativa, se plantean sanciones significativas para quienes violen la prohibición que van desde penas privativas de libertad de cinco a diez años y multas de 500 a 2.500 jornales mínimos. En casos graves, esto puede aumentarse de seis a doce años, con multa de 1.000 a 5.000 jornales mínimos.
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Plantear dictar emergencia educativa y social ante violencia en las relaciones adolescentes
Diputados de diferentes signos políticos plantean que, más allá de acciones punitivas, se deben buscar alternativas que sean preventivas, educativas y restaurativas ante episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes.
Por ello se presentó el proyecto de ley “que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.
La iniciativa que fue enviada a consideración de las comisiones asesoras, que, de acuerdo a la exposición de motivos, la idea es declarar una emergencia educativa y social, en todo el territorio nacional, ante el incremento de casos de violencia en las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes, sería por el término de doce meses.
La iniciativa pretende que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.
Menciona que tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.
La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas.
Entorno familiar
“La violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual", explica parte del documento.
Asimismo, señala que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.
Argumenta que, en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, lamentablemente.
Sostiene que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.
Abordaje preventivo
Los legisladores lamentan que si bien existen marcos normativos como la Ley “De Protección Integral a las Mujeres”; el “Código de la Niñez y la Adolescencia”; y la propia Carta Magna, que en su artículo 48 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, “no haya sido suficiente”.
Finalmente, manifiestan que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.
“La intervención debe ser temprana, constante y coordinada entre las instituciones responsables: MEC; Salud Pública; Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de la Mujer, para garantizar que la educación, la igualdad, el respeto mutuo, el reconocimiento de las señales de alerta y el autocuidado afectivo, se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, refiere el texto.
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Proponen crear una cuenta única para canalizar fondos de salidas alternativas al proceso penal
El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.
Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades. El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.
El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Las compras previstas con los recursos recaudados se realizarían bajo la modalidad de excepción, buscando agilizar los procesos de adquisición.
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Rodríguez indicó que la cuenta sería administrada por el Banco Nacional de Fomento, con controles del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos recaudados serían distribuidos en cuatro ejes.
Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas. La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.
Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. “Normalmente el combustible es insuficiente”, señaló el diputado. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibiría el 25 % para destinar a la reparación de escuelas y centros educativos públicos.
Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25% de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.