El Senado aceptó el veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que excluía a Petropar de la Ley de Contrataciones Públicas. La propuesta inicial pretendía excluir de la presentación de declaración jurada a proveedoras internacionales de la estatal para obtener mayores oferentes y mejorar los costos del combustible.
Pero en una modificación en la Cámara Alta se excluyó a la empresa estatal de los controles que puedan ejercer la Dirección de Contrataciones Públicas, por ese motivo el Poder Ejecutivo había objetado ese apartado. Con esta aprobación corre la versión para provisión de combustible que permitirá dar mayor oferta y mejores precios dentro del mercado.
Con esta modificación se hizo que empresas que vendan a Petropar lo hagan a través de intermediarios nacionales y compliquen las negociaciones, por lo que no le interesa ofertar con Paraguay por estos procedimientos que elevan los costos operativos. Al aceptar el veto se permite mayor oferta y mejores precios, se evita el intermediario y se amplía la lista de proveedoras.
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Esta normativa aprobada que deberá ser tratada por la Cámara de Diputados y luego promulgada por el Poder Ejecutivo, también permite que Petropar pueda dar a conocer el costo de combustible y por qué se establece ese precio; entonces deberá publicar mensualmente y remitir al Congreso Nacional el informe de toda la estructura. Así se dará transparencia en la estructura y se entenderá cómo se forma el precio del combustible que se paga en estaciones de servicios y cómo los precios internacionales afectan al costo final.
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Senado conforma Comisión Especial para investigar “mafia de los pagarés”
El presidente del Senado, Basilio Núñez, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio, creada para indagar los hechos vinculados a la red delictiva conocida como la “Mafia de los pagarés”. Durante la sesión de conformación, se eligió como presidente de la Comisión al senador Rafael Filizzola; como vicepresidente a Mario Varela; y como relatora a Blanca Ovelar.
La Comisión también está integrada por los senadores José Oviedo, Carlos Núñez, Ignacio Iramain, Édgar López, así como por las senadoras Lizarella Valiente y Esperanza Martínez. Tras la conformación, el senador Filizzola anunció que las reuniones se realizarán los lunes a las 12:00. Además, indicó que ya se han establecido algunas prioridades de trabajo, previamente discutidas en coordinación con diversas instituciones.
“Seguiremos recibiendo denuncias de las víctimas, las cuales serán derivadas a los organismos competentes, como el Ministerio Público y la Defensa Pública. Buscamos brindar respuestas concretas y resolver la mayor cantidad posible de casos”, afirmó el senador.
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También adelantó que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia un informe sobre las medidas adoptadas frente a esta problemática. “Sabemos que ya existen acciones vía Acordadas. Además, evaluaremos proyectos de ley para garantizar una mayor trazabilidad de los pagarés y evitar su uso indebido, así como iniciativas que busquen proteger a los jubilados de embargos, entre otras propuestas”, añadió.
Finalmente, Filizzola advirtió que el abordaje de la situación será complejo, dado que cada caso requiere un análisis individual. “No podemos intervenir directamente en los procesos judiciales, pero sí podemos coordinar con la Defensa Pública. La solución más efectiva y urgente es que el Poder Judicial tome medidas firmes ante los casos con irregularidades”, concluyó.
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Gobierno evalúa instalar mesa de diálogo para atender reclamos de cañicultores
El presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Cañicultores, quienes reclaman al Gobierno el cumplimiento de obras paralizadas, el reajuste de precios por tonelada y el inicio inmediato de la zafra. Del encuentro participaron Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú, y César Sosa, gobernador del Guairá.
“Esto es una problemática social, hay miles de familias que dependen directamente del cultivo de la caña de azúcar; las reivindicaciones son completamente válidas. Tenemos las esperanzas de que se llegue a una mesa de trabajo que finalmente termine levantando las medidas de fuerza que finalmente afectan los derechos de terceros“, dijo Soto en entrevista con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.
“Entiendo yo que se va a establecer una mesa de diálogo porque esto no será inmediato, algunas cosas se solucionarían rápidamente, mientras que otras tendrían un plazo más largo. Debemos valorar la predisposición que tuvo el vicepresidente en llamar al presidente de Petropar, Eddie Jara, para que atienda los reclamos del sector cañero”, indicó.
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Entre los principales reclamos está la culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.
Otra solicitud es el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. El último requerimiento guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.
“Se llegó hasta este punto por la falta de diálogo. Queremos llegar a una solución, que el sector cañero se pacifique, que los cañicultores estén en sus chacras trabajando y no en las calles. El presidente Santiago Peña y su gobierno ya han demostrado que quieren estar al lado del sector cañero”, remarcó Soto.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, señaló que lo que piden “es una estabilidad laboral y eso será el nuevo tren de molienda, al tener esto ya estaremos como pequeños productores muy agradecidos al gobierno. Esperamos una voluntad política, para sentarnos a dialogar y ver soluciones". Se aguarda que en el transcurso de la fecha los cañicultores mantengan un encuentro con el titular de Petropar.
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Mafia de los pagarés: instalan mesa directiva y eligen autoridades
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, instaló este miércoles la comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, causa que derivó en la imputación de aproximadamente 70 personas el 21 de marzo.
Durante la instalación de la comisión, sus integrantes designaron al senador Rafael Filizzola como presidente, a Mario Varela como vicepresidente y a Blanca Ovelar para el cargo de relatora.
“Fijamos que en los días lunes se realicen las reuniones semanales, vamos a seguir recibiendo denuncias de las víctimas para que las mismas lleguen a las instituciones correspondientes, Ministerio Público y Defensa Pública. El objetivo es justamente ir resolviendo la mayor cantidad de problemas”, expresó Filizzola a los medios de comunicación.
Detalló que para el lunes se prevé un encuentro con los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “La solución más rápida y razonable es que el propio Poder Judicial tome medidas. Los jueces tienen la facultad de anular procesos judiciales que sean fraudulentos, para nosotros lo urgente es evitar que se le siga descontando los salarios a estas personas. Esto es una cuestión de voluntad, la Corte debería liberar a algunos jueces para que se dediquen exclusivamente a esto”, remarcó.
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El parlamentario acotó: “Hay una serie de iniciativa legales que vamos a estudiar, sobre todo queremos tener una visión clara de como impacta esta situación que afecta principalmente a los funcionarios públicos, aunque también hay trabajadores del sector privado quienes se quedan sin sus salarios”.
El bloque también se encuentra integrado por Carlos Núñez, Juan Afara, Lizarella Valiente, Norma Aquino, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.
La comisión especial de la Cámara Alta, también prevé convocar a autoridades del Ministerio Público y el gremio de abogados.
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Mesa técnica del Senado debate sobre la brecha digital y acceso a internet como un DD.HH.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores llevó adelante una mesa técnica para analizar el proyecto de ley de “La brecha digital y el acceso a internet como un Derecho Humano”. A esta mesa de trabajo, que estuvo encabezada por el director de la comisión, Víctor Hugo Benítez, asistieron representantes de diversas instituciones del Estado.
Al término de la reunión, el funcionario de la Cámara Alta, explicó que este proyecto plantea el acceso universal al derecho de internet, que en la actualidad, la tecnología y el acceso a internet se han vuelto una necesidad imperante.
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Indicó que este proyecto de ley identifica una brecha importante en comunidades que están muy alejadas, que las hace quedar en una situación más vulnerable y postergada.
“Esta falta de conexión a internet hace que las personas tengan dificultades para acceder a otros derechos. Por eso, el proyecto de ley plantea el acceso universal a internet, y esto conlleva un análisis profundo por parte del Estado”, expresó.
Mencionó que este proyecto es bastante incisivo, porque obliga al Estado primero a pensar en la infraestructura que se necesita de la red para poder tener acceso a internet a nivel nacional.
“Es una deuda que actualmente tenemos como Estado, y que por sobre todas las cosas va ser muy importante para todo lo que sea programas educativos, mallas curriculares, acceso a salud, a información, así como a seguridad. Entre otros temas, los avances tecnológicos están exigiéndonos este estudio como Estado”, expresó.
Señaló que este es un proyecto que viene de una propuesta que igualmente se está analizando a nivel de Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y que las instituciones del Estado como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) han planteado sus informes técnicos, así como sus dificultades para la implementación.
“Sin duda, es un proyecto desafiante e importante que el Estado paraguayo cada vez más va tener que discutir y contar con una política, así como una normativa legal como la que se plantea ahora con el estudio de este proyecto”, precisó.