El diputado Basilio Núñez pidió al titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, un manejo responsable de los datos arrimados a su oficina. Fue tras participar de la primera reunión de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, este lunes, a la que asistieron el ministro Arregui y José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP).

“La Seprelad es una unidad de inteligencia financiera y deberían tener más responsabilidad y no utilizarla como un garrote político”, afirmó el legislador en rueda de prensa, al ser consultado sobre lo tratado en la reunión reservada. Al ser requerido sobre la versión de Arregui ante los legisladores, el diputado aseguró que el ministro negó estar vinculado con las filtraciones de datos de manejo exclusivo de la Seprelad. “Él niega, pero los hechos nos dicen otra cosa”, sostuvo.

El parlamentario comentó que en esta ocasión se abordaron temas asociados al operativo A ultranza Py, que involucró a investigadores del FBI de casos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado en Paraguay. “Fue una reunión muy genérica de cómo funciona la institución. Estuvieron exponiendo para qué sirve Seprelad. Es más, yo pedí por qué no fue público, porque debería haber sido público”, expresó al adelantar que habrá otra convocatoria en los próximos días.

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Información sensible sobre narcotráfico

En su primera reunión ordinaria, esta Comisión Bicameral de Investigación presidida por el senador Jorge Querey recibió a las autoridades de la Seprelad y del BCP, en la presidencia del Senado. Como vicepresidente fue designado el diputado liberal Jorge Avalos Mariño; e integran diputados Hugo Ramírez y Basilio Núñez, así como los senadores Juan Afara y Enrique Salyn Buzarquis.

De acuerdo con información proveída por el congresista del Frente Guasu, en esta oportunidad se accedió a información sensible sobre casos vinculados al narcotráfico, el lavado de dinero, contrabando y corrupción pública. Aclaró que estos informes ya están concluidos y entregados al Ministerio Público. Las reuniones fueron fijadas para los martes, con un plazo de 60 días para expedir un documento conclusivo al respecto.

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