El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.

En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.

El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tiene elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial, es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.

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Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de Intendente Municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.

Ahora el juzgado penal de garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó, el 16 de abril pasado, una denuncia ante el Ministerio Pública al detectar, a través de una auditoría interna, una presunta rosca que solicitaba coimas a los jubilados para falsificar certificados médicos con el fin de “agilizar” los trámites en la Caja de Préstamos de la previsional. El asesor jurídico José González puntualizó las irregularidades detectadas y los desafíos que asume la institución para mejorar la transparencia.

“No podemos caer en los mismos errores que cayó la administración anterior, tenemos que ver nuestros números, todas las falencias que dejó la pasada administración, identificar a los responsables y mejorar”, señaló González en el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, detallando que esta es la segunda denuncia presentada por IPS ante la Fiscalía, luego de los reportes finales que había remitido la Contraloría General de la República (CGR) sobre otras irregularidades.

A partir de aquel informe, el presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez dispuso la realización de la auditoría, el 21 de marzo pasado, que verificó 25 solicitudes de préstamos a partir del mes de febrero, pendientes de aprobación. En tanto, la Contraloría señalaba sobre un crédito que se había sacado para pagar a los proveedores. Posteriormente se sacó otro, el cual no tenía fuente de financiación, y para saldar ese crédito se dejó de cumplir con los proveedores, por lo cual se hablaría de un monto cercano a los USD 250 millones, refirió González.

“Luego se detectaron otras irregularidades como solicitudes de embargo sobre inmuebles del IPS, cuando esto no se dispone reglamentariamente, sin mencionar que se encontró un fideicomiso totalmente descalzado”, indicó González. Aparte, durante 5 años se dejaron de certificar las deudas y, hoy en día, 5.300 títulos de créditos se están empezando a imprimir, que consisten en los aportes de obrero-patronal que se hacen por parte de las empresas, que la anterior administración no judicializó.

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El asesor jurídico del IPS detalló que actualmente hay dos causas abiertas en el Ministerio Público, planteadas desde la previsional, una sobre los tres reportes que había hecho la Contraloría y la segunda sobre los resultados de la auditoría externa. “Se encuentran en etapa inicial, están en proceso de investigación, pero consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación porque se trata de hechos irregulares graves y reportes finales que ha emitido la Contraloría”, expresó González.

“Ahora tenemos que ordenar la casa. Estamos trabajando en la parte inmobiliaria, también queremos implementar un sistema donde todos los asegurados y la ciudadanía puedan saber lo que tiene IPS, cuál es el valor real de lo que están pagando y qué es lo que deberían pagar”, señaló. También se analizarían los mecanismos para realizar un control de los bienes, con lo cual se prevé la posibilidad de contar con mayor transparencia. Todo está siendo informatizado para que en corto plazo se pueda llegar a este tipo de servicios.

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Una mujer denunció la inacción del Ministerio Público y la falta de protección que debe brindar la justicia a las víctimas de violencia familiar. Asimismo, sostuvo que está impotente debido a que es de escasos recursos y no puede contratar un abogado para poder defenderla ante un caso que considera como injusticia.

“Soy víctima de un intento de feminicidio porque mi expareja quemó mi casa cuando mis hijos estaban adentro”, dijo la señora Karen Balovier ante la situación que está atravesando, que actualmente no tiene ni donde guarecerse.

Agregó que su expareja quemó la casa estando dentro ella con sus hijos. Pese al voraz grado de violencia, el expediente solo está caratulado como violencia familiar. Sostuvo que por este motivo se siente “impotente porque no tengo recursos para poder contratar a un abogado”, indicó.

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Añadió que ya solicitó al Juzgado donde atienden su caso que se cambie la carátula de violencia familiar a intento de feminicidio, porque siente mucho miedo que su expareja vuelva y quiera hacerle algo a sus hijos o a ella, manifestó.

Asimismo, Balovier manifestó: “espero que se cambie la carátula y que sea por intento de feminicidio porque él sabía cuando quemó la casa que estábamos mis hijos y yo adentro”, puntualizó la denunciante.

Del mismo modo, la mujer criticó la resolución del juez de Ayolas, Blas Montiel, quien hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento del imputado César Ramón Villar Fretes, que en principio fue procesado por violencia familiar.

Como medida reparatoria, el magistrado dispuso que Villar Fretes realice una donación de G. 500.000, pese a que las víctimas quedaron sin un techo y con mucho miedo a que vuelvan a ser víctimas de algún tipo de agresión.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó este martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Cámara Alta de restituir los fueros a los legisladores procesados Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.

Rolón había argumentado días atrás que paralizar procesos en marcha es inconstitucional, debido a que no es una figura prevista en la legislación paraguaya. Los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial que deberá expedirse sobre esta acción.

En su argumentación contra la Resolución n.° 502 de la citada cámara adoptada el pasado 4 de abril sostiene que “la resolución del Senado tiene el inmediato efecto de detener los procesos, con lo cual pone en ascuas el modelo de juzgamiento, que en esquemas de garantías debe culminar en un plazo razonable, otorgándose nuevo blindaje con la restitución de los fueros a cada afectado, aspecto fundamental, inédito e inadmisible dentro de la Constitución Nacional vigente”.

En su descargo ante la máxima instancia judicial hace referencia al artículo 137 de la Supremacía de la Constitución, donde se establece que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.

El documento menciona al artículo 248 de la carta magna referente a la independencia del Poder Judicial. “Al hacerlo de tal manera se ha incurrido en una inobservancia institucional de gravísimas consecuencias, al habilitarse vías operativas que desconocen la seguridad jurídica”, sostiene parte de la acción de inconstitucionalidad.

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También detalla que el caso de Erico Galeano, la fase investigativa está pendiente de acusación y el plazo que tiene el agente Silvio Corbeta para cumplir con este trámite vence el 24 de mayo. El parlamentario se encuentra imputado por lavado de dinero y asociación criminal.

Asimismo, sostiene que el proceso de Hernán Rivas se encuentra en etapa preparatoria a cargo de la fiscala Patricia Sánchez. El legislador está imputado por producción y uso de documentos públicos con contenido falso por el caso de título falso presentado para acceder a cargos públicos.

Mientras que el caso de Rafael Filizzola, imputado por hechos de lesión de confianza a raíz de supuestas irregularidades en la compra de helicópteros, está en proceso de casación. Respecto al caso de Celeste Amarilla, el escrito indica que el Senado se excedió en sus atribuciones al rechazar el oficio que comunicaba la situación judicial de la parlamentaria y al no examinar el mérito sumario como lo indica el artículo 191 de la Constitución.

Por otra parte, requirió una medida cautelar de urgencia para suspender la reposición de fueros, ordenando la continuidad de los procesos que enfrentan los parlamentarios. “Lo que no está permitido o autorizado, le está prohibido. Si la autoridad pública ejerce un poder o una atribución no establecido legalmente, se otorga así misma una facultad extraordinaria, excede su competencia y viola, por ende, el principio de legalidad que la funda”, sostiene el documento.

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